Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados el 16 de febrero de 1996 entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), representan un hito en la lucha por la justicia social en México. Surgidos en el contexto de un movimiento que expuso al mundo las profundas desigualdades y marginación que enfrentaban los pueblos indígenas de Chiapas y de todo el país, estos acuerdos propiciaron que el Estado mexicano reconociera formalmente la necesidad de reformar el marco constitucional para incorporar las demandas indígenas. Si bien no se cumplieron a cabalidad, sí inspiraron avances significativos en materia de derechos indígenas. Antes de San Andrés era inimaginable hablar de derechos culturales; hoy en día la mayoría de los planes curriculares de las escuelas de Derecho del país incluyen materias como Derecho indígena. Instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o el Centro de Estudios de las Lenguas Indígenas surgieron como consecuencia de los Acuerdos, lo mismo que la educación intercultural que ya cuenta con reconocimiento constitucional. Se han logrado reformas en materia de justicia indígena y equidad de género en comunidades originarias, y los avances en materia de espacios de representación política indígena no hubiesen sido posibles sin los Acuedos. El reconocimiento de estados pluriétnicos en Bolivia y Ecuador se inspiraron en San Andrés. Y, sin embargo, los avances han sido insuficientes, como lo demuestra la cruda realidad asociada a la pobreza y marginación de la mayoría de las poblaciones indígenas del país. El incumplimiento parcial de los Acuerdos nos recuerda las tensiones persistentes entre el poder central y las aspiraciones locales, urgiéndonos a continuar la lucha por una democracia más inclusiva y equitativa.
¿Las universidades tienen una deuda con esta agenda pendiente? Desde luego que sí. Las universidades no deben ser un observador neutral, sino actores comprometidos con la verdad, la justicia y el desarrollo social. En un mundo donde las desigualdades persisten, las universidades deben seguir siendo espacio de reflexión y acción. No son meros centros de transmisión de conocimiento; son instituciones con una obligación moral inherente para promover y proteger los derechos humanos. Históricamente, han sido incubadoras de cambio social, nutriendo el pensamiento crítico que desafía las injusticias. Representan el principio de la Ilustración: el uso público de la razón para avanzar en la equidad y la dignidad humana. En México, la educación superior ha sido vista históricamente como un pilar para el avance social, la equidad y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en las últimas décadas, muchas universidades han abandonado este rol progresista, optando por una neutralidad aparente o una orientación corporativa que prioriza la eficiencia económica sobre el activismo social. Las consecuencias son graves en un mundo de regresiones autoritarias y reaccionarias. Sin universidades activas en la promoción de derechos, se acelera la "recesión democrática". Las universidades deben recuperar su rol moral mediante acciones concretas y estratégicas. Fortalecer la educación cívica, proteger la autonomía y la libertad académica, combatir la desinformación y el autoritarismo con hechos, y fomentar activismo inclusivo. En ese tenor, tienen un deber con los pueblos y comunidades indígenas de este país, deben asumir un compromiso firme para promover e incorporar en su modelo educativo políticas de interculturalidad para combatir la exclusión.
Es vergonzoso que sólo el 1% de las personas indígenas cuenten con estudios universitarios en este país, lo cual nos indica que hay un gravísimo problema de acceso, atención y cobertura en educación superior. Penosamente debemos reconocer que la juventud indígena sigue excluida de la educación universitaria. El subsistema de Educación Superior necesita promover una política de atención integral y con suficientes apoyos presupuestales. La creación de universidades interculturales ha demostrado ser insuficiente para captar la demanda, necesitamos la participación de todas las instituciones de educación superior. En la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, sólo el 8% de los estudiantes se autoadscriben indígenas, pero se ha implementado un programa para doblar el porcentaje en 5 años. La meta es garantizar no solo el acceso, sino la permanencia y conclusión de estudios universitarios de juventudes indígenas. Es un programa que ya trabaja con 250 estudiantes de quinto y sexto semestre de bachillerato indígenas, que ya están recibiendo acompañamiento psicológico, psicopedagógico, orientación vocacional, habilidades y competencias básicas, y que para el próximo ciclo académico tendrán pase directo a la universidad y contarán con un subsidio económico vía la Fundación universitaria.
Los Acuerdos de San Andrés siguen siendo una deuda histórica abierta. La mejor manera de empezar a saldarla en este aniversario es que las universidades mexicanas asuman su responsabilidad social no como retórica, sino como práctica concreta, cotidiana y transformadora que contribuya a hacer justicia donde aún falta. Demanda transformar la responsabilidad social universitaria en acciones concretas que cierren, desde las aulas y las comunidades, las brechas de exclusión que aquellos acuerdos buscaron sanar.
Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas.