Por: Arturo Peláez
Tras 10 meses de su aprehensión en Texas, el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, fue presentado el pasado miércoles ante el juez del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, ante quien se declaró “no culpable” de la acusación formal actualizada de conspiración criminal para distribuir cocaína. La próxima audiencia preparativa de un eventual juicio fue programada para el 7 de diciembre.
Este hecho tiene varios significados en torno a la compleja relación bilateral entre México y el vecino país del norte.
Naturalmente el interés periodístico y político se concentra en el escándalo, la sorpresa, la decepción, la sorna o el escarnio como ingredientes comunes del debate público en torno a la presunta responsabilidad del Ing. García Luna por los cargos que le imputa el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Pero más allá de las conclusiones que arroje el juicio al que será sometido el exfuncionario que reiteradamente se ha declarado como no culpable, el hecho en sí mismo se ubica dentro del complejo, pero inevitable sistema de relaciones entre México y Estados Unidos, donde este último episodio deja a nuestro país en franca desventaja.
Esta aprehensión confirma la posición desigual entre ambas naciones para la definición de una agenda compartida sobre los asuntos que más importan: la seguridad y la economía.
Mientras que el presidente Trump debe conciliar sus aspiraciones de reelección tras haber sorteado la posibilidad inminente de ser llevado a juicio político y enfrentar actualmente los costos políticos por el manejo de la pandemia de Covid-19, la investigación unilateral y aprehensión del exsecretario García Luna coincidió con la apresurada ratificación del Protocolo Modificatorio al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por el que se impusieron a nuestro país serias limitaciones en materia de manufactura de autos, protección ambiental y garantía de democracia sindical.
Por cierto, el Senado mexicano aprobó este instrumento sin mayor complicación por atender el trámite constitucional para formalizar aquello que los negociadores acordaron. Esta celeridad reitera el reducido margen de negociación frente a las prioridades de Estados Unidos.
Ahora bien ¿la acusación penal contra un prominente exfuncionario mexicano cambia en algo las condiciones estructurales de la relación bilateral? Me parece que lejos de cambiar el esquema, consolida el patrón histórico en el que Estados Unidos determina los términos de la colaboración económica y en materia de seguridad con México.
Al gobierno de México, por su parte, sólo le ha quedado la opción de adherirse a los hechos consumados mediante el propósito de consolidar una carpeta de investigación por idénticos delitos y con la pretensión de promover su extradición a México.
Es imposible saber si dicha carpeta realmente existía antes de que García Luna fuera aprehendido, pero cuando menos queda claro que el Departamento de Justicia rebasó en velocidad y eficacia a la Fiscalía General de la República, que recientemente aportó a la corte de Brooklyn documentos, grabaciones e historiales financieros para apoyar la acusación contra García Luna en el marco del Tratado de Asistencia jurídica Mutua entre México y Estados Unidos (MLAT, por sus siglas en inglés), vigente desde 1991.
Pese a que en aquel año la relación comercial entre México y Estados Unidos se desplazaba fluidamente hacia la expectativa de firmar un tratado comercial, el gobierno mexicano sólo pudo dejar señalado en los entendimientos del MLAT fueron formulados de manera, sí, unilateral.
Cabe recordar que ese tratado fue formulado para dar normalidad a prácticas invasivas de la jurisdicción del vecino del norte y tuvieron amplia notoriedad en el caso del Dr. Humberto Álvarez Machain quien fue sustraído ilegalmente del país y presentado en una corte estadounidense por su presunta participación en el asesinato del agende de la DEA, Enrique Salazar Camarena, en 1985. El Dr. Álvarez pudo regresar a México toda vez que no se acreditó su participación en esos hechos.
En la actualidad, el caso García Luna exhibe que ya no es útil invocar la soberanía nacional para resistir al control de la agenda bilateral por parte de Estados Unidos. Parece más productivo ubicar la relación con el país vecino en una posición más pragmática, en la que el gobierno mexicano reformule sus prioridades domésticas de seguridad y se asegure de llevarlas a cabo, pues mientras no brinde señales claras de que está decidido a fortalecer sus instituciones de seguridad y justicia, no tendrá argumentos suficientes para atemperar la asimetría de nuestra relación con Estados Unidos.
La lección acerca de estos hechos sugiere que la política de seguridad en cualquier lugar y en cualquier país, no puede depender de una sola persona, no importando el cargo que haya desempeñado o que actualmente desempeñe, sino en la credibilidad de un Estado democrático de Derecho que tiene leyes y se asegura de cumplirlas con independencia de agendas políticas o de coyunturas específicas.
Lo que resta es asumir que en materia económica y de seguridad, la administración Trump ha establecido claramente el tipo de cooperación con México y lo que está dispuesto a hacer para implementarla. Lo que aún ignoramos es qué va a hacer nuestro gobierno al respecto.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@PelaezGalvez
