El Senado de la República votó el día de ayer la reforma al artículo 123 constitucional para establecer la reducción gradual de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas semanales, enviada por la presidenta de la República, saldando así una deuda histórica con las trabajadoras y trabajadores de México. Además, la reforma prevé como límite máximo semanal 12 horas extra, fijando una distribución de hasta 4 horas diarias; aumenta el pago extraordinario 200 por ciento; y prohíbe trabajar a las personas menores de 18 años tiempo extra.
A pesar de los consensos alcanzados entre el Ejecutivo, la clase trabajadora y los empresarios, de los foros regionales en todo el país y las 40 mesas de trabajo que realizó el Poder Legislativo, en las que participaron miles de personas expertas e interesadas, existen voces que insisten en no reconocer sus alcances y beneficios. Se niegan a conceder a las trabajadoras y trabajadores de México el resultado de su lucha, les escatiman legitimidad y hacen todo lo posible por amargarles el dulce sabor de su triunfo. La realidad es que ellas y ellos tienen el ánimo renovado y la confirmación de que sí es posible alcanzar la justicia social a través de su empleo.
La duración máxima de la jornada laboral no había sido modificada desde 1974, de ahí su urgencia y pertinencia, pues atiende diversas Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, y cumplimenta diversos Instrumentos Internacionales de los que México es Parte.
Una vez implementada posibilitará la progresividad de los derechos laborales bajo condiciones dignas, justas y humanas; equilibrará la actividad laboral con el descanso y mayor tiempo libre; y maximizará la productividad y mejorará la competitividad, pues no podemos perder de vista que en nuestro país se trabajan más horas que en la mayoría de los miembros de la OCDE, pero se produce menos.
La evidencia internacional revela que los países donde se trabaja más y se descansa poco son menos productivos, y ahí donde se trabajan jornadas extras con salarios injustos el desarrollo es precario y el bienestar inexistente.
La gradualidad es importante, porque ello asegurará su adecuada implementación y dará paso a una nueva cultura laboral, durante este tiempo el salario mínimo seguirá aumentando, las horas extras estarán bien pagadas y quienes producen los empleos podrán realizar los ajustes necesarios para cumplir con la nueva normatividad constitucional.
Esta reforma es la continuidad de la nueva política salarial y laboral implementada desde 2019, debe ser analizada como un conjunto de acciones, como la reforma en materia de justicia laboral, el aumento histórico del salario mínimo, la eliminación del outsourcing, la formalización de las y los trabajadores de plataformas digitales, la Ley Silla, el nuevo esquema de pensiones que revirtió las reformas de 1997 y 2007, entre otras, las cuales conforman una política de Estado legal y legítima.
Activista Social
@larapaola1