La denuncia en tiempos de Covid19

Observatorio Nacional Ciudadano

Alejandra Hernández García

En la coyuntura de la pandemia por enfermedad COVID19, nuestras fiscalías y procuradurías se ven obligadas a proporcionar los servicios de siempre con menor personal en sus instalaciones y con al menos un claro incremento en los delitos asociados a violencia de género como la violencia familiar (12.3%), la violación (21.2%) y el feminicidio (24.7%). (1)

Las instituciones de procuración de justicia desarrollan una actividad considerada como esencial, la de investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales para lograr una sentencia condenatoria y la reparación del daño hacia las víctimas. Sin embargo, lo primordial de esta actividad no se refleja en la distribución del gasto. En 2020, México gastó a nivel federal únicamente el 0.44% del PIB en Justicia, apenas 7.6% más en términos reales que en 2019, año con un gasto menor (0.42% del PIB) a 2018. (2) Además, la mayoría de estos recursos se destinan a impartición de justicia (69.3%) y en menos proporción a investigar y perseguir el delito (14%).

Frente a la pandemia actual, las fiscalías y procuradurías han implementado mecanismos no presenciales para la recepción de la denuncia. Tal es el caso de Coahuila, estado cuya Fiscalía General habilitó recientemente el sitio web Pre-Denuncia y un número telefónico de atención ciudadana. Sin embargo, este mecanismo aún requiere que en un segundo momento las víctimas acudan físicamente a ratificar su denuncia en fecha y hora agendada.

En contraste otros contextos cuentan ya con mecanismos que no requieren la interacción física entre el Ministerio Público y las víctimas. Este es el caso de Nuevo León, estado en donde la Fiscalía General ofrece la posibilidad de recibir denuncias e iniciar carpetas de investigación de forma remota. Desde 2019 cuentan con call centers conformados por agentes del Ministerio Público encargados de atender a las víctimas por medio de video llamadas.

Destaca también que, a finales del año pasado, la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puso en marcha el servicio de Denuncia Digital. Esta modalidad permite presentar una denuncia en línea, pero únicamente para un universo acotado de delitos y sin la interacción en tiempo real con la víctima. (3)

Pese a estos ejemplos de innovación, la adopción de soluciones tecnológicas para mejorar la atención hacia las víctimas y, en general, la satisfacción de todos los usuarios del sistema de justicia penal es un gran pendiente. Es evidente que la falta de recursos destinados al desarrollo de estas soluciones y la carencia de personal especializado en las áreas de tecnologías de la información y la comunicación (TICs), ha resultado en fiscalías y procuradurías con sistemas de gestión poco sofisticados y con modelos de atención ineficientes.

No es secreto que las áreas de TICs en estas instituciones se llenen con personal que no cumple con el perfil requerido, que los sistemas de gestión adquiridos no se adapten a las necesidades de las instituciones y que sus licencias y mantenimiento vuelvan incosteables con el paso del tiempo. Estos elementos son esenciales para entender que a nivel nacional aún no contemos con una oferta amplia y diversificada de servicios de denuncia virtual. Servicios que bien podrían hacer una gran diferencia para los usuarios y las instituciones en tiempos como este.

Coordinadora de proyecto del Observatorio Nacional Ciudadano
@_alehg

(1) Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para febrero 2020, en comparación con el mes inmediato anterior.

(2) Ver La seguridad de los mexicanos, lo prometido aún es deuda del Observatorio Nacional Ciudadano en  https://onc.org.mx/uploads/SeguridadMexicanos.pdf

(3) Se trata de los delitos de robo sin violencia, robo de autopartes, robo cometido en agravio de persona mayor de 60 años de edad o con alguna discapacidad, robo en lugar cerrado, robo de equipaje, robo de celular, robo en contra de transeúnte, fraude, abuso de confianza, daño a la propiedad (que no proceda de un hecho de transito de vehículo) y usurpación de identidad.

 

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