Por: Manuel Vélez y Elisa Norio
En un artículo publicado en noviembre de 2020 por este diario, señalamos la necesidad de entender las extorsiones más allá de las narrativas y lugares comunes. Evidenciamos otros actores como servidores públicos y personas del sector informal que han participado en prácticas extorsivas aparentemente inofensivas como la comercialización de artículos pirata o bien, en la regulación del espacio público en las ciudades. Estos actores legítimos, en vez de usar la violencia ejercen su poder discrecional para obtener una renta social de forma parasitaria. Este tipo de prácticas las definimos como “extorsiones blancas ̈.
Pero estas extorsiones no las practican únicamente esta clase de actores; también la realizan algunos representantes de corporaciones sindicales y gremiales en distintos sectores. Aunque dichas corporaciones perdieron algunos privilegios e incidencia política después de la transición democrática, tienen integrantes que siguen operando en distintas áreas del país como estructuras de poder con autoridad para extraer una renta social de manera sistémica, mediante el cobro de cuota, o parasitaria, según convenga.
En el área de Monterrey, Nuevo León, por ejemplo, desde los primeros años de la década de los 90, líderes de sindicatos obreros exigían el pago de una cuota mensual - establecida discrecionalmente - a pequeños y micros empresarios para que se afiliaran[1]. La cuota de afiliación se traducía en una dádiva, fruto de lo que definimos como “extorsión blanca”, obtenida sin el empleo de la violencia, sino bajo la amenaza de organizar huelgas cooptando a los empleados o buscando irregularidades para detener sus actividades.
En el sector educativo, todavía existen miembros de grupos sindicales que usan su poder discrecional para decidir sobre la asignación por herencia de una plaza vacante o para emitir certificados de inglés a maestros que no conocen el idioma y sacar así una renta social. Recientemente, reportes de medios muestran que estos individuos han llegado hasta a una cierta sofisticación organizativa proponiendo soluciones de pago de la cuota en plazos[2]. En algunos desafortunados casos, integrantes del sindicato del sector educativo llegaron hasta verse involucrados en delitos graves, como el secuestro de los hijos de un empresario[3].
Por su parte, en ciertos municipios del Estado de México, Puebla e Hidalgo persisten asociaciones gremiales rurales que históricamente se han involucrado en las elecciones locales y han basado su poder económico y político de la mano de los gobiernos estatales y municipales. Aunque son muchos los delitos en los que se presume están involucradas estas asociaciones, la extorsión funge como eje articulador de estos. La solicitud de pagos, asistencia a mítines, entre otras actividades que sus integrantes deben realizar bajo promesas de tierras y demás bienes materiales que nunca serán cumplidas, son ya la estampa de estas asociaciones.
El reconocimiento de estos actores dentro de los diagnósticos de seguridad es infrecuente. Así, el submundo de estas extorsiones escapa del conocimiento público y de la toma de decisiones estratégicas por lo que solo es comprendido por quienes se involucran en los procedimientos judiciales cuando estos ocurren.
Los instrumentos convencionales de medición como las encuestas de victimización del INEGI quizás capten algunas de estas incidencias, pero el grado de agregación de los datos, la definición de las conductas y los alcances de dichos instrumentos no permiten una identificación precisa de los sujetos activos.
Lo mismo ocurre con los datos de carpetas de investigación y víctimas del SESNSP que, aunque elocuentes, no son 100% confiables y tampoco aportan información desagregada, a pesar de que exista una norma con fines estadísticos conocida por las 32 fiscalías y procuradurías estatales. Por su parte, sobre investigaciones penales y sentencias judiciales públicas por este delito, mejor ni hablar.
Consideramos urgente la elaboración de un diagnóstico de las extorsiones, pero debe ser radicalmente distinto de los que se han hecho hasta el momento. Tres son las características deseables para este diagnóstico: eminentemente local (ámbito urbano y rural), centrado en el estudio empírico de las normas (sociales y legales) y de los procesos de decisión, y enfocado en la caracterización de las relaciones de poder entre víctimas y sujetos activos. Un diagnóstico así permitiría producir evidencia accionable y oportuna para el diseño de políticas de prevención e investigación criminal.
Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano
@VelezManuel
Investigadora independiente de temas de delincuencia transnacional en México e Italia
@ElisaNorio
[1] Norio, E. (2017). Los sujetos activos protagonistas del fenómeno de la extorsión en la ciudad de Monterrey, NL, México - Análisis progresivo, de 1993 a 2016, mediante el estudio de artículos del periódico EL NORTE de Monterrey del Grupo REFORMA. Tesis de maestría en Análisis, Combate y Prevención de la Criminalidad Organizada y de la Corrupción. Universidad de Pisa. Disponible en: https://www.academia.edu/43025270/I_SOGGETTI_ATTIVI_PROTAGONISTI_DEL_FENOMENO_DELLESTORSIONE_NELLA_CITTA_DI_MONTERREY_NUEVO_LEON_MESSICO_20200512_123984_130tnz2
[2] El Universal (2019). “Me prometieron plaza por 100 mil”. 25 de Octubre. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/asi-vendian-plazas-de-maestro-en-michoacan-exigian-hasta-250-mil
[3] Fernández Menéndez, J. (2020). Mafia sindical: extorsión y secuestro exprés. Excelsior. 14 de Agosto. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/mafia-sindical-extorsion-y-secuestro-expres/1399812
