La política económica se decide en Palacio Nacional

Pablo Álvarez Icaza Longoria

En mayo de 1973, Hugo B. Margáin, secretario de Hacienda del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, tuvo un desencuentro con su jefe, al parecer por el manejo de la deuda externa. Los cronistas de la época comentaron que el mandatario irritado declaró, al aceptarle la renuncia, que la política económica se decidía en Los Pinos. El incidente quedó en la memoria colectiva como un recuerdo de que, en un régimen presidencialista, se tomaban las decisiones por el principio de autoridad y cuando había una fuerte discrepancia, la salida del gabinete era inevitable, por motivos de salud, personales u otro.

En ese sentido, México no ha cambiado mucho 48 años después. La inminente salida del actual gobernador del Banco de México (Banxico), se perfiló cuando su Junta de Gobierno tomó la decisión de no entregar remanentes de operación en 2020 en abril pasado. Las autoridades monetarias sabían que esa decisión molestaría al presidente y mandaron decir que se debió a que por la fuerte apreciación que tuvo el tipo de cambio -cerró el año en 19.9087-, estos no se habían generado.

El desenlace de la historia es conocido. En la mañanera del 20 de mayo, el presidente acusó a Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, de que por la supuesta afinidad con miembros del anterior gobierno se había negado a entregar esos recursos al suyo para perjudicarlo, a diferencia de lo que ocurrió antes. Anunció que no propondría su relección y que buscaría su relevo con alguien que compartiera su enfoque de economía moral.

Comenzaron a surgir especulaciones de quien podría ser el sucesor de Díaz de León, cuyo periodo concluye por ley el 31 de diciembre, por lo que el nombramiento se esperaba fuera hasta finales de año, como había sido desde que el banco central adquirió su autonomía en 1993.

El otro frente de batalla ocurrió cuando Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda, quien en la Convención Bancaria (Acapulco) en marzo declaró que se preparaba una reforma fiscal para después de las elecciones, como lo había prometido el presidente. Cabe comentar que el anuncio fue bien recibido por la audiencia. Posteriormente, Raquel Buenrostro, titular del SAT, comenzó a declarar que se estaba preparando esa reforma, lo que llevó a Herrera a precisar que los trabajos se estaban coordinando desde Hacienda.

No era la primera vez, que Buenrostro se saltaba a su jefe. Carlos Urzúa, cuando fue secretario de Hacienda, se había quejado de que el presidente acordaba con la entonces Oficial Mayor, a quien el mandatario le había encargado el asunto de las compras consolidadas de medicamentos a principios de 2019.

El presidente comentó que después de las elecciones habría cambios en el gabinete. Efectivamente, en la mañanera del 9 de junio, anunció el relevo en Hacienda y Banxico al proponer como titulares a Rogelio Ramírez de la O y a Arturo Herrera, respectivamente. La cúpula empresarial, la opinión pública y las calificadoras otorgaron su beneplácito. Se indicó que los cambios se harían en unas semanas, para no generar incertidumbre.

Sin embargo, lo que se quería evitar se podría generar a la larga. Utilizando una metáfora beisbolera, eso puede pasar cuando sacas al pitcher antes de tiempo. El martes pasado, José Ramón Cosío, exministro de la Corte lo aclaró con elocuencia en su artículo de EL UNIVERSAL. El nombramiento del nuevo secretario de Hacienda requiere de la convocatoria a un periodo extraordinario por la Comisión Permanente del Congreso, para que la Cámara de Diputados lo ratifique, por las reformas aprobadas en 2018.

El gobernador de Banxico pude ser designado por la Comisión Permanente o por el Senado, pero como el periodo del actual gobernador no ha concluido, tendría que ser destituido o renunciar voluntariamente. Esto definitivamente sí generaría nerviosismo en los mercados, porque se leería como una vulneración de la autonomía del banco central.

Raquel Buenrostro dejó en claro el lunes pasado que ella tenía la venía del presidente. EL UNIVERSAL reportaba que se trataba más de una miscelánea fiscal que de una reforma, en consonancia con lo que les comentó el presidente a los grandes empresarios la semana pasada, de que no habría incrementos de impuestos. La titular del SAT anunció que persiste la evasión de las grandes empresas por lo que se publicaron las tasas efectivas de 40 actividades económicas para que éstas se autocorrijan.

Adicionalmente, remarcó su cercanía con Ramírez de la O desde los tiempos en que trabajó en el Gobierno de la Ciudad de México y externó que, con el nuevo titular, las cosas mejorarán, con lo que no disimuló las diferencias que ha tenido con Herrera.

Tanto a Díaz de León como a Herrera se les dejó como “patos cojos”. Tuvo razón Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico, cuando declaró que era innecesario adelantar la sucesión del nuevo gobernador, pero nunca imaginamos que los cambios fueran tan atropellados. También quedó claro que ahora la política económica se define desde el Palacio Nacional. Es como si volviéramos al pasado.

En conclusión, el desenlace más probable es que Herrera continúe nominalmente como secretario hasta septiembre, Díaz de León renuncie luego de varias semanas, como lo anunció el presidente, y que Rogelio Ramírez de la O coordine la presentación del paquete económico para 2022 el 8 de septiembre.

ADENDA

1) Las alertas inflacionarias se prendieron en Estados Unidos esta semana. Comenzamos con una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York en la que se estima que la inflación al consumidor será del 4.0% este año y que en los siguientes años se anclará en 3.6%; luego se anunció que el índice de precios al productor subió 0.8% en mayo y el básico (excluyendo alimentos y energéticos) 0.7%, pero en variación anual no ajustada en promedio fueron de 6.6% y 5.3% respectivamente.

2) A principios de mes, Banxico anunció sus nuevas proyecciones de inflación al consumidor, estima que durante el segundo trimestre promedie 5.8%; pero con los datos observados de abril y mayo de 6.08% y 5.89% respectivamente, en junio tendría que ser de 5.43%, esto es, una inflación mensual de 0.11%, que se ve poco probable.

3) La propuesta de reforma electoral para eliminar los diputados plurinominales requiere de mayoría calificada en el Congreso. Es un dardo envenenado, puesto que se trata de una propuesta muy popular, pero que anularía la representación de las minorías. Paradójicamente, una de las principales demandas de la izquierda era que hubiese diputados de representación proporcional.

 
Catedrático de la EST-IPN
Email: [email protected]

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