La convocatoria del 8M de 2020 marcó un precedente en la historia de la capital de México. Marcharon más de 80 mil mujeres en protesta de los 11 asesinatos al día, la falta de acceso a la justicia y la indiferencia del gobierno. Pocos meses después, la pandemia alcanzó al país y la contingencia sanitaria vino a exacerbar la violencia por razones de género.

Por Paola Odiardi
 

Algunos centros de apoyo gubernamentales en Ciudad de México recibieron entre dos y tres veces más personas que en los años previos. El Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTAVDS), una dependencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), tuvo un incremento de 175% al cierre de 2020. Igualmente, el Centro de Atención a la violencia Intrafamiliar, también conocido como CAVI, triplicó los servicios de atención proporcionados en este año.

El año 2021 tampoco vino a ser la excepción; en especial tras las jornadas de vacunación que han permitido un paulatino regreso a las actividades cotidianas. CAVI y CTAVDS, atendieron 54% y 58% más mujeres o menores respectivamente que en 2020.

Dicho aumento pone en duda las capacidades operativas de la FGJCDMX, especialmente, porque de acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2020, se concluyó que la FGJCDMX “careció de indicadores vinculados con la atención integral a víctimas de violencia”,1 lo que significa que se desconoce el alcance y el éxito de los programas, así como la calidad de los servicios brindados.

Asimismo, la ASF concluyó una diferencia del 25.3% entre el presupuesto aprobado y el ejercido.2 En el cual se destaca, que el incremento se debió principalmente al ajuste en los honorarios. En el presupuesto de 2022,3 se tiene contemplado un monto de cerca de 8 millones,4 es decir, una séptima parte de los presupuestado en 2019.

Esta baja asignación de recursos en CDMX sigue la misma línea que se ha observado en otras entidades federativas, como Guanajuato, Chiapas, entre otros. También sigue la misma ruta federal, donde la administración morenista destina más recursos a los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” o “Sembrando Vida” que a los programas destinados al combate de la violencia y los feminicidios.

Este escenario es alarmante. En primer lugar, deja en desprotección a aquellas mujeres y víctimas indirectas, así como a las niñas, los niños y adolescentes de las familias agraviadas por la violencia de género; ya que no cuentan con los mecanismos para salvaguardarse y las excluye de los derechos civiles.

En segundo lugar, la violencia puede escalar al no ser atendida de forma temprana y culminar en lesiones dolosas, tentativa de homicidio o feminicidio. Cabe recordar que el 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres en 2020 ocurrieron en la vivienda.5

Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano
@prensapens

 


1 El documento completo se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/99826cf702cd32d033c0a9eccbd7c8919bb21a20.pdf.
2 El presupuesto aprobado en 2019 fue de de 45,450.0 miles de pesos, y el ejercido fue de 56,987.0 miles de pesos.
3 El Presupuesto de Egresos 2022, se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/servicios-al-contribuyente/presupuesto-de-egresos-2022.
4 La cuantificación financiera presupuestada es de 7,859,635 pesos MXN.
5 Comunicado de prensa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”, al 23 de noviembre de 2021.
 

Google News

TEMAS RELACIONADOS