Por Marco Zamarripa
La reciente captura de uno de los objetivos prioritarios y generadores de violencia en La Laguna, junto con otros presuntos operadores ligados a su célula criminal, es un hecho que celebramos con alivio y firmeza, pero con cautela. Este operativo, producto de la coordinación de las fuerzas de seguridad federales y estatales dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Plan de Seguridad Laguna, valida la eficacia de la presión ciudadana ejercida por diversos sectores productivos de la región el pasado mes de agosto.
La exigencia era muy clara, solicitar una intervención urgente a la Presidenta de la República, así como al Secretario de Seguridad Ciudadana, ante la falta de atención e interés demostrado por autoridades locales.
El centro de la petición, estaba basado en la extorsión sistemática y el cobro de piso institucionalizado, disfrazado de cuotas por grupos que operaban bajo la sombra de organizaciones sindicales y delictivas, amenazando la estabilidad económica regional.
No obstante, las declaraciones de la organización sindical deslindándose del detenido, evidencian una incongruencia entre el discurso y la realidad, pero, la sociedad ya no acepta narrativas sin sustento. "Excusatio non petita, accusatio manifesta".
Las autoridades no deben ignorar esta discrepancia, ya que siembra la duda sobre si la estructura sindical es utilizada como un escudo de impunidad para actividades criminales. La investigación que condujo a esta importante detención, no solo debe probar el delito de extorsión, sino también la posible existencia de una asociación delictuosa que se aprovecha de la fachada sindical para operar.
El verdadero éxito del Plan de Seguridad Laguna y de la Estrategia Nacional contra la extorsión no se mide solo en detenciones, sino en el debilitamiento y eventual erradicación de las estructuras que protegen a los delincuentes.
Es fundamental emplear todas las capacidades del estado para investigar a fondo las estructuras criminales que operan en la Laguna de Durango, desmantelar toda la red de extorsionadores que aún afecta a empresarios, agricultores, comerciantes y transportistas, en la región, y enviar un mensaje contundente: Ninguna organización está por encima de la ley.
Ni el fuero, ni la figura sindical deben ser un blindaje contra la delincuencia. La paz en La Laguna será sostenible cuando se desarticulen los vínculos entre la delincuencia y cualquier figura de poder, ya sea política o sindical.
Colaborador del Observatorio Nacional Ciudadano