Durante las últimas tres décadas se registraron a nivel global diversos movimientos civiles y políticos que lucharon por nuevas libertades. Dentro de estas contiendas sin duda destacan las libertades informativas y la protección de los datos personales. En una gran cantidad de países el derecho a la información y la transparencia fueron reconocidos como nuevas garantías que ampliaron la práctica ciudadana. Esta libertad dotó a las personas de la posibilidad de acceder a información pública y obligó a las instituciones que se sostienen del erario a permitir el escrutinio social.
El reconocimiento de las libertades informativas trajo consigo no sólo la creación de organismos independientes del poder político, sino también una serie de cambios sociales que antes no existían: nuevas organizaciones civiles, programas académicos especializados, expertos en la materia, instituciones anticorrupción, periodismo de investigación, etcétera.
En México durante la construcción de las primeras leyes de transparencia y acceso a la información, el legislador consideró la creación de entidades que vigilaran estos derechos. La creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) fue en respuesta a las exigencias sociales para garantizar las libertades informativas. Lo mismo ocurrió en los 32 estados donde se fundaron instituciones con características particulares. Sin embargo, estas divergencias normativas y la cultura de resistencia a la transparencia se convirtieron en un problema, dado que las normas contemplaban distintas formas de ejercer el derecho a saber. Esta situación orilló a una reforma constitucional y a la aprobación, en mayo de 2015, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. A partir de estos cambios, se dotó de autonomía constitucional a los organismos encargados de llevar a la práctica estos derechos.
La autonomía del INAI se desarrolló paralela a la autonomía de los organismos locales y al nacimiento de nuevas estructuras, como el Sistema Nacional de Transparencia (SNT). Estas mejoras han consolidado un nuevo modelo de rendición de cuentas, la cultura de lo público y la protección de lo privado. Podemos afirmar que la independencia de los organismos del poder político es uno de los mayores avances en materia de transparencia y acceso a la información registrados en el país durante los últimos años.
Para que toda institución funcione, es necesario que se adapte al contexto social y político del momento. En el caso del INAI, desde la publicación de la Ley General de Transparencia se desarrollaron herramientas y se pusieron en marcha innovadoras políticas públicas. Tal fue el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que posibilita a las personas acceder a lo público desde cualquier lugar con conexión a internet.
Como parte de estos cambios, el INAI se adaptó a las nuevas políticas nacionales de austeridad. Durante los años 2018 a 2021 el Instituto presentó una disminución presupuestal del 17.6%. Los sueldos también se redujeron durante dicho periodo y se eliminaron prestaciones en todos los altos mandos, como apoyos de transporte, seguros de gastos médicos y seguro de vida, entre otros rubros. Además de lo anterior, todas las Direcciones presentaron reducciones en sus presupuestos. En el INAI las políticas de austeridad continuarán bajo la filosofía de hacer más con menos. Esto implica para los servidores públicos reinventar las formas de trabajo para cumplir con el deber institucional.
