La discusión pública revela algo más profundo que la existencia de un problema en sí mismo, exhibe la relación que el poder público tiene con la verdad. La crisis de desapariciones en México da cuenta de esa relación y del compromiso del Estado.
Durante décadas, se optó por administrar la tragedia antes que enfrentarla, reconocer las desapariciones implicaba aceptar el fracaso de un modelo de seguridad y de procuración de justicia, y, sobre todo, asumir el fracaso de un Estado fallido.
Entre 1951 y 1990 la desaparición forzada fue una política de Estado, pero, de manera subrepticia y selectiva en complicidad con grupos delincuenciales durante los años de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” dejó de serlo. Se trató de una estrategia con sesgo político empleada para legitimar a un gobierno ilegítimo y solapar la colusión de altas autoridades de ese gobierno con el narcotráfico.
Se ocultaron las desapariciones, se institucionalizó una mentira a base de cifras maquilladas, registros fragmentados y delitos reclasificados. Se construyó una narrativa y una verdad histórica sexenal para transmitir a la opinión pública una idea de control, mientras a lo largo y ancho del territorio nacional se acumulaban ausencias. Ausencias que se negaron a ser olvidadas y que paulatinamente se fueron visibilizando. El desdén y la omisión gubernamental las hizo cada día más presentes.
Por ello, el punto de quiebre inició con el primer gobierno de la Cuarta Transformación; la llegada de Andrés Manuel López Obrador no puede entenderse únicamente como un cambio de administración, sino como un cambio de paradigma donde por primera vez el Estado asumió que su responsabilidad no era administrar la percepción, sino reconocer la realidad.
El reconocimiento de la realidad tuvo consecuencias inevitables: las cifras aumentaron. No porque las desapariciones comenzaran en ese momento o porque las cifras crecieran, sino porque por primera vez se integraron registros y se eliminaron categorías ambiguas y las mediciones se hicieron de manera diferente. Se abrió el sistema a revisión y escrutinio público, y se transformó la cultura del ocultamiento.
Se nombró la verdad con todas sus letras, aunque incomodó a muchos, su enunciación propició el orden y permitió avanzar varios pasos hacia la justicia y la verdad.
Los casos de desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales prácticamente han desaparecido desde 2018, salvo los casos que se han documentado y atendido.
Desde hace ocho años el Gobierno Federal no reprime ni desaparece. Al contrario, combate la desaparición con una nueva política pública integral que busca erradicar esta grave vulneración a los derechos humanos.
Durante el periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se crearon comisiones de búsqueda en las entidades federativas; se construyó el Centro Nacional de Identificación Humana; se incrementó de manera muy significativa el presupuesto destinado a la búsqueda de personas no localizadas; se transparentó por primera vez la información sobre personas no localizadas y se pusieron en marcha protocolos homologados de búsqueda.
En el gobierno encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, se mantiene esa misma lógica y sistematización. Existe plena comprensión de la problemática desde una visión técnica, científica, jurídica y ética.
La presidenta de la República ha impulsado distintas acciones innovadoras e integrales centradas en la búsqueda efectiva, con el compromiso en la atención a las víctimas. Entre ellas destacan la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, para crear la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas no localizadas, la Plataforma Única de Identidad y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de personas. Se ha fortalecido el Banco Nacional de Datos Forenses. Además, recientemente se presentó la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El eje de la estrategia no es repartir culpas ni señalar a quienes todas y todos sabemos son los verdaderos responsables, sino de fortalecer las capacidades del Estado para la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, privilegiando la coordinación institucional y anteponiendo siempre el principio de que sin verdad no hay justicia posible. Principio que distingue el presente del pasado.
Antes, la prioridad era que las cifras no crecieran, aunque fuera a costa de la mentira, la injusticia y el dolor de las familias. Ahora la prioridad es saber cuántos son, quiénes son, dónde están y qué pasó, a fin de poder actuar en consecuencia.
Una diferencia que redefine al Estado, porque hoy queda claro que administrar no es gobernar.
La crisis es profunda, más de 130 mil personas desaparecidas a lo largo del tiempo dan cuenta de ello. No hay espacio para triunfalismos y simplificaciones, pero tampoco para la desmemoria.
Sería una injusticia histórica colocar en el mismo plano a quienes fueron parte del problema y lo ocultaron y a quienes decidieron visibilizarlo y enfrentarlo. Unos administraron el silencio y otros abrieron la puerta a la verdad, no son iguales.
La transformación no radica en haber cerrado la herida, sino en dejar de negarla. Cuando un Estado nombra a sus ausentes, no los abandona. Cuando los busca se encuentra a sí mismo en la grandeza de su gente.
La verdad no es un riesgo, sino el punto de partida para hacer justicia. No es una promesa vacía, es un compromiso, una responsabilidad ineludible y una obligación moral.
P.D. Si el informe omite datos, no incluye acciones, prejuzga y concluye alejándose de criterios técnicos y métodos verificables, entonces, es todo menos un informe. No se puede aceptar lo inaceptable.
Activista Social
@larapaola1
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