Es absurdo, inadmisible y aberrante que el crimen organizado ofrezca a la población de Guanajuato la seguridad que el Estado nacional no puede darle. Con ello, pretende quitarle la más importante función (política) que le da vida, y apropiarse de la otra (económica), que lo sostiene.
Hace una semana, el grupo delictivo más poderoso y temible, que tenía un férreo oponente, se mostró feliz de su caída a través de un videomensaje y, con el camino despejado, se comprometió ante autoridades y pueblo de Guanajuato a mantener el estado “tranquilo y en paz”.
“Podrán vivir tranquilos y tener la seguridad de que mantendremos la paz y la seguridad (…) su estado ha sido liberado de las malas acciones que afectaron al pueblo…”, hizo saber el cártel hegemónico del momento.
Si se arrogó inconsciente, subliminal o fundadamente este mérito, algún día se sabrá; lo que va contra natura, es que anuncie que hará lo que nadie ha podido hacer; permitírselo, entrañaría el desplazamiento del poder político establecido legalmente, del primer deber que lo anima; o sea, dar garantía de seguridad a los ciudadanos sobre su vida y su propiedad.
El Estado, y sólo el Estado, a través de las instituciones que lo conforman, es el único ente obligado a salvaguardar esos dos inestimables bienes. Nadie más, bajo ninguna circunstancia o motivación, puede asumir esa facultad, pues implicaría la quiebra total del Estado de Derecho y el surgimiento de un Estado Ilegal. Por los fines que persigue, teóricamente, aquél es eminentemente moral; este, por sus acciones, es todo lo contrario.
El Estado legal es el detentador permanente del monopolio legítimo de la violencia. Este poder es intransferible e incompartible. En ningún lugar se cede, menos cuasi voluntariamente, soslayando la aplicación de las leyes en que se funda. Cuando un grupo se autoadjudica su cometido, es porque el titular del poder ha renunciado a él.
En este espacio se ha advertido el peligro de que, por la inobservancia de las normas, se erija un Estado Criminal; hoy, éste parece estar en vías de cristalizar.
Pero eso, en ningún caso, está permitido, pues de ello podría seguirse otro desplazamiento o sustitución, que es el cobro de impuestos que la población paga a cambio de los beneficios que el gobierno se obliga a proporcionarle.
Si un grupo delincuencial cumple lo que ofrece, como en Guanajuato, no tardará en pedir que le paguen; lo reclamará como contraprestación a su tarea. Y a quienes no respondan, los victimizará en todas las formas, como lo hace con los que se resisten a sus extorsiones.
Se dirá que el gobierno también obliga con los impuestos, y es cierto. Pero la diferencia es que, aún en teoría, debe hacerlo mirando a procurar el bienestar común mediante políticas públicas con el dinero que recauda. La delincuencia organizada, en cambio, aprovecha el vacío de autoridad y la falta de resultados que da, para buscar más dominio, dinero y poder.
Y esa, es una diferencia ética que, por ningún motivo, nadie debe permitir que se altere.
Sotto Voce…
La posible presencia de Peña Nieto y Calderón ante un juez por el Caso Lozoya, apunta a ser un hecho histórico. Sería una catarsis que le daría piso a la 4T…Los “comunicadores” que hace años publicaban encuestas diarias dando ventaja a Peña Nieto sobre AMLO, cobrando fortunas como “asesores”, y los “publirrelacionistas” que las promovían en el contexto del Caso Lozoya, deben estar haciendo maletas por evadirse de la justicia. Hay versiones confiables de que irán por ellos.
