Por: Mario Maya
El caso del asesinato de Victoria en Tulum, la mujer salvadoreña que estaba refugiada en México, revela dos realidades: el abandono de las instituciones que refleja la poca capacidad de sus elementos para operar y la ausencia de sensibilidad social.
El censo más reciente del INEGI sobre personas detenidas detectó que casi dos terceras partes habían recibido golpes o maltratos al momento de la detención y más de un tercio habían sido estranguladas o sometidas a simulacros de ahogamientos. En una quinta parte de los casos la persona fue detenida sin una orden judicial y llevada a un lugar privado, en vez de una dependencia policial.
En México los asesinatos cometidos por policías, las detenciones arbitrarias y la tortura bajo custodia, son comunes. Se trata de un problema que es resultado de múltiples factores que incluyen la impunidad en el sistema de justicia y la falta de precisión de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que no limita su uso letal, ni especifica el tipo de armas para usar, ni el cómo, ni el cuándo.
En un artículo publicado por Human Rights Watch1, a consecuencia del asesinato de Giovanni López en mayo de 2020 tras haber sido arrestado por no utilizar cubrebocas, se argumenta que los abusos policiales comentidos en México deberían ser un foco rojo para llevar a cabo un proceso para profesionalizar a las fuerzas policiales. Es decir, invertir más en seguridad pública.
Contrario a esto, el gasto público en seguridad, incluyendo los recursos dirigidos a prevención, combate y justicia, representa menos 1% del PIB y, específicamente, para el tema de prevención, el presupuesto disminuyó 0.20% en 2019 a 0.18% en 20212.
Este manejo presupuestal pone en riesgo la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que tiene por objetivo el fortalecimiento de las policias locales para prevenir el delito, disminuir la incidencia, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones.
Lo anteior sin mencionar que para este año se eliminó el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), destinado a la formación y capacitación policial, incluida la compra de armamento y patrullas en los municipios del país.
El comportamiento y la operación de las fuerzas policiales están definidos por las condiciones precarias en las que laboran. En promedio, un policía gana 12 mil pesos al mes, pero además el 86% tiene que desembolsar dinero para equipamiento y hasta para gasolina. ¿Qué tenemos? Corporaciones policiales abandonadas, sin recursos, ni profesionalización.
Sin embargo, para el caso de Victoria no se necesitaban capacitaciones para notar un claro abuso. Se trataba de una mujer desarmada, esposada e inmovil. Es alarmante la indiferencia que demuestraron los elementos de la policía y las personas que pasaron frente al acto, al observar un excesivo uso de la fuerza y no hicieron algo para impedirlo.
Estar expuestos de manera continua problemas sociales puede afectarnos de distintas formas. Las múltiples noticias criminales que recibimos nos pueden hacer pensar que la violencia es algo común y lo grave es que lo común tiende a normalizarse y, por lo tanto, a invisibilizarse; a tal punto que podemos estar siendo testigos de un asesinato y solo nos quedamos observando. A Victoria no sólo la mató el uso excesivo de la fuerza, también la mató la ausencia de sensibilidad social.
México tiene una gran deuda. Victoria llegó de El Salvador con una visa humanitaria. Irónicamente, huyó de su país esperando encontrar una mejor vida para ella y para sus hijas. Hoy, Victoria está muerta y sus dos hijas están huérfanas.
@MarioMayaol
1 Human Rights Watch. 2020. “México debe reformar las fuerzas policiales”. Recuperado de: https://www.hrw.org/es/news/2020/07/24/mexico-debe-reformar-las-fuerzas-policiales
2 ONC. 2021. “Gasto público en seguridad 2019-2021”
