Finanzas con rostro social

Paola Félix Díaz

A las mexicanas y mexicanos: Una de las leyes que forman parte del andamiaje jurídico mexicano, y de la que, excepto los especialistas en la materia, generalmente conocemos muy poco, es la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual fue expedida en 2016 y cuyo objeto es establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas, estipulado que se deberán administrar sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Principios que como todos sabemos, desafortunadamente estuvieron ausentes durante varios años. De ahí que hoy, la Cámara de Diputados aprobó diversas modificaciones a dicho ordenamiento, a efecto de imprimir dinamismo a los esquemas administrativos de las entidades federativas y a los municipios, atender de forma eficiente y oportuna la actual emergencia sanitaria derivada del Covid 19, así como apoyar la reactivación económica nacional.

Las modificaciones realizadas cobran particular relevancia hoy en día, ya que es fundamental transitar hacia un renovado federalismo que convoque a la unidad nacional y que tenga en su centro de atención a las y los mexicanos, para lograr impulsar bajo ese común denominador un nuevo pacto fiscal que deje atrás las filiaciones partidistas con el fin de asumir cabalmente las atribuciones establecidas en la Constitución y fortalecer el federalismo mexicano.

Impulsar el desarrollo sostenible, la generación de empleo y el bienestar mediante proyectos de infraestructura sustantivos y, propiciar que las entidades federativas brinden mayor atención a la población sin que tengan que recurrir a más endeudamiento, necesariamente exige sanear las finanzas públicas, mejorar los controles en el uso de los recursos públicos y flexibilizar el destino de los mismos para enfrentar los problemas de cada región, atendiendo sus contextos específicos, pues no podemos olvidar que estamos frente a la peor crisis sanitaria y económica de los últimos cien años.

Ahora las entidades federativas y municipios podrán destinar los recursos reservados para desastres naturales a la atención de las contingencias sanitarias, y erogar recursos para la contratación de personal para salud, seguridad pública, o generar programas temporales de empleo, por encima de los montos presupuestados; se reducen, también, los requisitos contables a los municipios que cuenten con menos de 200 mil habitantes, para la inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público Único; se fortalece el acceso de los municipios al financiamiento mediante Esquemas Globales, con la finalidad de combatir las muchas desigualdades locales; de igual manera, se podrán considerar adicionalmente al Techo de Financiamiento Neto establecido en la ley, los créditos destinados a proyectos de infraestructura innovadores que generen ingresos adicionales sostenibles para las haciendas públicas locales. Además, se exceptúan del proceso competitivo o de licitación para su contratación los proyectos de inversión que cuenten con asistencia técnica de organismos internacionales, así como los financiamientos que se celebren bajo programas federales o en los que los estados y municipios suscriban convenios con el Ejecutivo Federal.

Agilizar los esquemas administrativos significa eliminar el engorroso burocratismo que impedía hacer un mejor uso de los recursos públicos y encauzarlos hacia la atención de las necesidades de la población en cada entidad y municipio, lo cual estará sujeto a reglas claras y transparentes para no caer en la tentación de confundir la flexibilidad financiera con discrecionalidad financiera, manteniendo así la responsabilidad en cada orden de gobierno, respetando su libertad y soberanía, al tiempo que se posibilita efectivamente a los estados y municipios para liberar una mayor cantidad de recursos en el corto plazo, con el objetivo de atender la contingencia sanitaria y económica.

Las reformas aprobadas por las y los legisladores, constituyen un camino idóneo para crear una alianza que impulse el desarrollo nacional, regional, estatal y municipal, ya que contrario a lo que algunas voces se empeñan en repetir, los instrumentos que se pretenden establecer en la ley, dan cuenta de la coordinación respetuosa y democrática que debe observarse entre los tres órdenes de gobierno, en donde a mi juicio, se sientan las bases para un federalismo acorde a la realidad actual que dé paso a un nuevo pacto social.

Estoy segura de que las reformas serán el parteaguas que permitirá alejarse del centralismo y de los abusos que tanto dañaron las finanzas públicas. La disciplina financiera no podrá nunca más traducirse en chantajes, ni ser utilizada para dimitir a las responsabilidades municipales y estatales, como tampoco para actuar con autoritarismo desde el poder federal.

Ya no habrá pretextos para quienes buscan un federalismo a modo que aliente el encono y la división. Si se eficientiza al Estado y se perfecciona el régimen administrativo y financiero, las y los mexicanos seremos los grandes ganadores, toda vez que la flexibilidad fiscal y la justicia distributiva posibilitarán que los recursos públicos se destinen a la atención de las necesidades más urgentes y prioritarias de los municipios y estados del país.

Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX; activista social y exdiputada federal.

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