Durante años se nos dijo que internet era un territorio libre. Un espacio sin fronteras, un lugar donde la tecnología avanzaría más rápido que cualquier intento de regulación estatal.
Pero esa narrativa sirvió, sobre todo, para que alguien más ejerciera el poder: los dueños del internet.
Hoy sabemos que internet no es un territorio sin reglas. Es un territorio gobernado por empresas privadas, y las reglas las ponen ellos.
Las grandes plataformas digitales —como X, Meta, Google, TikTok, Telegram, y muchas más— toman decisiones todos los días sobre qué contenido circula, qué se viraliza y qué permanece en línea. Sus algoritmos determinan qué vemos, cómo lo vemos, qué ignoramos y hasta de qué hablamos.
Ese poder es imperialista. Y reproduce el orden patriarcal existente en nuestra sociedad.
Incluso aún en los países donde la regulación en el espacio digital existe, los Estados han permitido que el poder de las plataformas digitales se ejerza sin mecanismos reales de rendición de cuentas. Mientras tanto, la violencia digital contra las mujeres crece de forma alarmante y el algoritmo patriarcal continúa impune.
La violencia digital no es una extensión menor de la violencia machista. Es una de sus expresiones más agresivas: difusión de contenido íntimo sin consentimiento, explotación sexual digital, deepfakes, sextorsión, espionaje digital, acoso coordinado y discursos de odio.
No se trata de hechos aislados. Es una economía: la economía de nuestra intimidad.
Una economía que se sostiene porque hay plataformas donde estos contenidos circulan, algoritmos patriarcales que los amplifican y empresas que obtienen ganancias del tráfico que generan.
Para dimensionar el tamaño de ese poder basta mirar los números. Solo Meta registró ingresos cercanos a 200 mil millones de dólares durante 2025, una cifra muy superior al PIB anual de Ecuador, por ejemplo, que reportó 130 mil millones de dólares.
Estamos frente a corporaciones cuyo poder económico rivaliza, por mucho, con el de algunos Estados.
Por eso la discusión sobre violencia digital no puede seguir reduciéndose a la responsabilidad individual de quienes publican o comparten contenido, ni limitarse al ejercicio penal en los países donde el delito ha sido tipificado. El problema es estructural y requiere respuestas estructurales globales.
Los gobiernos no pueden seguir tratando a las plataformas digitales como si fueran actores intocables.
La violencia digital ha demostrado que la autorregulación de las plataformas simplemente no funciona. Durante años han prometido mejorar sus normas comunitarias, reforzar sus sistemas de denuncia, desarrollar tecnologías de moderación o abrir mesas de trabajo con la sociedad civil. Pero la justicia sigue encontrando el mismo muro: procesos lentos, respuestas automáticas y nuestra intimidad expuesta en internet durante semanas, meses o incluso años.
Mientras tanto, plataformas de mensajería como Telegram continúan alojando grupos donde se intercambian, venden o distribuyen imágenes íntimas sin consentimiento, convertidas en mercancía para el entretenimiento digital. Y aun así, las respuestas de las plataformas muchas veces no llegan nunca.
Por eso es urgente que los Estados asuman su responsabilidad: exigir rendición de cuentas a las plataformas tecnológicas.
Los gobiernos deben obligar a empresas como Meta, Google, TikTok o X —y a todas las que surjan— a cumplir estándares internacionales de derechos humanos, transparentar el funcionamiento de sus algoritmos y sus códigos, establecer canales de comunicación efectivos con autoridades y organizaciones de la sociedad civil y actuar con rapidez frente a la violencia digital.
Por ello, es justo reconocer cuando existen avances. El “Primer Acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas para el plan integral contra las violencias en el ámbito digital”, presentado este 11 de marzo de 2026 por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, representa un primer paso.
Y lo reconozco porque desde la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales fuimos de las primeras en exigirlo.
Mientras escribo estas líneas me encuentro en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, participando en la sesión en Commission on the Status of Women, por sus siglas CSW edición 70 . Aquí he escuchado a líderes y lideresas de distintos países afirmar que el primer paso para enfrentar la violencia digital es reconocerla legalmente.
En México, gracias al movimiento Ley Olimpia, ese paso ya lo dimos y marcamos un precedente histórico mundial.
No solo impulsamos una legislación pionera, sino que hoy estamos avanzando en algo aún más complejo: la implementación. Desde los procesos de investigación hasta el diseño de un modelo que pone en el centro la responsabilidad de los terceros actores que permiten la automatización de la violencia sexual en internet: las plataformas digitales.
El acceso a la justicia de las víctimas de violencia digital enfrenta barreras institucionales profundas. La investigación y la reparación integral de las víctimas dependen, en gran medida, de la cooperación de estas empresas. Por eso se vuelve imprescindible exigir mecanismos de cooperación jurídica internacional que obliguen a las plataformas a colaborar en los procesos judiciales.
Exigir, como primer paso, que las plataformas eliminen los espacios que funcionan como mercados donde nuestros cuerpos desnudos se convierten en diversión para los usuarios. Pero también aspirar a algo más ambicioso: un futuro digital donde ni siquiera sea posible subir este tipo de contenidos.
Las plataformas están siendo cómplices.
Debemos aspirar a decirles a las próximas generaciones que hubo un momento de la humanidad donde la intimidad sexual podía ser violada en internet sin consecuencias, pero que ese momento terminó.
No es censura. Es responsabilidad. Ese es el debate del futuro.
Aunque también, hay que decirlo con claridad: este acuerdo en México debe ser apenas el comienzo. Porque si todo se queda en acuerdos voluntarios por parte de las empresas, la justicia en la práctica nunca llegará.
Por eso el llamado es claro: el espacio digital no puede seguir siendo un territorio con reglas del poder imperialista.
Si los Estados renuncian a regular a las empresas digitales, entonces están renunciando a proteger los derechos humanos en uno de los ámbitos más importantes del mundo contemporáneo.
La pregunta ya no es si los gobiernos deben intervenir.
La pregunta es cuánto daño más están dispuestos a permitir antes de accionar.
No puede seguir teniendo más protección contra la publicación de una canción de Disney que la intimidad de las personas en los espacios digitales.
Fundadora del movimiento Ley Olimpia
