Este lunes el Inegi presentó los resultados de la tercera encuesta sobre el impacto generado por el Covid-19 en las empresas (ECOVID-IE), que tiene como objetivo conocer la situación actual y afectaciones que han tenido éstas por la contingencia originada por el virus SARS-CoV-2. El levantamiento se hizo en marzo pasado, por lo que es la información más oportuna y permite hacer la comparación con las dos anteriores.
Los hallazgos fueron preocupantes porque, a un año de la pandemia, las secuelas en las empresas son graves y reflejan que las escasas ayudas que recibieron – y que se han ido reduciendo todavía más- podrían ocasionar más cierres. Sólo 3.8% reconoció haber recibido apoyos, frente a 5.9% en la segunda edición (septiembre-octubre) y 7.8% en la primera (abril-mayo 2020), que de por sí fue baja. La premisa era apoyar sobre todo al sector informal y bajo la tesis de que un mayor apoyo generaría un mayor desequilibrio fiscal, deuda pública y afectaría la estabilidad financiera del país.
La recomendación hecha por la academia, expertos y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) era implementar lo más rápido posible, apoyos económicos de emergencia para evitar cierres permanentes de puestos de trabajo, es decir implementar una política económica contracíclica. Sin embargo, para los economistas del gobierno se trataba sólo de un choque de oferta y calculaban que la pandemia no duraría más allá del tercer trimestre, e incluso consideraron el sacrificio como un acierto al mantenerse la calificación de riesgo del país.
No estaba contemplada una segunda ola de contagios y llamaban a reactivar lo más pronto posible la actividad económica. Cuando llegó la esperanza de las vacunas, México implementó el proceso lentamente y con pocas dosis, a tal punto que la apuesta que ha hecho es alcanzar la inmunidad de rebaño para agosto, lo que es poco probable que suceda.
El 85.6% de empresas (un millón 873 mil 564) reconoció haber sido perjudicado por la pandemia. La disminución de los ingresos es la principal afectación reportada por 73.8%, seguida por la baja demanda (50.2%) y la escasez de los insumos o productos para 29.2%. Pero lo más preocupante es que 18.4% de las empresas han tenido que recurrir a reducción del personal y 13.2% reconocen que realizaron reducciones de las remuneraciones o de prestaciones.
Se destaca que la afectación a las grandes empresas tuvo un fuerte repunte entre octubre de 2020 y marzo pasado. El porcentaje de las que reportan disminución de ingresos pasó de 11.9% a 33.1%, la baja demanda subió sensiblemente de 13.1% a 31.2%, y la escasez de insumos o productos aumentó de 13.5% a 18.9%. Esto es reflejo del regreso al confinamiento entre diciembre y febrero, el efecto acumulado de la problemática económica, así como los paros técnicos ocurridos en febrero por la falta de electricidad, de chips y semiconductores registrados en la industria automotriz, electrónica y de computación, entre otras.
Regresando al universo de todas las empresas, la política de apoyo que más requieren para hacer frente a la pandemia es apoyos fiscales, con 66.3%, y en segundo lugar están las trasferencias de efectivo, con 34.1%, seguidas de 31.4% del aplazamiento de pagos a crédito o servicios, y sólo 26.3% piensa en acceso a nuevos créditos.
Si bien 37.6% de las empresas reconoció que se retrasó en el pago de sus deudas en octubre pasado, para bajar en marzo de este año a 27.0%, desde el inicio de la crisis en marzo de 2020, 36.1% ha sufrido retrasos en el pago de sus adeudos pendientes y 22.7% reconoce que desde entonces sus deudas han aumentado. Esta es una alerta preocupante, porque se incrementa la probabilidad de que se genere una cadena de quiebras y máxime que 31.4% de las empresas estima que en los próximos seis meses posteriores a marzo sufrirá un retraso en el pago de adeudos a clientes y/o compradores.
En caso de no lograrse una renegociación de los adeudos con apoyos fiscales, la interrupción de la cadena de valor podría ocasionar una crisis -pasamos de las cuentas por cobrar a las incobrables- que no se ha querido reconocer, apostando a la capacidad de resiliencia de las empresas, y que podría alterar un escenario de recuperación económica sostenido.
Aunque 28.7% de las empresas esperan un aumento de sus ingresos en los próximos seis meses, 53.8% contestó que permanecerán igual y 17.5% que disminuirán, por lo que las expectativas son más bien de un optimismo moderado, que apuntan a un bajo crecimiento y con incertidumbre.
Pero lejos de que las empresas vayan a recibir mayores apoyos fiscales, en realidad lo que han estado contemplando las autoridades es la elaboración de una reforma hacendaria, aunque ésta podría postergarse para el próximo año, considerando la experiencia colombiana y las recomendaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional de que se implemente en el mediano plazo para no afectar la recuperación económica. Un efecto colateral podría ser que las empresas migren al sector informal, ante la creciente dificultad para cumplir con las obligaciones legales.
Caso aparte es el de Estados Unidos, que luego de implementar paquetes de apoyo económico en 2020, sobre todo con la administración de Joe Biden, está llamando a realizar una reforma fiscal progresiva para revertir las reducciones impositivas a sectores de altos ingresos y poder financiar los planes de infraestructura y de apoyo a las empresas y a los hogares. Gracias a esto, su salida de la recesión fue rápida y sin costos políticos con la mayoría de la población.
ADENDA
1) La baja de la categoría en seguridad aérea por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, pretendió minimizarse en un primer momento; después vino el intento del control de daños y el anuncio de que se incrementaría el presupuesto de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) por 150 millones para contratar 180 nuevos inspectores y solventar las observaciones. Mientras que el gobierno espera retornar pronto a la categoría 1, el problema es de fondo: la saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2) Moody’s redujo la calificación crediticia de la refinería Deer Park de Baa2 a Baa3, con perspectiva de baja, luego del anuncio de la compra de Pemex, alegando que la salida de Shell le quita solidez financiera y gerencial, además de que está en puerta un vencimiento por 130 millones de dólares en julio, ello sin considerar los crecientes costos de mantenimiento.
Catedrático de la EST-IPN
Email: pabloail@yahoo.com.mx
