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Informe de gobierno: ¿un ejercicio de rendición de cuentas?

05/09/2019
02:11
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Marla Cortés

“No lo voy a leer todo eh…” dijo el presidente de la República al iniciar el mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno. Sí, tercero porque para él, el primero lo dio a los 100 días de su gobierno, el segundo cuando festejó un año del resultado de las elecciones el pasado primero de julio y éste, que, aunque constitucionalmente es el primero, para él es el tercero.

Formalmente, la presentación del informe de gobierno es un acto de rendición de cuentas y un medio de control del Congreso que forma parte del sistema de pesos y contrapesos que dan sustento al estado democrático.

En la Constitución de 1824 se estableció, por primera vez, la obligación de que el presidente rindiera un informe cada primero de enero. Por su parte, en la Constitución de 1857 se estipuló la obligación de rendir no uno, sino dos informes durante el año y, finalmente, en el artículo 69 de la Constitución de 1917, se asentó que el informe se presentaría en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, para dar cuenta del estado general que guarda la administración pública del país. 

El día del informe se revistió de ciertas actividades protocolarias. Se transmitía en cadena nacional el recorrido que el presidente desde le recinto oficial hasta el Congreso acompañado de su equipo.

Se televisaba también el mensaje que daba desde tribuna presentando al Congreso los logros y avances de su administración, las acciones de su equipo, los retos que enfrentaban y cómo pensaban sortearlos.

A partir de 1997, cuando el partido del presidente dejó de tener mayoría en el Congreso, estas prácticas se fueron modificando. Para el 2006, la bancada perredista impidió que el presidente Vicente Fox rindiera su informe. En 2008, para evitar este tipo de confrontamientos, se reformó el artículo 69 para eliminar la obligación del presidente de comparecer ante el Congreso.

Con esa reforma, se otorgó la facultad para que el Congreso solicitara, al presidente de la República, ampliar la información mediante preguntas por escrito, así como para citar a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, para que comparezcan y rindan informes bajo protesta de decir verdad, lo que se conoce como glosa del informe.

Pero, ¿qué es lo que se reporta en el informe? De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Planeación, deberá hacer mención expresa de las acciones y los resultados de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y, en su caso, los programas especiales, así como lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones del artículo 2o. Constitucional en materia de derechos y cultura indígena.

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo que el Ejecutivo Federal presentó el 30 de abril a la Cámara de Diputados, contenía dos partes: un documento de 64 páginas redactado por la Presidencia de la República y un segundo texto de 224 hojas con propuestas ciudadanas, indicadores, líneas base y metas a 2024, elaborado por el entonces Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación.

Aunque ambos documentos fueron publicados en la gaceta parlamentaria como anexos XVIII y XVIII bis, sólo el primero -que contenía la parte de discurso político- fue votado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio.

En este contexto ¿podemos decir que estamos ante un acto genuino de rendición de cuentas y en presencia de un verdadero sistema de pesos y contrapesos?

Al parecer, desde hace años, mediante este ejercicio, el Ejecutivo rinde su Informe sin comparecer ante el Congreso. La presentación de información verídica y comprobable de forma trasparente, accesible y clara es otro asunto.

Seguimos esperando que el Congreso actúe, independientemente del partido que tenga mayoría, como un contrapeso real que pueda establecer sanciones en caso de que encuentre deficiencias en la gestión puesta a su consideración.

Mientras esto pasa, nos corresponde como ciudadanos involucrarnos y participar en la vida pública, exigir y cuestionar por medio de los canales oficiales. Informarnos para elegir a nuestros votantes y, en general, participar activamente en la construcción de nuestra democracia.

Coordinadora de proyecto del ONC
Es licenciada en Derecho por el CIDE y maestra en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el CEPC.

Las opiniones expresadas por el articulista invitado son a título personal y no necesariamente coinciden con la línea editorial ni la postura del Observatorio Nacional Ciudadano.

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