El legítimo derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos para votar y ser votados, es una importante responsabilidad democrática que nos compromete a elegir de manera libre y directa a nuestros representantes populares (diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y presidentes municipales), que tendrán la gran labor de representar los intereses de la sociedad.
Lamentablemente, para aspirar a este tipo de cargos, nuestra Constitución y las leyes electorales no contemplan requisitos relativos a la formación, trayectoria y experiencia profesional de los candidatos a estos puestos, incluso funcionarios federales o titulares de organismos constitucionales autónomos como la CNDH, CONADE, CRE, etc., por lo que hoy pareciera algo muy fácil registrarse por uno u otro partido en busca de un puesto que es vital para ayudar a este país a mejorar en todos los sentidos. Hoy vemos a más y más aspirantes con poca o nula trayectoria política, y en algunos casos más alarmantes, con poca o nula preparación académica como para pensar en ser un representante de la ciudadanía. Y así vemos a diferentes personajes ajenos a la vida política de carrera que se han afiliado a un partido sin experiencia en la administración pública, lo cual es preocupante.
Es fundamental aclarar, que las legítimas demandas de los ciudadanos mexicanos son una realidad y no se pueden tomar solamente como parte de un discurso con muchos compromisos y buenas intenciones; por lo tanto, los ciudadanos debemos participar de manera informada en el proceso electoral para poder elegir de manera responsable a los candidatos y candidatas con las mejores propuestas, y no a personajes del ámbito artístico, deportivo (luchadores retirados, boxeadores, exfutbolistas y exatletas olímpicos), comediantes, exreinas de belleza y cantantes que son víctimas de los mezquinos intereses de la partidocracia que solo le interesa la fama y el arrastre que estas figuras tienen con el público para alcanzar el 3% del total de votos registrados en el padrón electoral, que les permitan conservar su registro y seguir haciendo de la democracia un negocio de familia o la oportunidad para seguir viviendo de las millonarias cantidades que se les entrega a los partidos políticos, dinero que bien podría ser usado para garantizar el abasto de medicamentos y tratamientos para niños y mujeres con cáncer o enfermedades crónico-degenerativas o terminales.
Ante los malos resultados en materia económica, deportiva, seguridad, salud, administración de justicia, educación, investigación científica, generación de energías renovables, autonomía alimentaria, apoyo a los productores del campo, libertad de expresión, inversión de capital privado, generación de empleo productivo y administración pública, los mexicanos debemos alzar la voz y exigir que para ser parte de nuestros representantes populares existan una serie de reformas constitucionales y administrativas que garanticen la participación de personas con formación profesional y verdaderas capacidades que garanticen verdaderas soluciones a los graves problemas de este país. No se trata de realizar nuestro voto con responsabilidad, sino de exigir la misma responsabilidad a los partidos y a quienes los rigen, para que sus opciones a funcionarios públicos realmente valgan la pena y no sean solamente figuras que utilizan como parte de la estrategia para que esos partidos sigan existiendo.
