Marco Zamarripa
En las tierras áridas de la Comarca Lagunera, el agua ha dejado de ser un bien público para convertirse en el botín de una estructura criminal que ha evolucionado de la extorsión sindical al control institucional. En esta región, donde el agua es escaza, ha florecido una mafia que opera bajo las sombras de la legalidad, transformando lo que deberían ser organismos de gobernanza, en mecanismos de asfixia para los productores. La captura de un objetivo prioritario hace casi 100 días y señalado por extorsión, trajo alivio, pero no el cese total de la criminalidad. Reportes desde el campo indican que los métodos no desaparecieron, sino que cambiaron de manos; la estructura de extorsión fue heredada y ahora opera bajo el amparo de ciertos sectores que han institucionalizado el "cobro de piso". Lo que antes era un "huachicoleo hídrico" de cuotas hasta de $20,000 pesos por hectárea, hoy es un sistema de despojo con fachada administrativa. El ciclo agrícola 2026 arranca bajo una sombra de temor. Sujetos ajenos a las comunidades irrumpen de manera violenta en las asambleas ejidales, viciando los procesos democráticos, imponiendo a personas externas para controlar los módulos. Este asalto se sustenta en pilares de corrupción, personas que ni siquiera aparecen en el padrón de usuarios de Conagua, ni poseen derechos de agua superficial (requisitos para ser usuario del módulo), van tomando el control mediante el uso de actas de asamblea simuladas, como un barniz de legalidad a lo que en esencia es, un despojo institucional. El recrudecimiento de esta violencia no es casual; coincide con el anuncio de un ambicioso proyecto de tecnificación para el campo lagunero con una inversión de 9 mil millones de pesos (el gran premio a saquear). La situación es crítica debido al temor fundado entre los usuarios. El control territorial por parte de mandos vinculados a grupos criminales no es una sospecha, sino una realidad que se manifiesta en amenazas directas, impidiendo que los afectados realicen denuncias formales. El campo lagunero no puede seguir a merced de una dictadura hídrica. Es urgente que el Estado de Derecho regrese a los módulos de riego; estos espacios deben ser de gobernanza transparente y no la oficina de recaudación de una red que combina el poder político con la operatividad criminal. La autoridad federal debe intervenir de inmediato para administrar los volúmenes de agua y limpiar estas instituciones. De lo contrario, cualquier inversión en tecnificación solo servirá para engrosar las arcas de quienes han convertido un derecho humano en un negocio criminal.
Colaborador del Observatorio Nacional Ciudadano