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Emergencia económica vs. austeridad

Pablo Álvarez Icaza Longoria

Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2021 confirman lo que ya sabíamos: la política económica se dicta desde Palacio Nacional y se considera a la procíclica como conservadora. A su vez, se derrumban las expectativas de apoyos de emergencia impulsadas por pláticas de empresarios con senadores o de un ingreso mínimo vital, ante la premisa de que es más importante la responsabilidad y austeridad en tiempos de recesión, que impulsar la recuperación con políticas expansivas para enfrentar el desempleo y la creciente pobreza del país.

Se comienza reconstruyendo mal la historia. Señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como una virtud que en esta ocasión se evitó tomar medidas procíclicas —como si esto fuera cierto—, en comparación con las dos caídas significativas anteriores, de 1995 y 2009. Con las políticas contracíclicas, en momentos de recesión se incrementa el gasto público, se reducen los impuestos y bajan las tasas de interés. Este año, con la austeridad republicana se recortó el gasto, no disminuyeron los impuestos y las tasas sí bajaron.

En realidad, sólo en 1995 hubo políticas procíclicas, como cree el Presidente. Se aplicó una severa política de ajuste, con un incremento importante del IVA de 10 a 15% —la famosa ‘Roqueseñal’ en la que el diputado Monreal participó festivamente—, una privatización acelerada y un fuerte recorte del gasto que se reflejó en una caída del PIB de 6.3%, en un colapso cambiario, una inflación al consumidor al cierre de 52.0%, que rápidamente se convirtió en una crisis financiera porque el alza de las tasas de interés combinada con la contracción de la demanda llevó a una quiebra masiva de empresas. Esta crisis se conoció como el ‘Efecto Tequila’ por sus repercusiones mundiales y reconocida como la primera de la globalización (Stiglitz).

En 2009, la crisis comenzó en los países desarrollados como resultado de la especulación por el boom de las hipotecas, que ocasionó un mercado de instrumentos financieros que se vendían con grado de inversión y que eran en realidad basura (hay varias películas que ilustran los engaños, que rayan en fraudes). Ante la posibilidad de que se generara una crisis sistémica se convocó a finales de 2008 al Grupo de los 20 para acordar la coordinación de las políticas entre naciones. Se decidió que las tasas de interés se redujeran rápidamente en todos los países desarrollados, los bancos centrales implementaron medidas de emergencia para mantener la liquidez y ejecutaron agresivos programas de recambio de deuda gubernamental por instrumentos chatarra para limpiar los estados financieros y, en el caso de Estados Unidos (EU), se rescató a las grandes hipotecarias para evitar el pánico financiero. Adicionalmente, se elevó significativamente el gasto público, se ampliaron los seguros de desempleo, se implementaron programas de rescate (Ford dixit) y sus economías pudieron recuperarse.

En México, el impacto de la Gran Recesión en 2009 se dio especialmente en el sector externo y se reflejó en una caída del PIB de 5.3%, pero no hubo repercusiones relevantes en el financiero; el tipo de cambio luego de alcanzar su punto más alto el 9 de marzo (cuando se aprobó el paquete de rescate en EU) inició una marcada apreciación, y la inflación al cierre fue de 3.57%, alentada por la deflación mundial y la caída de la demanda interna. Las autoridades monetarias redujeron las tasas de interés más lentamente que en el resto del mundo y las fiscales elevaron el gasto para evitar que la contracción económica fuera mayor.

Pasada la emergencia económica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó a presionar a los países para que aplicaran medidas de consolidación fiscal, tanto con reducciones de gasto como con incrementos de impuestos. Con México no tuvo problemas, puesto que la deuda bruta como porcentaje del PIB fue de 43.7% en 2009 y al año siguiente bajó a 42.0%. Se mantuvo en niveles aceptables, pero en el sexenio de Peña Nieto comenzó a crecer y saltó a 45.9% en 2013, hasta alcanzar un tope en 2016 con 56.8%, por lo que en las recomendaciones (Artículo IV) le pidió al gobierno que eliminara subsidios, incrementara tarifas y redujera el gasto. Fue en este contexto que la SCHP decidió liberar el precio de la gasolina en enero de 2017, lo que generó un disparo de la inflación y una ola de disturbios que obligaron al gobierno a echar reversa.

Para 2021, el problema con los CGPE es el diagnóstico. Creen que todo deviene de los impactos del Covid-19, por lo que la solución estaría en que pronto tengamos una vacuna. Están convencidos de que se actuó adecuadamente con la pandemia. El gobierno desestimó la gravedad, como lo hizo el de Trump, incluso cuando ya había evidencias palpables de lo sucedido en Italia y España. La emergencia sanitaria se decretó hasta el 30 de marzo. Mientras que la mayoría de los países dieron apoyos fiscales para amortiguar el impacto, en México ni siquiera llegaron a 1% del PIB. La excusa de que no podíamos hacer lo mismo que los países desarrollados se desbarató pronto cuando Cepal mostró que países en condiciones similares o peores estaban haciendo mucho más.

Los partidarios de la 4T insisten en que es una crisis de oferta causada por la interrupción de la actividad económica por el confinamiento, pero que, con el T-MEC, México se beneficiará de la reactivación de EU aprovechando que la guerra comercial con China nos coloca como proveedor alternativo. La realidad es que el cumplimiento progresivo de las reglas de origen es una carrera de obstáculos para la industria automotriz, que hay una presión creciente para que se cumplan las disposiciones laborales y una propuesta de la Oficina del Representante de Comercio de EU (USTR) para frenar las agroexportaciones mexicanas.

Los datos duros dicen que también es una crisis de demanda: la inversión fija bruta cayó 21.4% en el primer semestre de 2020 respecto al mismo periodo del año pasado, y a pesar del rebote de junio, la tendencia-ciclo sigue a la baja; lo mismo pasa con el consumo privado, que cayó 11.3%. Esto no debiera extrañar considerando la fuerte pérdida de empleos y que, como mostró la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, las empresas grandes prefirieron recortar salarios a personal para enfrentar la crisis económica. Pero lo que rompe la retórica de ser prudentes es la advertencia de Moody’s de que la excesiva austeridad del presupuesto 2021 pone en riesgo la calificación soberana.
 
Catedrático de la EST-IPN
Email: [email protected]

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