¿Cómo es posible?

Observatorio Nacional Ciudadano

Marta Alcocer

Todavía hay en México lugares en los que las familias no viven en el horror, la violencia y la muerte cotidianos, y por ello no se encuentran en estado de emergencia permanente.

Sin embargo, también quienes vivimos en municipios tranquilos estamos tocados por el miedo a la inseguridad y la certeza de que en cualquier momento algo nos puede suceder sin que haya quien nos defienda. Porque nos llegan noticias de lugares muy cercanos que han sido tomados por la delincuencia. Y porque en todas o casi todas las familias hay alguien a quien una o varias veces intentaron asaltar, extorsionar, secuestrar, robar, amenazar, violar, herir, matar, y muchas veces lo han logrado, con tanto éxito que nadie los atrapó y siguen cometiendo fechorías impunemente.

La gran pregunta que nos hacemos sobre seguridad y de la que nadie parece tener una respuesta es: ¿cómo es posible? Porque todos sabemos que algo pasa y nadie entiende bien cómo es que llegamos a que lo que pasa pase.

Ignoramos qué hacen realmente por nuestra seguridad las autoridades aquí en donde vivimos, en el municipio, la ciudad, el pueblo, el barrio tranquilos y qué podemos hacer, como ayudarnos, para sentirnos confiados y cuidados.

¿Cómo es posible? es una pregunta que va más allá de hechos, narraciones y comentarios escuchados siempre en voz baja; ya la percepción de muchos es que vamos a peor, y si no vamos a peor estamos a punto porque hay impunidad. Vemos que se multiplican los delincuentes mientras los encargados de hacer justicia y que haya gobernanza se quedan como si nada, al grado de que a veces ya no sabemos quién está de qué lado.

¿Cómo es posible tanta impunidad? ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? ¿Qué pasa que nos sentimos cada vez más inseguros?

Vemos que ya montaron en el pueblo altas torres con cámaras de última generación para vigilarnos a todos, y de paso, gracias a unas bocinas, dar la hora y emitir una alarma en caso de sismo. Pero hasta ahora no podemos revisar lo que grabó una cámara, aunque lo solicitemos.

Vemos que hace dos años, en un vistoso y nuevo cuartel a la entrada principal a Malinalco se instaló de fijo la policía estatal; la misma que comete detenciones arbitrarias a jóvenes de la comunidad y los extorsiona.

Vemos cómo la venta al público general de solventes altamente adictivos crece año con año, día con día, a bajo precio, sin restricciones, lo mismo que el famoso cristal, una droga barata e ilegal que incluso dicen que aquí se fabrica, sin que la policía haga suficiente para evitarlo.

Nos preguntamos cómo es posible que en cada vez más chavos que viven en Malinalco, algunos aún niños de primaria, se reúnen para inhalar solventes que contienen tolueno, una sustancia derivada del petróleo y el carbón mineral, altamente adictiva, que después de un tiempo de usarla deteriora su visión, su oído, su inteligencia, sus riñones, su cerebro, su hígado, su sistema reproductivo, su sistema inmunológico, y los mata jóvenes, como los enferman sin remedio otras drogas como el cristal.

Y la mamá, el papá, los maestros de escuela no encuentran cómo evitar que sus hijos y sus alumnos caigan en el vicio. Vemos el estado en que se encuentran estos pobres muchachos de Malinalco. No entendemos cómo es posible que los gobiernos municipales, éste y los anteriores, no puedan encargarse de la seguridad de las familias para que sus hijos crezcan sanos.

Vemos cómo el que fue director de seguridad del Ayuntamiento durante el trienio pasado es declarado culpable de haber matado a un policía querido y respetado por la comunidad, para robarle el dinero que llevaba a Malinalco para los adultos mayores. Se hizo justicia y el delincuente se encuentra en la cárcel. Un director que, se escuchaba por todos lados en voz baja, daba chamba sólo tres días a la semana a cada policía municipal y los obligaba a entregarle el resto dinero que debían ganar si trabajaran como decía su contrato, de tiempo completo. ¿Cómo fue posible? El miedo no anda en burro.

