La expedición de la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aprobadas por el Congreso de la Unión, restituyen el carácter del agua como bien de la Nación y de derecho social, garantizando la equidad y la justicia hídrica, porque se asegura que la visión del agua deje de verse como una mercancía sujeta a la especulación y se reconoce como un bien estratégico de la nación.
Con la aprobación de las reformas se establece una protección legal sin precedentes para los hogares mexicanos, al garantizar el suministro de una cantidad mínima de agua para consumo personal y doméstico, aún con falta de pago, indispensable suficiente para la subsistencia y la salud de las personas, garantizando así en su totalidad el derecho humano al saneamiento y al agua consagrado en nuestra Constitución.
En este sentido, también resalta el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua: se reconoce y regulariza la operación de más de 70 mil comités y sistemas comunitarios, facilitando su interlocución institucional, la administración de infraestructura y su acceso a programas de apoyo, así como a condiciones preferenciales (por ejemplo, en tarifas eléctricas vinculadas a bombeo) conforme a la instrumentación administrativa correspondiente.
El nuevo marco jurídico refuerza la prestación integral del servicio público —captación o extracción, potabilización, conducción, distribución, drenaje y saneamiento— para evitar la fragmentación del ciclo del agua y consolidar reglas de coordinación entre Federación, entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias.
Un elemento central es el ordenamiento del régimen de concesiones de aguas nacionales: se limita la transmisión de títulos entre particulares y se sustituye por un mecanismo de reasignación administrado por la Autoridad del Agua. A la par, se prevén procedimientos para preservar el aprovechamiento cuando exista cambio de propietario de predios vinculados al título (herencia, compraventa de predios y reestructuración corporativa), mediante la emisión e inscripción de nuevos títulos. Asimismo, se crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, para integrar volúmenes recuperados y reasignarlos conforme a prioridades de política hídrica.
Cabe recordar que, como bien lo señaló la presidenta de la República, este es un ordenamiento de las concesiones, con lo cual:
- La Federación mantiene la rectoría en la regulación y administración de las aguas nacionales, en coordinación con los demás órdenes de gobierno en sus ámbitos de competencia.
- No será posible transmitir títulos de concesión entre particulares; la reasignación se realizará a través de la Comisión Nacional del Agua, conforme a los procedimientos establecidos.
- Se prohíbe el cambio de uso del agua autorizado en el título de concesión.
- Se crea el Registro Nacional del Agua, en sustitución del Registro Público de Derechos de Agua.
La nueva Ley es equilibrada y justa, aborda tópicos de gran relevancia como las herencias y la compraventa de tierras, así como de la eficiencia del uso del agua, toda vez que el binomio tierra-agua está garantizado; se mantienen los derechos de agua para heredar y vender propiedades; todas las personas que hoy tienen una concesión tienen salvaguardados sus derechos; se promueve la tecnificación del agua en el riego; se fortalecen los mecanismos para la medir el uso de agua; y se establecerá la regulación correspondiente a la captación pluvial cuando afecte el ciclo del agua.
La implementación será clave: la legislación prevé un periodo para que las entidades federativas armonicen sus marcos normativos, lo que permitirá aterrizar reglas operativas y brindar certeza jurídica tanto a los usuarios como a los sectores productivos.
Como lo reiteró la presidenta de la República, la nueva Ley no afecta la propiedad privada; "es benéfica para todas y todos", ya que reordena la administración del agua para transitar de un modelo de libre mercado a uno de regulación estratégica, transparente y con certeza jurídica para los sectores productivos, con lo que se asegura la equidad y la justicia hídrica para terminar con la incertidumbre sobre la tenencia del agua, para brindar estabilidad a largo plazo para las inversiones productivas.
Activista social
@larapaola1