México no tiene por qué ser la excepción

Paola Félix Díaz

El gobierno y las autoridades no necesitan de una consulta popular para emprender acciones legales; no obstante, la legitimidad es tan importante como la legalidad

A las mexicanas y mexicanos: La Consulta Ciudadana que se llevará a cabo el próximo 1° de agosto para enjuiciar a los expresidentes de la República, reviste gran relevancia para la vida democrática de México. Será la primera Consulta institucional en la historia, validada por los tres poderes del Estado y llevada a cabo a través de la autoridad electoral. Hoy, la participación ciudadana no puede seguir siendo entendida como el ejercicio del sufragio o a través de los obsoletos mecanismos de representación, sino como un derecho del pueblo a incidir de manera directa y determinante en los asuntos que impactan al sistema político, jurídico y democrático.

Difiero de quienes la desestiman apuntando que es ocioso preguntar si ya se sabe la respuesta y de quienes aseguran que la Ley no se consulta. No concuerdo porque esta lógica podría aplicarse a todas las Consultas futuras en perjuicio de los derechos ciudadanos.

Los nuevos tiempos exigen repensar la política si queremos transformar de fondo la realidad. Tenemos que erradicar la perniciosa idea de que los expresidentes y presidentes de la República son intocables, debido a esa vieja regla no escrita en donde cada sexenio se enterraban las evidencias del predecesor y callaban sus delitos en un intrincado tejido de complicidades.

El pueblo ha querido desde hace años enviar a la cárcel a los gobernantes corruptos; sin embargo, sólo ha sido un deseo íntimo y no un mandato validado por la norma jurídica y con carácter vinculante como lo es ahora. Enjuiciarlos no será cosa sencilla, las leyes se hicieron a modo y la corrupción del Estado rebasó cualquier límite imaginable, pero no es imposible.

Que la voluntad de al menos 37 millones de ciudadanos lleve a juicio a Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no es un hecho que deba ser minimizado. El actual gobierno y las autoridades competentes no necesitan de una consulta popular para emprender acciones legales; no obstante, la legitimidad es tan importante como la legalidad y no debe ser desdeñada.

Se equivocan quienes piensan que la Consulta genera divisionismos y enconos; por el contrario, quienes los generan son los que se resisten a la consolidación de un nuevo régimen, empeñándose en defender lo indefendible.

La congruencia de esta Consulta tiene su mejor referente en la Revocación de Mandato a la que el presidente de la República se ha expuesto, lo que apuntala la idea de abrir las puertas de par en par al poder del pueblo.

Es absurdo utilizar como argumento contra la Consulta el hecho de que costará 528 millones de pesos, debido a que son parte de los 10 mil millones del presupuesto que ya tiene el INE. Les parece mucho dinero a quienes les ha parecido poco el presupuesto del órgano electoral y el dinero público que se les da a los partidos políticos. Les escandaliza el costo de la Consulta pero no el monto de la estafa maestra y de los fraudes millonarios cometidos al amparo del poder público.

México no tiene por qué ser la excepción: en Brasil, Perú, Colombia, Paraguay, Panamá y El Salvador, ya han sido investigados y enjuiciados los expresidentes Luiz Inácio da Silva “Lula”, Dilma Rousseff, Michel Temer, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García (quien se suicidó antes de ser detenido), Juan Manuel Santos, Horacio Cartes, Ricardo Martinelli y Mauricio Funes.

Las mexicanas y mexicanos tenemos derecho a decidir y los expresidentes están obligados a responder por sus acciones.
 

Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX; activista social y exdiputada federal.

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