Pocos después de las elecciones del 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que preparaba tres reformas constitucionales: 1) una sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revertir la reforma energética de 2013 y para que la generación de la electricidad esté bajo el control del Estado; 2) transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, esto es, reconociendo explícitamente que no es un organismo civil, como se estableció en la reforma de 2019, y 3) realizar una reforma electoral que consiste básicamente en eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales y al actual Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que ha tomado decisiones acatando la ley vigente, pero que perjudicaron a Morena.
Sólo nos referiremos al primer caso, puesto que es la única reforma que se ha dado a conocer el 1 de octubre en la Gaceta Parlamentaria, aunque está firmada el 30 de septiembre. El presidente, ante las impugnaciones y amparos que ha tenido la recién aprobada Ley de la Industria Eléctrica, porque se considera que es anticonstitucional, dobla la apuesta y ataja el asunto buscando una reforma constitucional.
Sin embargo, ello no resuelve dos cuestiones: la violación de tratados internacionales y la ola de querellas y demandas que conllevaría la reforma, como nos lo explicó Ricardo Ramírez Hernández en EL UNIVERSAL el lunes pasado, y lo costoso de las indemnizaciones a inversionistas nacionales y extranjeros porque la aplicación retroactiva de la reforma implica un cambio de las reglas del juego y generará un evidente daño económico. En ese sentido, se ha considerado a esta propuesta como expropiatoria de facto, aunque explícitamente no se señale así, por sus implicaciones.
Cuando AMLO hizo el anuncio en junio pasado, la reacción inmediata fue que eso era un disparate por los resultados electorales. Los analistas hacían cuentas y mostraban que la alianza oficial (Morena-PT-PVEM) contaba con 279 diputados (finalmente fueron 277) y faltarían otros 57 para lograr los 334 votos para la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional, con la que sí contaban en la legislatura pasada.
El presidente respondía que podría convencer a integrantes del PRI para que se sumaran a su propuesta, lo que sembró la duda de qué tan robusta sería la alianza opositora. Se vino el mes de agosto, fracasaron los dos intentos para convocar a un periodo extraordinario para aprobar la revocación de mandato, porque en la Comisión Permanente del Congreso el bloque oficial no consiguió los votos necesarios para hacerlo. Los opositores al gobierno lo veían como una victoria simbólica.
Sin embargo, al comenzar la actual legislatura la aprobación de la ley secundaria de la revocación de mandato se logró sin dificultad, puesto que no se requería mayoría calificada, pero la sorpresa fue observar que el PRI votaba a favor la iniciativa presidencial de la Ley de la Armada, por lo que estaba latente la posibilidad de que pasaran de la misma forma otras iniciativas.
Desde la exposición de motivos queda claro que la intención no sólo es revertir la reforma energética del 20 de diciembre de 2013, sino también la de 1992, que justificaba el autoabastecimiento de energía eléctrica y la producción independiente, lo que se considera como una argucia tramada en el marco del Tratado de Libre Comercio para permitir la participación de empresas privadas y extranjeras en la generación de electricidad. Lo que no dice la iniciativa es que ese esquema ha sido aprovechado desde entonces por el sector privado y les ha permitido producir electricidad a menor costo, contribuyendo a elevar la competitividad de esas empresas.
En lo que respecta al artículo 28, se regresa a la redacción anterior a 2013, de que los sectores estratégicos estarán reservados para el Estado, y que no se considerarán como monopolios. Expresamente se señala que la CFE, “es un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, es responsable del Sistema Eléctrico Nacional, así como de su planeación y control; será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración, y estará a cargo de la transición eléctrica, así como de las actividades necesarias para ésta.”
Con la redacción anterior, queda claro por qué desaparecen los organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, puesto que no tendrían fuerza de mandato sobre la CFE. Incluso, no se aceptarán intromisiones de la Secretaría de Energía, con lo que la fuerza política de Manuel Bartlett se fortalece.
Una de las cuestiones que más llamó la atención es que expresamente se plasme en la Constitución que al menos 54% de la generación de energía eléctrica sea producida por la CFE y que el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por dicho organismo.
La primera pregunta que nos hacemos es si la CFE tiene capacidad para generar toda la electricidad que requiere el país. Los expertos en energía creen que no, por lo que la transición energética puede generar una situación caótica plagada de apagones e interrupciones de las actividades económicas, que es lo que paradójicamente se quiere evitar. La siguiente es si el sector privado está dispuesto a producir electricidad en un esquema de negocios que ya no sea rentable para las empresas. Me temo que no, porque difícilmente estará dispuesto a hacerlo con las nuevas condiciones.
Es muy probable que las calificadoras de riesgo en el mejor de los casos pongan en perspectiva negativa la deuda de la CFE y la de México, sólo por pensar en las implicaciones de corto plazo. Considero que esta reforma, que nos regresa a los setentas, tendrá consecuencias negativas para el desarrollo económico del país. Ojalá me equivoque.
ADENDA
1) A propósito de los Pandora Papers, hace cinco años, cuando se divulgaron los Panamá Papers, columnistas críticos al gobierno pusieron el grito en el cielo por las operaciones offshore, porque se evadían impuestos, en el mejor de los casos. Ahora, al estar involucrados personajes cercanos a la 4T, minimizan el hecho, señalando que incluso fueron defraudados por fondos de inversiones. No cabe duda que tenemos dos varas para medir.
2) La aprobación de nuevos techos de la deuda pública en Estados Unidos está en pausa: los republicanos están jugando con fuego.
3) La inflación al consumidor que se anuncia hoy a primera hora validará la decisión de haber subido la tasa interbancaria a un día a 4.75%; falta una más para llegar a 5% a finales de año.
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