Julieta del Río Venegas
La Copa Mundial de Futbol representa una oportunidad para proyectar a México ante el mundo. Es pasión, identidad, convivencia social, atracción de turismo, generación de actividad económica y una posibilidad para fortalecer la infraestructura de las ciudades sede.
Nadie puede cuestionar la relevancia de un evento de esta magnitud. Sin embargo, precisamente por la dimensión de los recursos involucrados, la transparencia debe ocupar un lugar tan importante como el propio espectáculo deportivo.
Durante los últimos meses se han realizado obras y adecuaciones en distintos espacios vinculados directa o indirectamente con la celebración del Mundial. Aunque México conocía desde hace 8 años su papel como sede, es increíble que hoy no concluyan obras, eso denota la falta de planeación y la ejecución contrarreloj que han generado cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sido objeto de intervenciones en sus terminales 1 y 2 con el objetivo de mejorar la experiencia de los millones de visitantes que llegarán al país.
La accesibilidad, la modernización y la mejora de los servicios pueden estar plenamente justificadas. Lo que no puede quedar en duda es cuánto se ha invertido, quiénes fueron los proveedores contratados, bajo qué procedimientos se adjudicaron los contratos y cuáles son los resultados concretos que se esperan obtener.
Pero el gasto no se limita al aeropuerto. Las inversiones más significativas se concentran en infraestructura, espacios públicos, redes de agua potable y drenaje, así como en proyectos de movilidad y transporte. A ello se suman las intervenciones urbanas realizadas en distintas zonas de la capital y de otras ciudades sede.
Pinturas temáticas, balones monumentales, instalaciones artísticas, espacios para aficionados y zonas de convivencia han sido presentados como parte de la estrategia de promoción mundialista. Los balones históricos colocados en espacios públicos, las activaciones en plazas emblemáticas, los festivales para aficionados y las adecuaciones en instalaciones gubernamentales generan una pregunta legítima: ¿cuál será el costo total para los contribuyentes?
Más aún cuando persisten problemas que afectan la infraestructura cotidiana. El aeropuerto continúa enfrentando desafíos relacionados con drenaje, aire acondicionado y operación de servicios. En diversas zonas urbanas siguen registrándose inundaciones, fallas en el transporte público y problemas de movilidad. Por ello, resulta válido preguntarse si las inversiones asociadas al Mundial están atendiendo prioridades de largo plazo o únicamente necesidades inmediatas vinculadas al evento.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer quién diseñó, produjo e instaló cada uno de estos proyectos. ¿Qué empresas participaron? ¿Cuáles fueron los montos contratados? ¿Qué criterios se utilizaron para seleccionarlas? ¿Cuánto costará su mantenimiento, operación y eventual desmontaje?
En torno al Mundial han surgido múltiples dudas y cuestionamientos, por lo que resulta plenamente legítimo solicitar información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Se trata de información de alto interés público que no puede ser negada ni reservada bajo argumentos genéricos. La ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión cómo se han ejercido estos recursos, especialmente cuando existe la preocupación de que, bajo el argumento de la organización del evento, puedan haberse incorporado costos inflados o gastos ajenos a los objetivos directamente relacionados con el Mundial.
La misma exigencia aplica para los espacios públicos e instalaciones gubernamentales que han sido destinados a actividades relacionadas con el Mundial. Cuando bienes financiados con recursos públicos son utilizados para fines promocionales o turísticos, resulta indispensable transparentar los convenios, los costos asociados y los beneficios esperados.
La rendición de cuentas no debe limitarse a las grandes obras de infraestructura. También debe abarcar aquellos gastos que, aunque puedan parecer menores de manera individual, terminan representando cantidades significativas cuando se analizan en conjunto. La suma de campañas de imagen, intervenciones urbanas, mobiliario temporal, espectáculos, festivales y espacios para aficionados puede representar una inversión considerable que merece ser conocida y evaluada.
El Mundial será una fiesta para millones de personas. Pero también debe ser un ejemplo de gobierno abierto. La emoción del futbol no puede sustituir la obligación de informar. Al contrario: cuanto mayor sea el gasto público, mayor debe ser la transparencia.
Los mexicanos merecen conocer cuánto costará realmente albergar este evento, qué recursos públicos se han destinado, quiénes han sido los beneficiarios de los contratos y cuáles serán los beneficios concretos para el país. La pregunta no es si debemos organizar el Mundial. La pregunta es si conoceremos, con detalle y sin opacidad, cuánto nos costó hacerlo.
Porque si el Mundial será de todos, también la información debe ser de todos. La transparencia no puede quedarse fuera de la cancha. Cuando el último partido termine y las luces se apaguen, los ciudadanos tendrán derecho a conocer las cuentas completas. Porque ningún gol, ningún espectáculo y ninguna ceremonia inaugural deberían servir como distractor para ocultar cuánto se gastó, quién se benefició y qué recibió realmente la ciudadanía a cambio.
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