Escuchamos de secuestros exprés, de perros y gatos envenenados por desconocidos, de robos a casa habitación, algunos con lujo de violencia, de intentos a veces exitosos de extorsiones telefónicas que no cesan, de cadáveres que tiran no se quiere saber quiénes en el río Chalma cerca de la Planta Alameda, de amenazas de policías a pequeñas comunidades para que nadie salga de su casa en la noche sin que la gente sepa qué pasa, de la renuncia de taxistas a hacer viajes al pueblo de San Andrés porque está pegado a Morelos y es un polvorín. Todo y más, las voces del pueblo se escuchan susurrantes.

Es el temor permanente, la falta de información, la impunidad: ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Está pasando o no? ¿Qué va a pasar? No hay declaraciones oficiales, andamos a la deriva. Pareciera que no sucede nada, que todo está en orden; es la normalización de la violencia.

¿Cuál violencia?
Sólo un caso a manera de ejemplo. El de Dalia. Lo cuento en pocas palabras. Hace casi año y medio el padre de sus hijos la macheteó hasta dejarla inconsciente. Si no murió fue porque una sobrina de él se dio cuenta y le gritó ya déjala, ya déjala y él le hizo caso. El niño de Dalia, de entonces ocho años, testigo del intento feminicida de su papá, corrió a buscar la ayuda de unos vecinos que llamaron a la ambulancia.

Como estuvo en coma durante varios días, el ministerio no le tomó declaración a Dalia, y no fue sino hasta que comenzó a recuperarse y salió del hospital que ella misma fue a hacer la denuncia. Había perdido un ojo, parte de los dedos de la mano y la movilidad de un brazo, y su cara tenía heridas que ya cicatrizaron.

A pesar de que había testigos y de la acusación directa de la víctima, la policía no buscó al agresor, que seguía viviendo en el pueblo, para detenerlo enseguida. El Observatorio Ciudadano de Malinalco (OCM) tomó este caso, logró que el crimen se tipifique como intento de feminicidio, y acompañó a Dalia durante todo un proceso que ha durado ya más de un año en el que ella tuvo que ir varias veces a declarar, explicar y recibir evaluaciones sicológicas al Centro de Justicia para las Mujeres, que se encuentra casi en las afueras de Toluca, adonde el transporte colectivo es escaso y hay que llegar en taxi o con alguien que tenga vehículo, y perder un día de trabajo.

Otras personas víctimas de diversos delitos que se atreven a denunciar abandonan el seguimiento de su caso antes de que se dicte sentencia por las trabas que la burocracia impone en su camino, lo costoso de éste, la necesidad de andar de aquí para allá a pesar del malestar por las heridas infringidas que aún no sanan, la discapacidad provocada por el delincuente que hace más arduo moverse, la dificultad que tienen las víctimas en situación de pobreza para llenar papeles, entender lo escrito en términos legales, estampar firmas, acudir a una y otra y otra oficina y oficialía de partes y el ministerio y el sicólogo, y que interroguen al niño que fue testigo. En el caso de Dalia, sólo por su fuerza moral, su empeño y el apoyo del OCM ella ha logrado sortear estos obstáculos.

Entonces: ¿Cómo es posible que ante un crimen de ese tamaño cometido desde octubre de 2018 aún no se haga justicia?
Por más que quieran hacer justicia, los empleados de gobierno suelen trabajar en condiciones adversas, hay muy pocas personas para atender tantas denuncias, tanto papeleo y tanta información, que se va acumulando hasta que alguien la archiva o, a veces, logra emitir un dictamen.

Se oye decir sobre el caso de Dalia a una persona del pueblo: ¿Será que, como sucede siempre (así lo ve), alguien pagó para que no detengan al culpable? ¿Será que el hombre que la macheteó tiene influencias?

Para caminar hacia un México seguro es necesario desenredar la madeja de impunidades en la que participan muchos actores. Ello implica mirar lo que sucede día con día en los municipios, trabajar con los poderes, las víctimas y las organizaciones locales; averiguar qué percibe la población, cómo se siente, qué propone, y diseñar y llevar a cabo una estrategia urgente de resistencia y legalidad que nazca de la mirada de las comunidades y que incluya a los encargados y líderes sociales en materia de educación, cultura, desarrollo integral y todos los demás. Es en el ámbito local donde el delito se puede prevenir.

Observatorio Ciudadano de Malinalco
@OMalinalco

 

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