Cambiar las reglas del juego afectará la confianza

Pablo Álvarez Icaza Longoria

La cancelación de los proyectos de energía renovable (eólica y solar) decretada con el acuerdo publicado en el Diarios Oficial de la Federación (DOF) el viernes pasado, era la crónica de una muerte anunciada desde hace varios meses. A finales de marzo, en una gira a Mexicali, el presidente comentaba que los aerogeneradores afectaban el paisaje en La Rumorosa, destacando falta de sensibilidad de los gobernantes que autorizaron “esos ventiladores” para producir energía eólica.

De manera muy sintética, los hechos recientes son los siguientes:

1. Con motivo de la contingencia sanitaria, el 29 de abril el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó un acuerdo que bloquea la entrada en operación de nuevas plantas de energías renovables, con el pretexto de garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con motivo del Sars-Cov2 (Covid-19).

2. Derivado del anterior acuerdo, ha suspendido a 17 centrales de energía renovable para realizar sus pruebas operativas. Hay 23 empresas afectadas que interpusieron recursos legales en contra de la disposición.

3. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), organismo autónomo, señaló que el decreto genera incertidumbre a los competidores, reprobando la medida.

4. La Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el DOF una nueva normatividad que limita la participación del sector privado en energías renovables.

5. Un grupo de 19 embajadores de la UE enviaron una carta a Rocío Nahle (Sener) en contra del acuerdo del 29 de abril, considerando que los cambios regulatorios tendrán una repercusión de 6 mil 400 millones de dólares en inversión privada el 15 de mayo. 

6. Por separado, la Embajada de Canadá también envió una misiva de protesta señalando que se pone en riesgo la inversión 450 millones de dólares.

7. El 15 de mayo, el Financial Times señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue presionando para poner bajo control del Estado el sector de generación de energía.

8. Al día siguiente, las cámaras empresariales como Concamin y Coparmex cuestionaron la medida. Consideraron que se frenará la inversión y el empleo, y advirtieron que se generarán demandas internacionales en contra de México.

9. Por su parte, el Wall Street Journal también publicó un artículo donde destaca que la suspensión afecta a 44 proyectos renovables programados para entrar en operación comercial este año y en 2021, incluidos varios en construcción. También destacó que el Consejo Coordinador Empresarial y la AmCham México dijeron que las reglas fueron publicadas en "violación flagrante del marco constitucional y legal", y pidieron que se retiren.

10. El Premio Nobel de Química Mario Molina criticó el regreso al uso de combustibles fósiles, con los acuerdos de Cenace. Expresó su preocupación por el rompimiento de los compromisos adoptados por México en 2015 respecto al cambio climático en el Acuerdo de París.

11. El 18 de mayo, el juez federal Rodrigo de la Peza concedió dos suspensiones provisionales contra el acuerdo del 29 de abril. El 19 de mayo, Cenace dio el aviso de suspensión temporal a otras 21 empresas por mandato judicial.

Cabe señalar que 46% de la energía eléctrica es producida por el sector privado y el 54% restante por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La imitativa privada usa para el autoconsumo una parte y el resto de lo vende a un precio bajo a la empresa estatal, que tiene un costo de generación mucho más elevado. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el costo promedio de generación de las plantas de la CFE es de 141.21 dólares por megawatt-hora (MWh) y el de los privados de sólo 20.57 dólares.

En este esquema, donde la distribución está controlada por la CFE y se le vende al público en general a un precio más bajo, por un subsidio que otorga el gobierno para evitar una tarifa efectiva más elevada, ya se le otorgaban ventajas monopólicas. Las medidas implementadas por la Sener y el Cenace están orientadas a que las plantas que producen con combustóleo vendido por Petróleos Mexicanos (Pemex) se reactiven, lo que tiene el inconveniente de que se elevarán los costos y la contaminación. Para no subir las tarifas, se tendrán que incrementar los subsidios, lo que afectará las finanzas públicas de la CFE y/o del gobierno.

Los efectos de este cambio en la política eléctrica serán muy desfavorables: 1) incrementará la desconfianza para invertir en el país; 2) generará litigios internacionales que provocarán indemnizaciones mayores a la negociación de los gasoductos de 2019; 3) provocará pérdida de competitividad porque se elevarán las tarifas industriales para las empresas instaladas en el país; 4) se incrementa el daño ambiental, y 5) habrá apagones por falta de suministro.

Adenda

El artículo 37 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica señala:

Los datos que proporcionen para fines estadísticos los Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente ley serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.

El instituto no deberá proporcionar a persona alguna, los datos a que se refiere este artículo para fines fiscales, judiciales, administrativos o de cualquier otra índole.

Incluso, en el 38 se hace hincapié en los principios de confidencialidad y reserva, y se indica que la información “… deberá estar agregada de tal manera que no se pueda identificar a los Informantes del Sistema…”. Cualquier propuesta sobre Inegi que vulnere estos principios, pone en riesgo la confianza en las estadísticas oficiales y, por ende, la política pública.
 
Catedrático de la EST-IPN
Email: [email protected]

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