Las elecciones del 6 de junio serán las más grandes de la historia, porque serán coincidientes la renovacion de la Cámara Federal de diputadas y diputados, con la renovación de gubernaturas, Congresos locales y miembros de ayuntamientos. Además de la elección de 500 cargos federales cuya organización compete al Instituto Nacional Electoral (INE), se elegirán en el ámbito local 15 gubernaturas, mil 923 presidencias municipales, 14 mil 596 regidurías, 2 mil 060 sindicaturas, 204 concejalías, 431 juntas municipales y presidencias de comunidad, 642 diputaciones por mayoría relativa de los Congresos y 421 legisladoras y legisladores locales de representación proporcional, cuya organización recaerá en los Organismos Públicos Locales (OPL), los cuales deberán coordinarse con el INE por tratarse de una elección bajo la modalidad de casilla única.
Se habla poco de las instituciones electorales locales, generalmente supeditadas a la presencia mediática de la autoridad electoral nacional, pero se trata de instituciones fundamentales, cuya trascendencia ha sido destacada en algunos trabajos académicos, como “Los árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su arquitectura institucional”, coordinado por César Astudillo y Lorenzo Córdova (2010). Lo cierto es que, se trata de instituciones que han existido desde que el reconocimiento constitucional de la democracia electoral y el principio federalista obligó a que hubiera agencias responsables de la organización de los comicios locales en las entidades federativas.
En la medida en que la transición democrática se fue anidando en el país, las entidades federativas fueron adquiriendo fuerza política propia, capacidades normativas y posibilidades de actuación, de ahí que, a la par muchas instituciones electorales estatales alcanzaron autonomía plena incluso antes que el IFE en 1996.
Entre 1996 y 2014 solo hubo una reforma electoral a nivel nacional, pero en ese periodo, en lo local hubo múltiples avances y aportaciones normativas que fortalecieron las competencias de las instituciones electorales locales, en temas como la fiscalización de gastos de campaña, regulación de precampañas, procedimientos administrativos sancionadores, programas de cultura cívica y fortalecimiento de la ciudadanía y otras.
Incluso, de 2014 a la fecha, bajo el nuevo modelo, en lo local los OPL han sido pioneros en temas como la exigencia del principio de paridad en el registro de candidaturas, la representación política indígena o elecciones basadas en usos y costumbres, el uso de la urna electrónica y la reelección legislativa y municipal que tendrán un gran impacto en las elecciones de este año. Es un hecho que la proximidad a lo local de estas instituciones ha permitido la implementación exitosa de medidas para garantizar derechos. Despues de todo, la proximidad genera no solo conocimiento de las problemáticas, sino también confianza.
Con la reforma de 2014 se discutió la posible desaparición de estas instituciones por su supuesta falta de autonomía e independencia. Pero al final, legisladores y legisladoras generaron una especie de híbrido, en el que redistribuyeron de forma sustancial las competencias de los órganos electorales federal y estatales, y en el que mantuvieron los organismos locales, pero ahora como parte de un sistema nacional electoral en donde el INE los integra, les establece reglas generales y puede destituirlos.
Bajo este modelo, los ahora llamados OPL realizan tareas trascendentales para hacer posible las elecciones locales, ejemplos de ello son el registro de coaliciones y candidaturas comunes de partidos políticos, así como el registro de candidatas y candidatos. Tan solo en 2018 se registraron cerca de 150 mil candidaturas para ocupar cargos de gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos, trabajo que conlleva la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos, la observancia del principio de paridad en la integración de las candidaturas, el cumplimiento de la cuota de juventudes, entre otras condiciones necesarias. Además, los OPL tienen la alta responsabilidad de realizar actividades de conteo, sellado y agrupamiento de boletas. En 2018, se contaron, sellaron y enfajillaron más de 187 millones y medio de boletas electorales, cuyo manejo conlleva el seguimiento y resguardo de su traslado en primera instancia a la entidad y posteriormente a las bodegas distritales y municipales locales para su resguardo. Otra de las funciones de suma relevancia es el seguimiento a la jornada electoral, acompañados en todo momento por cada uno de los Consejos Generales, de los Consejos Distritales, de los Consejos Municipales, de los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), supervisores y auxiliares técnicos, quienes resuelven cualquier situación de emergencia en el ámbito de su competencia. Asimismo, los OPL instrumentan mecanismos oportunos de recolección de paquetes electorales desde las casillas hasta la sede de los Consejos Electorales Municipales y Distritales para su resguardo; generan de forma oportuna resultados a través de los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP); y han demostrado seguridad e inmediatez en los cómputos de las actas de resultados definitivos.
