En México y el resto del mundo, las fiestas de fin de año se han convertido en sinónimo de consumo desbordado: cenas abundantes, luces que no se apagan, envolturas que duran minutos y regalos que terminan en la basura. Este patrón no es una anécdota familiar; es una tendencia de consumo masivo con impactos ambientales medibles. De acuerdo con el Banco Mundial, la generación de residuos sólidos urbanos en América Latina crecerá más de 25% hacia 2050 si no se modifican los patrones actuales de producción y consumo.
En este contexto, el Congreso de la Unión aprobó recientemente la Ley General de Economía Circular, un marco que pretende redefinir cómo producimos, consumimos y gestionamos los residuos en el país, alineándose —al menos en el discurso— con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y el PNUMA. La ley fue avalada de manera unánime este diciembre, y busca transformar el modelo lineal de extracción–uso–desecho hacia uno circular, con énfasis en el reuso, la reparación, el reciclaje y la recuperación de materiales.
La legislación incorpora instrumentos relevantes, como la responsabilidad extendida del productor, para que fabricantes e importadores asuman parte del impacto ambiental de sus productos durante todo su ciclo de vida, así como la creación de un Registro y Programa Nacional de Economía Circular para coordinar acciones entre federación, estados, municipios y sector privado. En teoría, se trata de un cambio estructural largamente esperado.
Sin embargo, la crítica no tardó en llegar. Diversas organizaciones ambientales reprobaron la nueva ley por considerarla insuficiente para evitar la generación de residuos desde la fuente. Argumenta que la normativa pone mayor énfasis en la valorización y gestión de los desechos ya creados que en la reducción del consumo y del volumen de residuos, lo que —advierten— podría traducirse en una “licencia para contaminar” bajo una narrativa de economía circular.
El contexto importa, y mucho. México genera más de 100 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, según datos del INEGI y la SEMARNAT, pero recicla menos del 10% de ese volumen. En comparación, países de la OCDE alcanzan tasas de reciclaje superiores al 30%, mientras que la Unión Europea ha fijado metas obligatorias de recuperación de materiales que superan el 55%. En México, la mayor parte de los residuos termina en rellenos sanitarios con deficiencias técnicas o en tiraderos a cielo abierto.
Durante las fiestas de fin de año, la presión se intensifica. De acuerdo con autoridades locales y reportes de expertos, la generación de basura en ciudades como la Ciudad de México puede incrementarse entre 20% y 25% en diciembre, impulsada por envolturas, plásticos de un solo uso y desperdicio de alimentos. Este fenómeno no es exclusivo del país: el PNUMA ha documentado picos similares de residuos en temporadas festivas en América Latina, asociados al consumo alimentario y al uso de empaques no reciclables.
El desperdicio de alimentos es particularmente crítico. Según estimaciones del PNUMA y la FAO, México desperdicia entre 13 y más de 20 millones de toneladas de alimentos al año, dependiendo de la metodología utilizada. En América Latina, el desperdicio per cápita supera los 220 kilogramos anuales, una cifra alarmante en una región donde más de 40 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria. En diciembre, la lógica del “que no falte” amplifica este problema socioambiental.
Entonces, ¿qué significa todo esto para las celebraciones que están por empezar?
Primero, que celebrar de manera sustentable no es una cuestión de voluntad individual aislada, sino de acciones concretas alineadas con un marco legal que, en teoría, busca cambiar las reglas del juego. La Ley General de Economía Circular promueve principios que, bien implementados, podrían transformar lo que hoy llamamos “basura” en flujos de materiales aprovechables, reduciendo la presión sobre ecosistemas, servicios urbanos y finanzas municipales.
Pero hay una advertencia clara. Si la ley se queda en un discurso de gestión de residuos sin mecanismos obligatorios de prevención, reducción y rediseño de productos, podría convertirse en un caso de greenwashing legislativo, como han advertido organizaciones de la sociedad civil y plataformas como Alianza por la Salud Alimentaria. Es decir, aparentar sostenibilidad sin modificar las causas estructurales del problema.
Esto es especialmente relevante en diciembre. Los patrones de consumo que se repiten cada año —más luces, más bienes, más desperdicio de alimentos— no solo elevan las emisiones asociadas al consumo energético, sino que ponen al límite a los sistemas municipales de recolección y disposición final, muchos de los cuales ya enfrentan déficits financieros y operativos.
¿Qué podemos hacer entonces mientras se define la implementación real de la ley?
- Repensar el consumo festivo: menos envolturas y productos desechables, más experiencias, bienes durables y regalos locales. Según la OCDE, la reducción en la fuente es la medida más costo-efectiva en política de residuos.
- Planear el menú conscientemente: gran parte de los residuos de estas fechas proviene de alimentos no consumidos. Reducir el desperdicio es una de las formas más inmediatas de disminuir la huella ambiental y el gasto familiar.
- Separación desde casa: aunque la infraestructura municipal sea imperfecta, separar orgánicos, reciclables y residuos problemáticos mejora la calidad de los materiales disponibles para reuso y reciclaje.
- Exigir transparencia y participación: la economía circular no funcionará sin vigilancia ciudadana, metas claras y rendición de cuentas a nivel local y nacional.
- En lugar de pensar la economía circular como un eslogan para discursos legislativos de fin de año, debemos exigir que se traduzca en menor generación de residuos, no solo durante las fiestas de fin de año, sino durante todo el año; residuos que nunca debieron existir. Las fiestas de fin de año pueden ser un laboratorio social para probar si realmente estamos dispuestos a cambiar —o si seguiremos celebrando a costa del planeta que todos compartimos.
Dr. Pablo Necoechea
@pablonecoechea pablonecoechea@gmail.com https://www.linkedin.com/in/pablodavidnecoechea/
Pablo Necoechea es experto en innovación, ESG y sostenibilidad empresarial. Es Licenciado y Maestro en Desarrollo Económico por la UPAEP, Maestro en Innovación y Competitividad por Deusto Business School,
Maestro en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Economía y Gestión de la Innovación por el programa interuniversitario de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido investigador en temas de energía y sustentabilidad en el European Centre for Energy and Resource Security (EUCERS) del King's College London, consultor senior en firmas especializadas, y funcionario público en proyectos de innovación y desarrollo sostenible. En el sector privado, ha sido profesor en programas de maestría en la Universidad Anáhuac Norte, Tec de Monterrey y EGADE Business School, y ha ocupado cargos como Director ESG y de Sostenibilidad en Grupo Televisa, así como Director de Sostenibilidad y Cambio Climático en el Tec de Monterrey. Actualmente, es Director Regional de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey para la Ciudad de México y la Región Centro Sur.