El pasado día 5, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025 (https://bit.ly/4oKydDl) al que subtitula “Movilización de recursos para el financiamiento del desarrollo”. Se trata de publicaciones anuales en las que el organismo presenta habitualmente un informe macroeconómico regional y perspectivas para el año en curso y el siguiente, acompañado de temas especiales.
En esta ocasión, se reitera la propuesta de que “la región necesita una política fiscal transformadora que amplíe el espacio fiscal, priorice la inversión pública y fortalezca la institucionalidad.” Se destaca que la inversión pública ha sido la variable de ajuste en los procesos de consolidación fiscal posteriores a las políticas expansivas generadas a partir del Covid-19. En el caso de México, se dio hasta 2025, ya que por motivos electorales se le endosó a la administración entrante el costo político.
Se hacen algunas advertencias generales que no habría que pasar por alto. Por ejemplo, que la tendencia al envejecimiento de la población ocasionará un incremento significativo en la demanda de protección social, salud y servicios de cuidados -que recaen principalmente en las mujeres-, y que los Estados no cuentan con recursos para atenderla. Este cambio demográfico también impactará en el creciente gasto en pensiones y en “una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas, cuyo tratamiento implica costos más elevados y, por ende, mayores necesidades de financiamiento. Respecto al gasto público en pensiones y salud del gobierno general e índice de envejecimiento, alrededor de 2019, México se ubica en un lugar bajo.
Más allá de que algunos planteamientos de Cepal sean discutibles como que la inversión privada debe de complementar la pública, fiel a su tradición estructuralista, se hace un diagnóstico y un comparativo entre los países de la región en el que México queda bastante mal parado.
En lo que respecta a los ingresos tributarios del gobierno general en 2023, México se ubica en la parte baja de la tabla con un nivel cercano a 18% del PIB, a pesar de que mejoró de manera importante respecto a 2013. Muy lejos de Brasil que es el único país de la región que superó 30%. Cepal estima que, en 2024 hubo una renuncia recaudatoria en México de 4.2%, similar al de la región explicado por la presencia de tratamientos tributarios preferenciales.
Se advierte que se está generando una tendencia a un déficit fiscal creciente, que está elevando la deuda como porcentaje del PIB, por lo que el mayor pago de interés ha frenado los objetivos de desarrollo y limitado el gasto en servicios esenciales. En el caso de México, esto ha sido más que evidente en 2025, reflejado en el retraso de pago a proveedores no sólo de Pemex, sino en diferentes ámbitos; así como al personal en el sector salud, educativo, cultura, etc., en la falta de mantenimiento en carreteras, calles, transporte público, entre otros aspectos. Incluso, en funciones como la salud ha habido subejercicio. En los medios también hay quejas crecientes de que la pensión no contributiva a personas mayores no ha sido entregada. Otras denuncias como el retraso en el pago al personal de los consulados en Estados Unidos, han tratado de ser acalladas, en medio de una agresiva persecución contra nuestros connacionales.
Cepal propone seis estrategias fiscales para fortalecer la movilización de recursos internos:
a) Fortalecer la recaudación tributaria con énfasis en la progresividad. “… consiste en fortalecer la imposición directa, en particular mediante el refuerzo del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la introducción o consolidación de tributos sobre la propiedad y la riqueza. Oxfam México ha propuesto esto último.
b) Consolidar otras fuentes complementarias de recursos tributarios. Se propone: transferencias compensatorias a los hogares de bajos ingresos en caso de IVA generalizado; incorporar los servicios digitales a la base del IVA; la aplicación de impuestos ambientales y correctivos; fortalecimiento de los regímenes fiscales aplicables a la actividad extractiva de recursos naturales no renovables; entre otras medidas.
c) Reducir la evasión y facilitar el cumplimiento tributario. Implica realizar, en primera instancia, una evaluación integral de la magnitud de la evasión fiscal; fortalecer los mecanismos de control y detección de anomalías mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); entre otros. En México ya se han implementado, y es el argumento para negarse a una reforma fiscal que podría acarrear costos políticos.
d) Avanzar en la evaluación y racionalización de los gastos tributarios. Se precisa que resultan preferibles los incentivos vinculados a la magnitud de la inversión realizada y que contribuyen a reducir el costo del capital, tales como las deducciones, los créditos tributarios y los mecanismos de depreciación acelerada. Algunos aspectos han sido considerados en el Plan México, pero también implica menores recursos para el erario.
e) Mejorar el alcance y la eficiencia del gasto público e impulsar la inversión pública.
f) Robustecer la institucionalidad fiscal con una perspectiva de mediano y largo plazo. “… resulta clave fortalecer el papel de los consejos fiscales independientes para monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de las reglas fiscales, así como para evaluar el costo fiscal de las medidas de mitigación.” Esto va a contracorriente de lo que ha venido sucediendo.
Cepal considera que, en cuanto a los ingresos públicos, es crucial alcanzar acuerdos que permitan reformas tributarias orientadas a aumentar la recaudación y mejorar la progresividad. En el caso de México, con abrumadora mayoría, las leyes de ingresos se han aprobado sin buscar consensos.
“En el ámbito del gasto público, resulta prioritario mejorar su eficiencia, cobertura y calidad, especialmente en sectores clave como salud, educación, vivienda, pensiones, servicios de cuidado y sostenibilidad ambiental.” Esto sólo sería posible con una reforma fiscal. Aunque la 4T cuenta con mayoría en el Congreso, no quiere comprometer su capital político para impulsarla.
Paradoja de la historia contemporánea: cuando los gobiernos quisieron impulsar una reforma hacendaria, no pudieron por no contar con mayoría en el Congreso; y ahora que pueden, no quieren.
Adenda
1. Mañana se anuncia la inflación de la primera quincena de agosto. ¿Tuvo esto algo que ver con la reprogramación del Informe Trimestral? No recuerdo que haya sucedido antes.
2. El PIB preliminar del segundo trimestre nos permitirá ver el detalle de sectores y ramas. Al pendiente con la revisión de las series.
Catedrático de la EST-IPN y de la Universidad de la Libertad
