Por Yohali Reséndiz

Nombrar a Ernestina Godoy fiscal general de la República debería ser motivo de esperanza —pero no lo es—, y más en tiempos donde se repite que “es tiempo de mujeres”.

Porque ser mujer no exime de responsabilidad ni redime errores ni garantiza que la Fiscalía proteja a víctimas en lugar de perseguirlas.

Así lo recuerdan quienes conocen la gestión de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y desconfían de que su salto al máximo cargo federal signifique un punto de inflexión real.

Y para aquellos que creen que exagero, escribamos aquí lo que sí hizo como fiscal capitalina:

Se creó una Fiscalía especializada en feminicidios, un banco de ADN para agresores sexuales, unidades especializadas para delitos de violación.

Entre 2019 y 2023 los agresores vinculados a proceso por feminicidio aumentaron de manera significativa, y en 2023 se reportaron hasta 2,914 sentencias por delitos de género.

Y sí, son cifras alentadoras. Pero las cifras no alcanzan para esconder la otra mitad de la historia: la de las mujeres que no fueron escuchadas ni protegidas.

Ahí está el caso de Mariel Albarrán, cuyas hijas denunciaron por violencia sexual infantil a su padre biológico, Manuel Horacio Cavazos López, exmagistrado.

Un caso documentado, sólido, terrible.

¿Qué hizo Ernestina Godoy como mujer por ellas?

¿Qué hizo como fiscal?

Lo que hizo fue perseguirla a ella.

No una vez. No dos. Casi una decena de carpetas en su contra.

La más infame: una por corrupción de menores. Todo porque sus hijas se atrevieron a señalar a su agresor.

Ese patrón —el de criminalizar madres para desestimar denuncias de violencia sexual infantil— se repitió durante la gestión de Godoy. Lo vi, lo documenté, lo acompañé y lo denuncié como periodista.

Y mientras Mariel era empujada y silenciada en el Senado por exigir justicia, otras víctimas recibían abiertamente el abrazo público del poder.

Ojalá todas las víctimas fueran y se llamaran Adán Augusto, para recibir consuelo institucional, micrófonos, solidaridad. Pero no. Las mujeres que encararon a Ernestina Godoy lo hicieron porque cargan expedientes llenos de omisiones, investigaciones congeladas, medidas ignoradas y una impunidad que no se mueve aunque ellas estén desangrándose emocionalmente.

Mi crítica hacia su administración fue persistente: denuncié que archivaban carpetas, que demoraban investigaciones o que había opacidad.

Feminicidios, asesinatos, desapariciones, violencia sexual siguen sin resolverse.

Y en muchos de esos casos, las víctimas fueron doblemente agredidas: primero por sus agresores, luego por el Estado. Ser mujer, denunciar y esperar justicia no es un acto de valentía: es —o debería ser— un derecho garantizado.

Además, su ascenso al nivel federal siempre será un proceso cuestionado: una terna exclusivamente femenina, aprobada en tiempo récord con mayoría oficialista, plantea dudas sobre la autonomía real de la Fiscalía y sobre la prioridad de género frente a intereses políticos.

Lo he escrito: ser mujer no es sinónimo de honestidad o eficacia, aunque algunos lo pinten así para liberar culpas ajenas. La justicia no depende del género de quien encabeza la Fiscalía, sino de su historial comprobable, independencia y compromiso con las víctimas.

El primer mandamiento de Ernestina Godoy debe ser que las fiscalías inspiren confianza para quienes temen denunciar.

Atención prioritaria a las madres que exigen justicia por sus hijas desaparecidas y a las víctimas de violencia sexual que luchan contra el silencio institucional.

Casos como el de Mariel Albarrán deben ser reparados y limpiados de criminalización institucional. Basta ya de que la justicia sea un privilegio para los amigos y un laberinto para las mujeres.

Ernestina Godoy debe escuchar lo que nunca quiso oír y sanar lo que rompió. Debe instruir que está prohibido revictimizar, estigmatizar y criminalizar.

Y si Godoy no “rompe su propio techo de cristal” y continúa con la conocida impunidad, su ascenso será irrelevante.

Espero que la Fiscalía General de la República no reproduzca sus viejas dinámicas: silencio a conveniencia, negligencia, protección a los poderosos, persecución a los débiles. Porque solo así podremos creer que su género no es un disfraz con “apariencia de cambio”.

Si en su gestión no se garantiza verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición, habrá fallado, ahora como la primera mujer en el cargo, y repetirá su falla como funcionaria.

Ojalá que la Fiscalía General de la República funcione con autonomía real, sin filtraciones políticas ni impunidad para los poderosos.

Ojalá que los expedientes de violencia contra mujeres, desapariciones, feminicidios y violaciones sean tratados con urgencia, transparencia y perspectiva de género.

Ojalá que las víctimas reciban verdad, no excusas.

Ojalá que no se use al feminismo institucional como escudo de impunidad.

Ojalá su cargo no sea la coartada de malas decisiones.

Ernestina, ser mujer no borra la deuda histórica del Estado con las víctimas.

Porque las que aún están vivas siguen esperando justicia y merecen mucho más que promesas.

Y sobre todo: no piden compasión. Exigen justicia.

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