Desconfianza entre el empresariado y la 4T

Pablo Álvarez Icaza Longoria

Hace dos años, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones a la Presidencia de la República. Su victoria no fue sorpresa, incluso algunos de los grandes empresarios que habían sido partidarios del PRI, se subieron antes al carro ganador y por ello luego formaron parte del consejo asesor del presidente. Pero, no se esperaba que la Coalición Juntos Haremos Historia arrasara y lograra mayoría absoluta en el Congreso, incluso con una sobrerrepresentación, al meter como candidatos distritales a militantes destacados de Morena, que se registraron bajo las siglas de otros partidos, recurso que el PRI y el Verde utilizaron desde 2003, conocidos coloquialmente como diputados sandía (verdes por fuera, rojos por dentro).

La luna de miel con el empresariado duró varios meses alentada por la presunción del beneficio de la duda, que además estaba apoyada por un tono más conciliador del discurso de AMLO, por la promesa de respetar la autonomía del Banco de México, de establecer una política económica que tendría la premisa de la disciplina fiscal —para despejar los temores sobre su inclinación populista—, que no modificaría las leyes —respeto a las reglas para los inversionistas— y combatiría a fondo la corrupción.

Adicionalmente, el equipo de transición que entró a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), encabezado por Jesús Seade, ayudó a destrabar los desacuerdos y logró que a finales de agosto se tuviera un acuerdo en principio con Estados Unidos (EU). A finales de septiembre Canadá firmaría, pero con la salvedad de que algunas obligaciones aceptadas por México no se le aplicarían.

Sin embargo, el desencanto llegó pronto al cancelarse la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) mediante una consulta a modo y sin bases legales. Se mandó el mensaje de que a partir de ese momento el poder económico se sometería al político y que “no sería florero de nadie”. En ese mismo tenor, el mandatario obtuvo el permiso de la “Madre Tierra” para construir el Tren Maya. Ante el reclamo de ecologistas y comunidades indígenas, les reprochó que el proyecto estaba contemplado en la plataforma electoral, lo mismo que la refinería de Dos Bocas, para promover el desarrollo en el sureste del país, por lo que eran promesas de campaña y, por ende, no había engaño. Los mismo podría decirse de la Guardia Nacional, aunque en sus discursos electorales había manejado lo contrario.

La incertidumbre no desapareció con la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el 30 de noviembre de 2018, porque en las elecciones intermedias los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y advirtieron que no votarían a favor del T-MEC si no se incorporaban modificaciones y mecanismos de verificación de cumplimiento de las condiciones laborales, es decir, no les bastaba con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Este tema confrontó a la cúpula del sector privado, distanciamiento que se amplió en diciembre, cuando se aceptó la posibilidad de que se abrieran controversias laborales en el marco del T-MEC.

En el frente interno, el equipo de Hacienda hizo un buen control de daños y llegó a un acuerdo satisfactorio con los tenedores de bonos del NAIM. Por su parte, se convenció a las constructoras que se desistieran de demandas legales y que, a cambio, el gobierno las compensaría otorgándoles otras obras de infraestructura. La propuesta del Presupuesto de Egresos de 2019 también fue bien recibida por los inversionistas y las calificadoras de riesgo.

Sin embargo, los desencuentros comenzaron a acumularse con el tiempo. De la improvisada respuesta al desabasto de gasolina para combatir el huachicoleo, pasamos a un plan de negocios fallido de Pemex que desde el principio estaba condenado al fracaso. Seguimos con el rompimiento de contratos de los gasoductos promovido por la CFE, que ocasionó una renegociación con compañías extranjeras, que el Presidente tomaría como modelo a seguir en conflictos posteriores y que puso en riesgo la aprobación del T-MEC. Se evitó un daño mayor gracias a la mediación, entre otros, de Carlos Slim.

Seguimos con la aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que no cumple con los requisitos que marca la Ley de Planeación, y cuya deficiente estructura es responsable, en parte, de que no se hayan cumplido todavía con los plazos legales para aprobar los programas sectoriales y especiales.

Las compras consolidadas se concentraron en la Oficialía Mayor de la SHCP bajo el argumento de acabar con la corrupción. Junto con la política de austeridad, se generaron serios problemas en el sector salud por los desabastos, que provocaron la primera crisis del gabinete con la salida del director general del IMSS. En este conflicto, el gobierno decidió castigar a las empresas farmacéuticas nacionales productoras de genéricos, prefiriéndose la importación.

En ese entorno de austeridad y con una política monetaria restrictiva, la inversión fija bruta (IFB) bajó 5.1% el año pasado. Pero, la caída de la inversión privada no era por la incertidumbre por los acuerdos modificatorios del T-MEC, o por la guerra comercial de EU con China; se debía más bien a la desconfianza hacia las políticas.

La cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands en marzo, los decretos en contra de las energías eléctricas renovables que se reflejaron en la decisión de Iberdrola de suspender una inversión por mil 200 millones de dólares y protestas de gobiernos extranjeros por el cambio de las reglas del juego no generan un ambiente favorable para revertir la caída de 9.3% de la IFB en el primer trimestre.

La entrada en vigor del T-MEC no va a cambiar la expectativa de los inversionistas, porque tiene un esquema más proteccionista que el TLCAN, pero sobre todo porque se da en un entorno de profunda recesión económica y de desconfianza del sector privado reflejado no sólo en las encuestas de expectativas, sino en los datos duros de inversión.

Adenda

La caída real de 14.6% de los ingresos tributarios en mayo es el reflejo del desplome de la actividad económica, que volvería urgente la aplicación de políticas contracíclicas.
 
Catedrático de la EST-IPN
Email: [email protected]

Comentarios