El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado día 12 una iniciativa que tiene por objeto prohibir la subcontratación de personal ( outsourcing ) y establecer la reglas por las cuales las empresas sólo podrán contratar la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, lo que implica una reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ante la Cámara de Diputados.
El anuncio causó controversia por las fuertes repercusiones que tendría para muchas empresas y porque era una propuesta similar a la del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, que había sido frenada un año antes por el jefe de la bancada, Ricardo Monreal. Además, se había establecido un parlamento abierto que buscaba una iniciativa que regulara, pero no prohibiera la subcontratación, con representantes del sector privado.
El 30 de noviembre de 2012 se publicó la reforma a la Ley Federal del Trabajo que legalizaba la subcontratación, puesto que permitía a las empresas contratar a personas por tiempo determinado, aunque trabajaran para otra razón social, pero con contratos temporales. El beneficio que recibieron los trabajadores fue que podrían tener seguro social, pero sin lograr acumular antigüedad, porque al ser contratos menores a tres meses, ésta no quedaba registrada.
La cifra de trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tuvo un fuerte incremento debido a esa reforma que flexibilizaba las relaciones laborales, por lo que varias empresas, no solo las de outsourcing, ya no tuvieron inconveniente en darlos de alta. Sin embargo, para el organismo se generó una fuerte carga financiera y de servicios, porque muchos de los nuevos afiliados eran registrados con bajos sueldos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha dado seguimiento a la práctica del outsourcing a través del registro del personal no dependiente de la razón social en los Censos Económicos, aclarando que se excluye al personal que trabajó en la unidad económica por la contratación de servicios de vigilancia, limpieza y jardinería. En 2013, su número fue de 3 millones 578 mil 247 (12.1% del personal ocupado) y en 2018 había llegado a 4 millones 685 mil 356 (13.0%).
El Ejecutivo justifica la iniciativa señalando que las empresas han abusado del mecanismo de la subcontratación al pagar bajos sueldos, evadir impuestos, dar contribuciones menores a la seguridad social, afectar los planes de jubilación de los trabajadores, negar el reparto de utilidades, eludir el fondo a la vivienda y mantener en el mínimo de ley las prestaciones, sin que tuvieran posibilidades de mejorar sus condiciones.
Se hace hincapié en que sólo estarán permitidos los servicios especializados, pero las empresas que los subcontraten tendrán que registrarse previamente en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que será la dependencia encargada de autorizar estos contratos, previa verificación de que no tengan adeudos fiscales o de seguridad social. Es decir, la medida se convierte en un mecanismo recaudatorio y de control por parte del Estado, lo que evidentemente el sector privado considera como excesivo y máxime en la actual situación donde muchas empresas han batallado para cumplir con las obligaciones con el fisco debido a la caída de ingresos.
Se acusa a las subcontratistas de evadir impuestos a través de empresas factureras o de pagar a los trabajadores una parte de sus sueldos por fuera sin reportar el total al IMSS o al Sistema de Administración Tributaria, y de no enterar todo el ISR o el IVA. Por eso se tipificará la actividad como delito grave, criminalizándola.
La subcontratación ha sido un esquema ampliamente utilizado en todos los sectores para reducir costos y elevar los márgenes de ganancia. Se estima que es usada en al menos 40% de la industria automotriz. Una de las prácticas más comunes es el insourcing, que es la creación de una empresa dentro de un mismo grupo a donde se traslada la plantilla laboral.
La iniciativa sin duda incrementará la tasa salarial y fortalecerá el poder de negociación de los sindicatos, por lo que va en consonancia con lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); pero en contrapartida, podría desalentar las inversiones, reducir el empleo formal y expulsarlo hacia la economía informal. Está redactada para que entre en vigor el 1 de enero de 2021, por lo que habría poco tiempo para su discusión y negociación.
Queda la interrogante de si el gobierno también cumplirá con la reforma, porque es sabido que recurre a la subcontratación de servicios de limpieza, seguridad y vigilancia, algunos de los cuales tendrían que ser internalizados como ahora se lo exige al sector privado. Sin embargo, son actividades excluidas en la definición de Inegi.
Si bien es loable la intención de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores evitando la simulación con la iniciativa del presidente, queda la duda de si la prohibición de la subcontratación acarreará repercusiones negativas no previstas.
ADENDA
La Cámara de Diputados aprobó con pocos cambios el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. La asignación de recursos a los programas prioritarios como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya o a los programas sociales preferentes, se hizo a costa de recortar el gasto federalizado, el apoyo a la cultura, la ciencia, el turismo e incluso a la salud. En contrapartida, la estimación de ingresos podría no lograrse, por lo que es probable que se implementen recortes pasadas las elecciones del 1 de junio.
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