El Sistema Nacional Electoral, ha buscado la estandarización de la calidad de las elecciones en el ámbito subnacional, y hay distintos indicadores que demuestran que el propósito se ha venido cumpliendo. A pesar de que en los últimos años ha habido resultados muy cerrados que han puesto a algunos de estos organismos en el centro de la polémica, y de que en algunos casos se han tomado desiciones controversiales, lo cierto es que una golondrina no hace verano, y en general se observan organismos cada vez más autonomos, indpendientes y confiables, como lo demuestran diversos estudios tales como el de “La calificación de integridad de las elecciones sub nacionales en México, 2015 - 2018” generado por el Integrity Project y coordinado por Irma Méndez y Nicolas Loza; o el indicador de más de 60% de alternancias en los cargos locales en los últimos seis años, o el número de juicios que se han presentado contra los Congresos locales o las Haciendas locales por la falta de entrega o recortes a los presupuestos de los OPL (un tercio de ellos ha judicializado la ministración de su presupuesto) como indicador de la molestia que
éstas instituciones han venido generando de manera inevitable a actores políticos locales en la medida en que han venido haciendo valer su independencia.
En casos aislados cuando la autonomía de los OPL se ha puesto en entredicho, las acciones correctivas que están previstas en el propio modelo han funcionado de manera efectiva. Despues de todo, y aquí parafraseando a Madison si los consejeros y consejeras de los OPL fueran ángeles, no se necesitarían instituciones de control, pero los servidores públicos en general somos seres humanos frente al poder que por naturaleza corrompe, y acertadamente el modelo contempla mecanismos de control institucionales para encauzar y contener la acción humana en el ejercicio del poder arbitral electoral local. Ojalá estos controles funcionaran de manera eficaz en otros ambitos de la vida publica de este país.
Los institutos electorales locales se encuentran organizados a traves de la Asociación de Institutciones Electorales de las Entidades Federativas AIEEF, una Asociación Civil, sin fines de lucro, que tiene como fin contribuir al logro de los objetivos de las instituciones asociadas, que son los 32 OPL del país, así como elevar la calidad de las elecciones en el ámbito local. El pasado 19 de febrero, la Asamblea General aprobó la integración de nuevo Consejo Directivo Nacional, el cual tiene los siguientes ejes temáticos dentro de su programa de trabajo: I. La cohesión entre consejeras y consejeros de todos los OPL en torno a los fines de la Asociación, II. El posicionamiento político y social de las ventajas del Federalismo Electoral, a partir de las experiencias exitosas en los estados de la República, III. El Fortalecimiento de la autonomía e independencia de las autoridades electorales del país, IV. La consolidación de la cultura cívica desde el ámbito local, V. El vínculo con aliados estratégicos: políticos, empresariales, académicos, de la sociedad civil y el Instituto Nacional Electoral, para trabajar en una agenda a favor de los derechos y la consolidación democrática en los estados, y VI. El Seguimiento a la gestión electoral durante la contingencia sanitaria por COVID19.
Desde la AIEEF se estará trabajando para fortalecer este modelo que ha demostrado su eficacia, de cara a las tracendentales elecciones del 6 de junio. Los OPL son instituciones fundamentales para dotar de paz y estabilidad politica al país a través de elecciones confiables, libres y autenticas en los contextos locales. Y las elecciones del 6 de junio serán preferentemente locales. Al no haber elección presidencial, la atención se centrará en lo local, de ahí la trascendencia de que los OPL garanticen elecciones de calidad y para eso nos hemos venido preparando. Prueba de ello es que en medio de la la pandemia, varios OPL han sido pioneros en el trabajo a distancia y en el establecimiento de medidas para garantizar el regreso a actividades presenciales.
Los OPL mantienen el grandísimo reto de ser creativos y responsables para garantizar elecciones a pesar de la emergencia, pero se encuentran listos para que en coordinación con el INE alberguen la fiesta democrática del 6 de junio. Queda ahora a los partidos políticos, candidatos y candidatas refrendar su compromiso republicano para jugar de acuerdo a las reglas establecidas en la normatividad y respetar los resultados, así como a la ciudadanía de apropiarse de esta elección con su participación libre, informada y responsable.
