Reforma de pensiones, contrapropuesta empresarial

Pablo Álvarez Icaza Longoria

Cuando se discute sobre las pensiones, básicamente se hace desde tres enfoques contrapuestos: desde el punto de vista de las/os trabajadores, el interés se centra en tener una jubilación digna, cuando llegue el momento del retiro; el de las finanzas públicas, si ese pasivo contingente es financiable, y sobre todo que haya recursos con qué pagarlas, y; el de los empresarios, sobre el monto de las aportaciones que tendrán que hacer para cumplir con esa obligación.

En el equipo de transición de la 4T se criticaba el esquema actual que se inspiró en el modelo chileno, el cual ha mostrado que las pensiones resultan insuficientes para las personas que se han visto obligadas al retiro. Es decir, las empresas jubilan a las personas, quienes ven con preocupación que no podrán sobrevivir con montos tan bajos. Algunos, incluso llegaron a manejar la idea de regresar al esquema de beneficio definido previo a 1997.

El gasto público en pensiones y jubilaciones ha aumentado considerablemente e implicará una fuerte presión fiscal a futuro. En los Criterios Generales de Política Económica 2020 (CGPE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimaba que representarían 3.7% del PIB en 2019 y se proyectaba que subiría a 4.5% en 2025. No resulta extraño si consideramos que ha crecido en forma sostenida en los últimos años.

En 2019, el alza fue de 6.8% real, aunque en los Precriterios estimaban una de 6.2% para 2020 por la recesión esperada. En los supuestos de finanzas públicas de mediano plazo (2021-2024), se hizo un cálculo actuarial de aumento de 7.0% cada año.

Los activos administrados por las Afore representan cerca de 16% del PIB y es la segunda fuente de financiamiento más importante después de la banca comercial. La SHCP reconocía que las Afore eran auténticos fondos de pensiones que buscaban un buen rendimiento; pero, para mejorarlos, el 23 de enero de 2019 “…se presentó una iniciativa al H. Congreso de la Unión para dar mayor flexibilidad a las Afore para ampliar las opciones de inversión y poder adquirir ciertos activos que están restringidos por el régimen de inversión que establece la Ley” (CGPE 2020).

En un estudio publicado en 2016, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconocía que el antiguo sistema proporcionaba un monto de ahorro bastante mayor. Con preocupación se estimaba una tasa de reemplazo de 26% de las cuentas individuales, que es el porcentaje que representa la pensión respecto del último salario recibido por el trabajador antes del retiro. Sin embargo, volver al pasado no era viable por el impacto presupuestal que ello implicaría (financieramente insostenible) y porque desaparecer ese esquema de financiamiento resultaría contraproducente.

Ante esa perspectiva, desde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se negoció una reforma que se estuvo trabajando sigilosamente con las autoridades. Cabe comentar que la iniciativa, que es distinta a la de 2019, como tal no ha sido presentada, puesto que lo único que se ha divulgado es una presentación elaborada por la SHCP que se expuso durante la conferencia mañanera del 22 de julio y más tarde en su comunicado 061. Básicamente, el impacto recae en la parte patronal. “En el caso del patrón la aportación puede ir desde 5.151% para trabajadores con un ingreso de 1.0 SM, hasta 13.875% para trabajadores con ingreso de 25 UMA. Para el caso del gobierno, la cuota social propuesta va de 8.724% para trabajadores con un ingreso de 1 SM, a 1.798% para los de 4 UMA.” Adicionalmente, el impacto será en un periodo de ocho años a partir de 2022.

La iniciativa propone reducir de mil 250 a 750 semanas el requisito para obtener una pensión garantizada, y posteriormente se elevará gradualmente, en un periodo de 10 años, a mil semanas. Esto tiene su parte favorable, porque es común en el mercado laboral que, por maternidad muchas mujeres hayan dejado el mercado laboral y no tengan el derecho a una jubilación, lo mismo para las personas que han alternado su historial en el sector informal y, al recibir su pago por honorarios, no tengan registrado ese periodo en su antigüedad. La parte desfavorable es que los montos son bajos y no garantizan una vejez digna.

Así, el tercer aspecto destacado fue que se incrementa el valor de la pensión de un promedio actual de 3 mil 289 pesos (80% de un salario mínimo) a un valor promedio de 4 mil 345 pesos, que se otorgará en función de la edad, las semanas cotizadas y el salario base de cotización. Fuera del esquema del IMSS, las personas mayores a 67 años podrán recibir los 2 mil 600 pesos bimestrales adicionales que se les otorga.

El saldo de la reforma es favorable y podría subir la tasa de reemplazo a 40%. En general, fue bien recibida por analistas y calificadoras, aunque el costo es asumido por los empresarios sin un impacto significativo para el gobierno. La mayor parte de los beneficios para los trabajadores serán a mediano o largo plazo. Sin embargo, no resuelve el tema del costo creciente de las pensiones y jubilaciones para las finanzas públicas, de esta larga etapa de transición en la que todavía quedan pendientes las obligaciones con quienes se retiraron con el esquema anterior al 97.

Pero no se ha resuelto el problema de la gran mayoría de personas que no tienen ningún esquema de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etc.) y que van a depender del sostenimiento en la última etapa de sus familias o de las redes sociales de apoyo que tengan.

Sin embargo, el temor más fuerte que se tiene con esta o futuras reformas por venir, es que se obligue a invertir parte de los fondos de las pensiones en proyectos de infraestructura pública que no tengan la rentabilidad esperada, o que por decisiones políticas se afecte a las Afore y se comprometa este ahorro forzoso de los trabajadores. En un pasado reciente, algunas sociedades de inversión habían invertidos en bonos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, y la decisión del actual gobierno de cancelarlo afectó el rendimiento de esos portafolios.

Adenda

Urge resolver el problema de la falta de ingresos de los 12 millones de personas que perdieron su empleo. La propuesta del ingreso mínimo vital hecha por legisladores de diversos partidos ayudaría a evitar la crisis social que se avecina.
 
Catedrático de la EST-IPN
Email: [email protected]

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