Este 5 de febrero celebramos el 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917 por Venustiano Carranza en Querétaro. Nuestra Carta Magna es la herencia viva de la Revolución Mexicana, que recoge en sus entrañas las Guerras de Independencia y Reforma, confirmándonos como una nación libre, soberana y democrática; organizada por un Estado laico, constitucional y de derecho, caracterizado por su capacidad de autodeterminarse y autogobernarse sin la intervención de ningún otro poder interno o externo.
El sistema político postrevolucionario, si bien tuvo grandes aciertos, también con el paso del tiempo evidenció graves deficiencias que abrieron de par en par la puerta al neoliberalismo que pretendió poner punto final a la continuidad institucional, a la paz pública, a las conquistas laborales, al fortalecimiento de la economía popular y a la salvaguarda de los recursos nacionales. En consecuencia, el sistema se deterioró y terminó por agotarse, principalmente por dos aspectos: el alejamiento absoluto del principio de justicia social y la monarquía sexenal absoluta.
Con la llegada de la Cuarta Transformación surgió un renovado constitucionalismo para la edificación de un nuevo régimen político, que retomó los máximos principios que dieron vida a la Ley Fundamental en 1917, devolviéndole el poder soberano al pueblo a través de una reingeniería de gran calado, llevado a cabo por el Constituyente Permanente en coordinación con el Poder Ejecutivo Federal, a fin de elevar a estatus constitucional la voluntad soberana de las mexicanas y mexicanos, garantizando sus derechos sociales, económicos, civiles y políticos, el Estado de bienestar, la recuperación del poder adquisitivo, y la rectoría del Estado sobre los recursos nacionales y áreas estratégicas.
Se saldó la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, reconociéndoles como sujetos de derecho público; se estipularon apoyos económicos para las y los jóvenes; se recuperó y fortalece al sector ferroviario, a Pemex y a la CFE. Se reformó al Poder Judicial y ahora se elige por voto popular a sus integrantes.
Se elevaron a rango constitucional las pensiones para adultos mayores a partir de 65 años y para las personas con discapacidad, así como las becas para estudiantes y el programa Sembrando Vida; se dignificó y reconoció al magisterio, y se fortaleció a la Guardia Nacional.
Nació un nuevo orden constitucional bajo principios legitimados por el pueblo, la Austeridad Republicana, el Humanismo Mexicano y la Prosperidad Compartida, con el objetivo común de hacer de la justicia social una realidad.
El neoconstitucionalismo privilegia la dignidad, los derechos humanos y el bienestar, cumpliendo con una doble tarea: refundar al Estado y cumplir cabalmente con las obligaciones internacionales contraídas a través de diversos Instrumentos.
En los próximos días, seguramente el nuevo orden constitucional dará vida a un esquema laboral inédito en nuestro país donde la jornada de trabajo se reducirá a 40 horas semanales, en beneficio de la calidad de vida de las personas trabajadoras y sus familias, refrendando una vez más que el pueblo de México decide, manda y transforma.