Previsible ola de litigios con reforma a la LIE

Pablo Álvarez Icaza Longoria

La estrategia para aprobar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) seguida por la 4T, nos recuerda a la que se siguió para aprobar la iniciativa a la Ley de Seguridad Interior (LSI) a finales de 2017, que de facto echa para atrás la reforma eléctrica aprobada en 2014.

La LSI fue impugnada por las minorías parlamentarias de las cámaras de Diputados y de Senadores, así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que interpusieron una controversia, que posteriormente fue declarada anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en forma unánime en octubre de 2018.

Cuando pensábamos que ya nos habíamos librado de ese proceso de militarización, el gobierno entrante propuso darle rango constitucional a la Guardia Nacional a pesar de las advertencias de diversos organismos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los reclamos de organizaciones de la sociedad civil y académicos en México. La minoría en el Senado actual sólo pudo lograr que se considerara que la Guardia Nacional sería civil, pero de hecho eso nunca sucedió.

Ahora el Ejecutivo no propuso modificar la Constitución, sino que envió como iniciativa preferente una reforma a la LIE el pasado 1 de febrero a la Cámara de Diputados. Luego de un rápido proceso de parlamento abierto, donde se explicó ampliamente que la iniciativa era anticonstitucional al regresar el monopolio de la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e incurrir en prácticas discriminatorias en contra de la inversión privada, que violaba acuerdos internacionales, desde los comerciales hasta el Acuerdo de Paris, se aprobó por abrumadora mayoría (304 votos) en lo general. Una modificación constitucional hubiese necesitado 334 votos, suponiendo que las/os 500 diputados estuviesen presentes.

Horas después, la reforma fue aprobada en lo particular por la Cámara de Diputados sin ningún cambio y remitida a la colegisladora, por lo que estimo que el próximo mes hará lo propio. Lo más probable es que la minoría en ambas Cámaras interponga una controversia una vez que se publique el Decreto en el Diario Oficial de la Federación y tal vez, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) también presente dicho recurso al contravenir la competencia económica, en contra de lo dispuesto en el artículo 28.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en 2018 con la LSI, en esta ocasión preveo que la LIE no será declarada inconstitucional porque algunos de los magistrados propuestos por el actual gobierno, no lo considerarán así y se requeriría el voto de 8 de los 11 para ello. Nada nuevo bajo el sol, como en los viejos tiempos del PRI.

La reforma elimina el artículo 4 que señala que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Se modifica el despacho de energía a favor de la CFE al no hacerse ya por los costos más bajos, sino que se privilegiará la energía producida por las hidroeléctricas y de otras plantas productoras de la propia empresa, dejando al final las energías limpias. Esto es, se dará prioridad a la seguridad en el despacho sobre la eficiencia económica.

Cabe recordar, que el pasado 3 de febrero la segunda sala de la SCJN (cuatro votos a uno) aceptó un recurso interpuesto por la Cofece en contra del Acuerdo Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) publicado por la Secretaría de Energía el 15 de mayo de 2020 por violar el marco constitucional en materia de libre competencia, sustentabilidad, operación de la industria eléctrica y transición a energías limpias.

Puesto que muchos de los elementos de dicho acuerdo fueron retomados textualmente en la iniciativa preferente, algunos analistas ingenuamente pensaron que no sería aprobada, más aún porque se consideró que dichas políticas deben ajustarse al marco constitucional legal vigente, que deriva de la reforma energética de 2014. Esto es, lo que no se lograría mediante un acuerdo que desde un principio su legalidad fue cuestionada, ahora se hace modificando la ley.

Se determinó que los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada", advierte el dictamen sobre la cancelación de contratos vigentes. Esto es, se aplicarán retroactivamente las nuevas disposiciones.

Se prejuzga que los permisos de autoabastecimiento fueron obtenidos en fraude a la ley, por lo que se determina que deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía. Adicionalmente, el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución en términos no discriminatorios, se permitirá “solo cuando sea técnicamente factible”.

El apagón de electricidad ocurrido a mediados de mes por la suspensión del suministro de gas de Texas, alentó la retórica oficial a favor de la reforma eléctrica argumentando sobre la necesidad de contar con soberanía energética, por lo que se tendrá que producir electricidad con nuestros propios recursos, esto es, combustóleo y carbón. El primero surge como residuo de las refinerías y que no se puede exportar por prohibiciones ambientales; el segundo disponible en el norte del país, fue sustituido por la CFE desde la década de los 90 por plantas que usan gas natural al ser menos contaminante y más económico.

Con las energías renovables, pasa lo mismo que con el aeropuerto de Texcoco, se acusa de corrupción por presuponer acuerdos ventajosos para las empresas extranjeras, y, por ende, se decide eliminarlas, en lugar de analizar cada caso y proceder legalmente si ha lugar.

Con esta reforma ratifico lo que comenté en mayo pasado con el cambio en la política eléctrica: 1) incrementará la desconfianza para invertir en el país, 2) generará litigios internacionales que provocarán indemnizaciones mayores a las de los gasoductos del 2019, 3) provocará pérdida de competitividad porque se elevarán las tarifas industriales para las empresas, 4) se incrementará el daño ambiental y 5) apagones por falta de suministro. Agregaría que se deteriorarán más las finanzas públicas, porque con la promesa de no aumento a las tarifas a los hogares, se incrementarán los subsidios, adem

 

ADENDA

A la luz del litigio promovido por la COFECE, se entiende más claramente porque el Ejecutivo la quiere desaparecer como organismo autónomo y de su interés por capturar a la CNDH.
 

Catedrático de la EST-IPN
Email: [email protected]

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