En el complejo tablero de la política, el control de la información siempre ha representado una pieza sumamente codiciada. Sin embargo, en el Irán de inicios de 2026, lo que estamos presenciando no es simplemente la censura impuesta a la prensa independiente por un régimen autoritario, sino el intento de "desaparecer" la realidad.
Mientras las calles de Teherán, Mashhad e Isfahán vuelven a llenarse de ciudadanos que claman por justicia y reformas económicas estructurales, el régimen de la República Islámica ha respondido con una arma efectiva, letal y silenciosa: el apagón digital total.
En Irán, el acceso a internet y a las redes sociodigitales es controlado por el Estado, el cual, para controlar la información y evitar la visibilidad de las protestas ciudadanas, efectúa frecuentes bloqueos a plataformas como WhatsApp, Instagram y X (Twitter).

Históricamente, los gobiernos autoritarios han utilizado la censura para controlar la narrativa. En Irán, la censura ha evolucionado hacia el "suicidio digital". Cuando un Estado decide desconectar a 85 millones de personas de la red global, está emitiendo una confesión de culpabilidad. El bloqueo a internet es el síntoma inequívoco de que el poder ha perdido el argumento de la razón y solo le queda apostar por la fuerza.
Desde la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022, la sociedad iraní comprendió que, para el régimen, un teléfono móvil puede ser más peligroso que un fusil.
Mahsa Amini fue una mujer iraní de origen kurdo que fue arrestada y torturada por la policía religiosa islámica por no usar su hiyab correctamente. El 16 de septiembre de 2022 falleció en el hospital Karsra, en Teherán, debido a “herida en la cabeza”.
La muerte de Mahsa generó el movimiento "Mujer, Vida, Libertad", demostrando que, la imagen de una injusticia, multiplicada por la velocidad de las redes sociodigitales, tiene la capacidad de desestabilizar décadas de adoctrinamiento.
El presidente de Irán es Masoud Pezeshkian, quien asumió el cargo el 28 de julio de 2024. Sin embargo, el poder radica en el Ayatola Ruhollah Jomeini, líder supremo de Irán desde 1989.
Irán ha invertido miles de millones de dólares en la creación de su Red Nacional de Información (NIN), denominada la "Intranet Halal".
Este proyecto, inspirado en el Gran Cortafuegos de China, busca crear una burbuja digital donde los servicios esenciales —banca, hospitales, administración pública— funcionen de manera interna mientras la conexión con el mundo exterior (la World Wide Web) es contenida por el régimen a su capricho y voluntad
Esta dualidad es perversa. Permite al Estado mantener la economía básica funcionando bajo su vigilancia, mientras corta los canales de comunicación de los manifestantes. En las últimas semanas de protestas, hemos observado el uso de técnicas de whitelisting o listas blancas: solo las IP autorizadas por el gobierno tienen acceso a la red.
Esto crea un escenario orwelliano donde los líderes del régimen, como el Ayatolá Jameneí, continúan publicando su propaganda en plataformas prohibidas para el resto de la población, como X (antes Twitter) o Instagram, mientras el ciudadano común se enfrenta a una pantalla en negro si intenta enviar un mensaje de WhatsApp pidiendo auxilio.
A pesar del autoritarismo digital del régimen, las redes sociodigitales siguen siendo el campo de batalla simbólico importante. En un país donde los medios de comunicación tradicionales son portavoces del Estado, plataformas como Instagram y Telegram se han convertido en las "plazas públicas".
Para la Generación Z iraní —los nativos digitales que hoy lideran las protestas— la red no es un lujo, es su identidad. El uso de VPN (Redes Privadas Virtuales) se ha convertido en un acto de desobediencia civil cotidiano. Se estima que, a pesar de los bloqueos, más de 80 por ciento de los jóvenes utilizan herramientas para saltarse la censura.
Sin embargo, el régimen ha respondido criminalizando la venta y el uso de estas herramientas, persiguiendo a los desarrolladores, tipificando el acceso a la información como delito de "corrupción en la tierra", un cargo que en Irán puede derivar en la pena de muerte.
El papel de la diáspora también es crucial. Un video de diez segundos grabado por un estudiante en una azotea de Teherán puede tardar horas en superar los filtros de interferencia (jamming) y llegar a servidores seguros. Pero una vez que cruza la frontera digital, el papel de las redes sociales es amplificar ese grito.
La diáspora actúa como un megáfono, traduciendo y difundiendo las imágenes que el régimen intenta ocultar. Esta simbiosis entre el activista interno y el comunicador externo es lo que mantiene viva la presión internacional.
La historia nos permite constar una constante macabra: cada vez que internet cae en Irán, aumenta el número de muertos en las calles. Durante el "Noviembre Sangriento" de 2019 y las protestas de 2022, los cortes totales de red precedieron a brutales masacres.
Sin la mirada vigilante de la comunidad internacional a través de las redes sociales, las fuerzas de seguridad —la policía de moralidad y los Basij— actúan con total impunidad. El bloqueo digital no es solo para silenciar a los manifestantes, es para evitar a los testigos.
En enero de 2026, los informes que logran filtrarse dan cuenta de centros de detención saturados y el uso de munición real en zonas periféricas donde el acceso a Starlink o redes satelitales es casi inexistente. La oscuridad digital es, en esencia, la zona de confort del verdugo.
Resulta paradójico que un régimen que se tambalea por una crisis económica decida sabotear su propia infraestructura digital.
El bloqueo a internet le cuesta a la economía iraní cientos de millones de dólares diarios. Las pequeñas empresas que dependen de Instagram para sus ventas, los desarrolladores de software y el sector logístico están siendo asfixiados por las mismas autoridades que prometen estabilidad.
Este es el dilema del dictador en el siglo XXI: ¿cuánto progreso económico estás dispuesto a sacrificar para mantener el control político? La pregunta podría recuperarse para ser considerada en el imaginario latinoamericano, en Cuba, por ejemplo.
Irán ha optado por el aislamiento. Sin embargo, esta estrategia tiene fecha de caducidad. La tecnología, por naturaleza, es líquida; siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. El aumento del contrabando de terminales de internet satelital y el desarrollo de redes mesh descentralizadas demuestran que el ingenio humano siempre irá un paso por delante de la burocracia de la censura.
El mundo no puede permitirse el lujo de la indiferencia. Lo que sucede en Irán no es una disputa interna sobre el uso del velo o el precio del combustible; es una lucha por el derecho fundamental a existir en la esfera pública y digital.
El bloqueo a internet en Irán es un recordatorio de que la libertad de expresión es el derecho del que dependen todos los demás derechos. Si no podemos ver lo que sucede, no podemos denunciarlo. Si no podemos escucharlos, no podemos apoyarlos. La pantalla en negro es un muro de Berlín digital que debe ser derribado.
A pesar de los esfuerzos del régimen por imponer el silencio, el grito del pueblo iraní sigue resonando. Porque al final del día, puedes apagar el router, puedes bloquear el servidor y puedes encarcelar al tuitero, pero no puedes borrar la conciencia de una generación que ya sabe lo que es mirar al mundo de frente. La resistencia en Irán ha demostrado que la verdad, a diferencia de la conexión a internet, no necesita una señal de alta velocidad para ser sentida en todo el planeta.