Después de los agravios entre Morena y la oposición por el rechazo de la contrarreforma eléctrica, una clave esencial de la política tendrá que ser retomada como condición para que la reforma electoral presentada por el gobierno tenga probabilidades de éxito. El diálogo es el único camino.
Sin este instrumento no habrá posibilidades de que Morena y sus aliados, y la coalición PRI-PAN-PRD, lleguen a un acuerdo sobre las coincidencias que contienen sus respectivas visiones sobre la necesidad de modificar la norma que regula la lucha por el poder.
El intercambio interpartidista implicará, de inicio, que los congresistas de Morena estén dispuestos a escuchar y a incorporar las modificaciones racionales, lógicas y fundadas que se les pongan sobre la mesa. El parlamento abierto que propone, es tan innecesario como inútil, pues es utilizado siempre para convalidar decisiones asumidas.
Lo que de antemano ha sido rechazado por la oposición es un cambio en la estructura del INE. La propuesta oficial de reducir su composición de once a siete consejeros, y que estos sean electos de manera directa por el pueblo para lograr una óptima representatividad ciudadana, parece el tema más complejo.
En ese punto, y aun con toda la voluntad de la oposición, parecería difícil pactar, pues esta cree que el árbitro electoral, como está desde hace dos décadas, será desmantelado y reconfigurado para ser puesto del lado morenista a fin de que pueda manipular los resultados de las elecciones y recrearse en el poder.
Si la centralidad de lo que busca el gobierno está precisamente ahí, y una y otra parte mantienen posturas irreductibles e intransigentes, la oportunidad de que aprueben otros cambios inaplazables se perderá.
Entre esos se halla la necesidad de que la democracia sea más económica; lo que se gasta ahora en partidos es escandaloso. Sólo sirve para el enriquecimiento de dirigentes. Nadie estaría en desacuerdo en que, limitando sus prerrogativas, el país ahorraría miles de millones de pesos.
En esta vertiente, la idea de reducir el número de diputados y senadores es muy pertinente. El exceso de legisladores no ha beneficiado al país; sólo sirve para justificar la supuesta apertura y la pluralidad, y abonado al discurso de la democracia que, en rigor, no pasa de ahí, pues sus grandes promesas de igualdad, justicia, progreso, bienestar, han quedado como un eterno adeudo de partidos y gobernantes.
Otro de los puntos en los que se necesita el entendimiento es la implementación del voto electrónico, el cual reduciría el costo de los comicios e impediría los fraudes.
Con independencia de las taras que se le puedan suprimir y las virtudes que se le puedan agregar al proyecto, es innegable que los organismos públicos y los tribunales electorales locales deben desaparecer. De vital importancia es la regulación de las campañas en los medios. Debe evitarse la enloquecedora spotización preelectoral a todo costo.
Y, dado lo que se ha visto en elecciones últimamente, es insoslayable poner más candados a las competencias por cargos; por ningún motivo debe dejarse la menor rendija al dinero negro del crimen para que imponga candidatos.
No hay un solo partido o político que no se ufane de que su actuación es por la ciudadanía. Los cambios fundamentales, la actualización y modernización inaplazables de los procesos electorales, son una demanda que debe ser atendida de inmediato. Debería ser considerada como una de las piedras angulares de la Cuarta Transformación.
SOTTO VOCE.- Merecido reconocimiento nacional e internacional al titular de Hacienda, doctor Rogelio Ramírez de la O, y a su eficientísimo subsecretario Gabriel Yorio, quienes, con toda discreción y profesionalismo, y por su desempeño y resultados, muy probablemente logren que la economía mexicana crezca por encima del 2% en lo que resta de la presente administración.