El viernes pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anunció la oferta y demanda global del cuarto trimestre de 2020 y, por ende, de todo el año. Me referiré a las cifras originales, que dicho sea de paso, son las que se reportan al Fondo Monetario Internacional (FMI) y que publica dos veces al año en sus Perspectivas Económicas Mundiales. Algunos de sus componentes como el consumo y la inversión ya se habían dado a conocer previamente, pero faltaba completar el cuadro. El único que creció fue el consumo de gobierno 2.3%, luego de que en 2019 cayó 1.3%, que no es de extrañar, considerando que, al arribo de los nuevos gobiernos, se suspenden ciertos gastos.
Sin embargo, llama la atención que la 4T no ha logrado romper la inercia del proceso de consolidación fiscal aplicado por la administración anterior, que implica que la inversión pública siga cayendo. En 2020 se redujo 7.5% a pesar de la fuerte baja de 11.9% registrada en 2019. De esta manera, se extendió la racha a 11 años consecutivos de caídas y fue 48.1% menor a la registrada en 2009 -sí, leyó bien-. Para este 2021 se esperaría un crecimiento, que en unos días más la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisará cuando presente los Precriterios de Política Económica 2022, pero será más por un rebote estadístico.
Ha habido un abandono deliberado de las llamadas empresas productivas del Estado, pero también de los gastos de infraestructura, carreteras y puentes, entre otros. En contraste, Estados Unidos está impulsando una fuerte inversión pública con un paquete de 3 billones de dólares en estos rubros como parte de una estrategia keynesiana de reactivación de la actividad económica, incentivando efectos multiplicadores en la economía, pero también en la inversión privada. Esto implica un gran incremento de la deuda pública que en 2020 ya llegó a niveles de 100% de su PIB.
En México, la estrategia es apostar a la austeridad republicana, que consiste en concentrar los recursos en los proyectos preferentes del gobierno, aunque ello redunde en fuertes cuellos de botella en otros rubros de gasto e inversión, por lo que el país sigue perdiendo competitividad. Hay dudas sobre la rentabilidad esperada de los mismos, si consideramos las observaciones señaladas por la Auditoría Superior de la Federación acerca del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía. Sobre este último se ha insistido en que podría funcionar simultáneamente con el actual. Como prueba contundente se muestra que Nueva York funciona con dos grandes aeropuertos, pero se omite mencionar que las condiciones orográficas son completamente diferentes.
Entre 1993 y 2020, el año en que la inversión pública como proporción de la total alcanzó su máximo fue 2009 (28.1%), como resultado de un desplome de la inversión privada ese año (15.5%) y de que los gobiernos de Fox y Calderón había apostado a explotar la renta petrolera para financiar el gasto público, aunque eso implicara el agotamiento prematuro de los yacimientos. Era el recurso inmediato para evitar el costo político de una reforma fiscal. La participación de la inversión pública siguió bajando consecutivamente hasta 13.3% en 2019, y el año pasado subió a 15% por el desplome de la privada.
La inversión privada cayó 19.8% en 2020 como resultado de la peor recesión que ha registrado el país desde 1932, al caer 8.2% el PIB. De esta forma, extendió su racha a dos años, puesto que en 2019 bajó 3.4%.
Cabe señalar que desde 2016 esta inversión venía presentando tasas muy bajas de crecimiento, en parte por la incertidumbre generada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también por otros factores como una política monetaria más restrictiva, con tasas de interés más elevadas, problemas crecientes de inseguridad y elevada corrupción que, por cierto, fueron destacados tanto por el Foro Económico Mundial en sus reportes anuales de competitividad, como por el FMI en sus Informes del Artículo IV sobre México.
Pero la caída de la inversión privada no sólo fue ocasionada por la pandemia, sino también por la negativa del gobierno a aplicar una política económica contracíclica como se hizo en el resto del mundo, para apoyar a las empresas y a las personas que trabajaban especialmente, pero no sólo en sectores no esenciales como el turismo, lo que ocasionó el cierre de establecimientos de manera permanente con la consiguiente pérdida de empleos.
Los resultados del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020 presentados por Inegi el lunes pasado nos indican que, entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, surgieron 619 mil 443 nuevos establecimientos, pero cerraron un millón 10 mil 857, por lo que el total de establecimientos fue de 4 millones 465 mil 593, esto es 8.1% menos que los existentes (4 millones 857 mil 7). A su vez, el personal ocupado promedio por establecimiento pasó de 3.0 a 2.7 entre 2018 y septiembre de 2020.
Lo que es un secreto a voces es que el sector privado ha pasado del desencanto a la desconfianza, y ahora al descontento, ante las medidas y disposiciones que ha tomado el gobierno, que insiste en presentar al empresariado como enemigo público en las mañaneras. El asunto de la nueva Ley de la Industria Eléctrica y la amenaza contra los jueces que concedieron amparos, acusándolos de querer favorecer a las empresas que los interpusieron, cuando expertos habían advertido que eso sucedería, ha acentuado el ambiente negativo para los negocios.
La encuesta de Expectativas de Especialistas del Sector Privado de febrero levantada por Banco de México señala que los factores que más podrían obstaculizar el crecimiento son la debilidad del mercado interno, la incertidumbre sobre la política interna y la situación económica interna, pero ya destaca también la mención a la falta de Estado de derecho. La inversión total cayó 18.2% en 2020 y un año antes disminuyó 4.6%. No está de más hacer hincapié en que, sin la inversión privada, será imposible que se potencie un mayor dinamismo económico.
ADENDA
La EDN 2020 muestra que los estados donde la proporción de muertes de establecimientos formales con respecto al total de establecimientos formales en 2019 fue peor son Quintana Roo (28.9%) y Campeche (24.9%). En tanto, la mayor proporción de muertes de establecimientos informales se dio en Baja California Sur (34%) y Quintana Roo (33.6%). No es de extrañar, puesto que destacan por sus actividades turísticas y petroleras.
Catedrático de la EST-IPN
Email: pabloail@yahoo.com.mx
