Una semana tras los terremotos de septiembre de 1985, un artículo editorial de EL UNIVERSAL señaló que el siniestro fue la única manera en que México descubrió el extremo al que llegaban las autoridades con el abuso policiaco en CDMX.
A los damnificados se sumaron las víctimas, con signos de tortura, que aparecieron entre los escombros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), organismo que precedió a la actual Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
En este Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Mochilazo en el Tiempo retoma la cobertura que hicieron EL UNIVERSAL y EL GRÁFICO sobre el rescate de cuerpos que no perdieron la vida por el siniestro, sino por tortura, corrupción y abuso de poder.
El primer cuerpo era de un abogado
La mañana del miércoles 25 de septiembre del 85, el reportero Guillermo Valencia publicó una nota sobre el caso de Saúl Ocampo Abarca, un abogado penalista que desapareció la noche del jueves 12 de septiembre, justo siete días antes del terremoto.
En 1985, los judiciales impidieron a la prensa acercarse al derrumbe. Esta imagen del edificio de la PGJ es de 2017, cuando la marquesina del llamado "búnker" se desplomó durante la madrugada. Archivo EL UNIVERSAL.
El cadáver del abogado apareció tras el sismo, durante las labores de rescate, en el colapsado edificio de la entonces PGJDF, sobre la calle Gabriel Hernández (hoy calle Digna Ochoa) de la colonia Doctores, en condiciones por demás alarmantes:
“El cuerpo de Ocampo Abarca apareció maniatado, amordazado y encajuelado dentro de un vehículo localizado bajo los escombros de lo que fuera la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el pasado domingo”, expuso Valencia.
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Guillermo Valencia agregó que el entonces director de la Policía Judicial del DF, Raúl Melgoza Figueroa, declaró que “ese cadáver no apareció aquí, estaba encajuelado en un vehículo encontrado en la colonia Roma; estamos investigando”.
Cuando el reportero preguntó en qué calle de la Roma lo habían hallado, el funcionario no tuvo una respuesta; además, un portero presente en la escena afirmó que un ingeniero y varios empleados de la ICA (que participaron como rescatistas en la zona) comentaron haber visto el cuerpo directamente entre los escombros del edificio.
Tras el sismo de 1985, miles de personas perdieron la vida en los derrumbes, pero el caso de la PGJDF resaltó porque algunos cuerpos tenían aparantes señas de tortura. Hemeroteca EL UNIVERSAL.
Melgoza Figueroa permaneció mudo mientras otros entrevistados le recordaron que un perito del Servicio Médico Forense (SEMEFO) opinó “ése es un trabajo de judiciales”.
Es decir, había dos versiones de los hechos. Las autoridades afirmaban haber traído un muerto maniatado y encajuelado, sólo para dejarlo encajuelado -afuera de la Procuraduría- desde el domingo 15 de septiembre.
Mientras tanto, los propios rescatistas y otros testigos relataban que Saúl Ocampo yacía bajo escombros de las instalaciones de la PGJDF. Al mismo tiempo, Guillermo Valencia reportó que el abogado había recibido amenazas de muerte antes de su desaparición.
Luego de saberse lo anterior, varios abogados demandaron una investigación a fondo, pero además resaltaron que si los responsables eran parte de la propia Policía Judicial, “esto confirmaría las denuncias de mucha gente, en el sentido de que en la Procuraduría capitalina utilizan los métodos de la DIPD para desaparecer personas que les estorban”.
El único posible móvil que se identificaba era el apoyo del penalista a los movimientos de los trabajadores en la Unidad de Producción Agropecuaria, según dijo su viuda, Yolanda Raya de Ocampo.
La mayoría de los rescatistas que prestaron su ayuda en 1985 eran los mismos vecinos o trabajadores de las zonas de desastre. Hemeroteca EL UNIVERSAL.
La cobertura de Guillermo Valencia cerraba con la negativa de las autoridades a hablar de la presunta investigación que tenían en curso, como la calle en que encontraron al muerto, con respuestas como “no la conozco” y “la tenemos en el expediente y no la recuerdo de momento”.
Cadáveres de extranjeros torturados y detenidos de forma arbitraria
Al día siguiente de la noticia sobre el caso de Saúl Ocampo Abarca, la primera plana de este diario informó: “Más cuerpos torturados bajo lo que fue la PGJDF”, pero esta vez con el agravante de que todo apuntaba a la detención arbitraria de extranjeros.
Se trataba de más de diez colombianos aprehendidos en los “separos especiales” del edificio conocido hasta la fecha como “el búnker de la PGJ”. Dos de los presos, uno menor de edad, perdieron la vida dentro del inmueble y varios presentaban señas de tortura.
