Claudia Sheinbaum inició su gobierno con la convicción de que la Guardia Nacional no se instalaría en la capital de México. Y, sin embargo, a tres años de su gobierno finalmente anunció que dicho cuerpo militar operará en las 16 alcaldías de Ciudad de México a partir de inicios de este año.
Durante la conferencia de prensa del miércoles 15 de diciembre, Sheinbaum aseguró que los cuatro mil elementos de la Guardia Nacional se coordinarán con los gobiernos de los estados colindantes en el patrullaje, así como en zonas con alta incidencia delictiva dentro de Ciudad de México.
A pesar de enfatizar que las labores de las y los policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana local no serán sustituidos, no detalló de qué forma va a intervenir la Guardia Nacional en las labores de seguridad pública.
Cabe recordar que a pesar de que en las últimas tres administraciones se ha dotado a las instituciones de seguridad pública federal de mayor poder, tanto normativo como de recursos, los resultados han sido deficientes.
Y, por el contrario, se han reportado más incidentes de civiles muertos por enfrentamientos con la Guardia Nacional.
Adicionalmente, existe un desgaste evidente en contra de las Fuerzas Armadas. Se ha advertido que si bien el uso del Ejército y de la Marina en tareas de Seguridad Pública ha conseguido recuperar en ocasiones la confianza de las personas y la estabilidad en espacios públicos, también la propia naturaleza reactiva ha mermado las garantías sociales y de los Derechos Humanos.
En especial, la expectativa sobre la seguridad no se modificó significativamente respecto a la percepción que se tuvo al inicio del 2021. De acuerdo con la última publicación de la ENSU, el 34.6% de la población de 18 años y más consideró que la delincuencia seguirá igual de mal en los próximos 12 meses y 24.8% consideró que empeorará. Esto sugiere que la incorporación de la Guardia Nacional, así como las medidas tomadas a nivel local, no han tenido un impacto significativo en la percepción de seguridad.
A esto se suma que la presencia del cuerpo militar no ha modificado la incidencia en la principal entidad colindante: el Estado de México. Por el contrario, ha habido quejas sobre el trato de los militares en el momento de las detenciones, de acuerdo con el estudio Análisis del despliegue de la Guardia Nacional en el Estado de México 2019-2020 del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE).
También se ha criticado la falta de requisitos cumplidos por parte de los miembros de la Guardia Nacional para cumplir con la normativa. Pero más allá de no contar con el certificado único policial, esto ha implicado un riesgo para su propia seguridad. En 2020, se tuvo registro de 56 enfrentamientos en los que participaron elementos adscritos y asignados a la Guardia Nacional. En dichos enfrentamientos se registró que 17 civiles armados fueron lesionados, 30 fallecieron y 22 fueron detenidos, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2021.
Por este motivo, el sumarse a la militarización de los tres órdenes de gobierno –una constante en esta administración, sobre todo, en las gubernaturas simpatizantes con la actual administración federal– y no definir sus tareas pone en evidencia que el plan de seguridad favorece más al grupo en el poder, en lugar del desarrollo socioeconómico de la entidad.
1 Gómez Zamudio, Carlos Guillermo, “La Guardia Nacional y su relación con la Seguridad Pública. Análisis de su instrumentación en el Estado mexicano”, Editorial Flores, Ciudad de México, 2019.
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2 Animal Político, “Enfrentamientos de Guardia Nacional dejan más civiles muertos que heridos o detenidos”, 24 de noviembre de 2021.
