¿Qué papel juega la voz de la ciudadanía en las políticas públicas para atender la violencia de género? La seguridad de las mujeres es un tema constante en la agenda pública, sin embargo, las medidas que se han llevado a cabo no han respondido de manera eficaz a esta problemática.
A nivel mundial, uno de los principales impulsores de la innovación del sector público en los últimos años ha sido el movimiento de gobierno abierto. Éste promueve nuevos enfoques para el trabajo de dicho sector, incorporando transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Involucrar de manera activa a la ciudadanía en las iniciativas de seguridad podría ampliar el diagnóstico de la problemática, mejorar el diseño de las políticas, y acompañar su implementación y evaluación, a partir de conocer y comprender las particularidades de cada territorio y los aspectos locales
Desde 2016, se declaró la Alerta de Violencia de Género en 7 municipios de Chiapas, entre ellos Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Ésta representa al conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para erradicar las violencias hacia las mujeres ejercidas por individuos o la comunidad. Pese a las reformas y constantes actualizaciones de la ley, la Alerta de Género en Chiapas permanece activa.
Delitos como feminicidio, violación sexual, violencia familiar, y lesiones dolosas se mantienen constantes en su afectación a la población femenina en los últimos años, según el seguimiento de las carpetas de investigación reportadas por la Fiscalía General de Justicia dado desde el Observatorio Ciudadano Chiapas.
En el 2020 en Chiapas, el delito de feminicidio registró un aumento de 43 por ciento en comparación con el año anterior, con una tasa 0.52 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2020. Las cifras alarmantes arrojadas en los números oficiales son un llamado para revisar nuevamente el contexto en el que las mujeres se desenvuelven y cómo se ven vulneradas en su día a día. Tener un panorama claro de estas agresiones puede permitirnos tomar medidas efectivas para garantizar de manera plausible el respeto por la vida digna de las mujeres desde el ámbito comunitario, coaccionando contra el hostigamiento hasta la violencia feminicida.
Según el Banco Mundial, la mayor parte del crimen tiene lugar cerca del hogar o del barrio de la víctima o del autor. De igual forma, las zonas marginales tienden a tener una mayor percepción de inseguridad. Los aspectos locales de la criminalidad y la violencia, como son la proximidad del espacio o el territorio, tienen un fuerte peso en la percepción de inseguridad de la ciudadanía.
La violencia no sólo impacta de forma directa a la vida de las personas, sino también al desarrollo económico y social, así como la gobernabilidad de la región. En este contexto, es importante recordar que tanto los ejercicios de gobierno abierto como los temas de seguridad son abordados dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Este ODS busca reducir sustancialmente todas las formas de violencia y trabajar con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad.
La seguridad de las mujeres no sólo es un tema de interés y urgencia para la ciudadanía, sino que también parte central de las políticas públicas de un Estado. Siendo la violencia y criminalidad una fuerte amenaza para el desarrollo sostenible de Chiapas y sus regiones, es de vital importancia considerar las posibilidades que ofrecen las prácticas de gobierno abierto para el fortalecimiento de las instituciones que abordan estas problemáticas. Asegurar un entorno pacífico también implica el uso del espacio público, garantizando los derechos fundamentales de las personas.
Busquemos nuevos modelos de gobernanza que respondan a las demandas de seguridad que tenemos como sociedad, en donde la relación entre la ciudadanía y las personas gobernantes se sustente en la cooperación y sobre todo, en la eficiencia de la rendición de cuentas sobre las medidas implementadas.