Identificar las pérdidas humanas fue una prioridad de los rescatistas tras el sismo, pero en muchos casos pasaron días de trabajo pesado en los derrumbes antes de acceder a los cuerpos. Hemeroteca EL UNIVERSAL.
De nuevo la situación era por demás sospechosa, pues a Juan Antonio "Johnny” Hernández Valencia, estudiante de 17 años, lo mandaron a los “separos especiales” tras detenerlo en la riña de una discoteca durante el primer fin de semana de septiembre.
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Tres días después, policías judiciales detuvieron a la madre del menor, Miriam Valencia de Moriones, para conducirla de inmediato a su domicilio en la esquina de Zempoala y Pilares en la colonia Narvarte, donde “decomisaron” un automóvil Mustang, tres mil dólares y ropa “para deportarla”.
Más extraño aún, se dijo que a "Johnny" Hernández lo encontraron con vida pero “murió por el derrumbe” …con una herida punzocortante en el tórax, mientras que se desconocía el paradero de su madre.
El joven Johnny había venido a México a pasar las vacaciones; la señora Miriam, había ido a la PGJ a buscar a su hijo. Queda claro que ninguno encontró lo que buscaba.
A diferencia de lo que ocurría en la PGJ, la mayoría de los sitios donde se reunían los cuerpos recuperados de los escombros estaban abiertos al público, como se ve en la imagen de la "morgue" del Estadio del Seguro Social, hoy Parque Delta. Hemeroteca EL UNIVERSAL.
Valencia averiguó que otros doce colombianos estaban incomunicados desde el 2 de septiembre, señalados como presunta banda de violadores, detenidos no en celdas de la corporación sino en el gimnasio de los judiciales. Aunque la cifra no quedó clara, varios de ellos habrían muerto indefensos en el temblor, atados de pies y manos.
Las autoridades de la PGJ dijeron que presentar al público a la “banda de delincuentes colombianos” estaba en planes desde el mismo día del temblor, pero primero dijeron que los habían entregado a la Procuraduría General de la República y luego que los presentarían el día 27. El día llegó y no presentaron a ninguno de los involucrados.
Un recuento a inicios de octubre arrojó que en total se recuperaron 31 cuerpos en los escombros de lo que fue la PGJDF, de los que al menos cuatro pertenecían a colombianos con señas de tortura. No se aclaró si el conteo incluía al abogado Ocampo Abarca.
Miriam Valencia "apareció" en esas fechas (siempre estuvo en la PGJ) y el martes 8 de octubre declaró ante el juez las torturas e invención de declaraciones por parte de la Policía Judicial, junto con Manuel Jiménez Uribe, uno de sus compatriotas.
Para el viernes 11, la madre del menor muerto le comentó a Guillermo Valencia que tanto ella como Jiménez Uribe habían recibido amenazas de muerte por parte de las autoridades mexicanas, a raíz de las revelaciones que hicieron sobre el sistema judicial.
En la esquina inferior derecha se ve una foto de los responsables de la muerte de Saúl Ocampo Abarca: el autor intelectual, Rafael Castañeda (der.) y su encubridor, el abogado Francisco Solórzano Ávila. Hemeroteca EL UNIVERSAL.
Ese día se supo que había “separos habilitados en el gimnasio” de los judiciales y que los presos que fallecieron no pudieron ponerse a salvo por encontrarse atados de pies y de manos desde tiempo antes del temblor.
Hasta el 7 de noviembre, la Secretaría de Gobernación informó que las personas colombianas detenidas en la PGJDF “fueron autores confesos de más de cien asaltos a casas habitación, violaciones, y actuaron en asociación delictuosa con una banda de asaltabancos”.
Sólo entonces dijeron que durante los arrestos les incautaron “enorme arsenal y droga”. También negaron cualquier forma de abuso y aseguraron que el parte médico descartaba la tortura como razón de las lesiones en los cadáveres, que “desafortunadamente murieron aplastados”.
A la muerte de “Johnny” Hernández se le dio “carpetazo” con el parte forense y ahora se hablaba de una confesión de Manuel Jiménez como cómplice de los delitos citados, quien habría narrado que sus lesiones se las causó él mismo “al tirarse al vacío para tratar de huir”.
Por último, el caso de Saúl Ocampo se dio por cerrado cuando atraparon al sospechoso -a quien la viuda del litigante había señalado como culpable desde el día en que denunció la desaparición de su esposo.
Se trataba de Rafael Castañeda Ceballos, presidente del Consejo de la Unidad de Producción Agropecueria, quien según las indagaciones habría pagado 3 millones de pesos a dos agentes policiacos para asesinar al abogado, que se encontraba litigando una herencia de más de 100 millones de pesos en que el hermano de Castañeda Ceballos salía beneficiado.
