Fernanda viajó desde El Salvador con sus dos hijos, luego del asesinato de su pareja. Tenía más de 5 meses en Tapachula viviendo en condiciones precarias. Estuvo en un albergue, pero no se sintió segura, por lo que decidió junto con otras dos familias pernoctar en el Parque Bicentenario desde hace dos semanas. Los tiempos de espera para obtener sus trámites migratorios han sido muy largos. Esperó dos meses a tener una cita ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para iniciar su solicitud de asilo, y desde hace casi tres meses ha esperado obtener su tarjeta de visitante por razones humanitarias. El 11 de marzo su situación cambió, ante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a esa frontera. Ese día agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) la subieron a uno de los 8 autobuses que llenaron y la trasladaron a Ciudad Hidalgo donde les extendieron un documento por razones humanitarias; a otras personas les entregaron un salvoconducto por 180 y 30 días. Lo que esperó por más de 5 meses se lo entregaron en un par de horas. Aún no sabe qué sucedió, pero imagina que la visita del presidente presionó. Esa no fue la suerte de miles de mujeres y sus familias que siguen viviendo en las calles tapachultecas a la espera de un documento migratorio.
María, Javier y sus tres hijos llegaron a México desde Honduras a mediados de 2021. El huracán Iota se llevó su casa, su situación económica es apremiante, sumado a la violencia comunitaria a la que están expuestos sus hijos cotidianamente. Después de casi un año de espera, hace unas semanas por fin recibieron una tarjeta de estancia por razones humanitarias con permiso para estar en el país por 30 días debido a la visita del presidente. Decidieron continuar su viaje hacia el norte del país. A pesar de que estas tarjetas fueron emitidas por el INM en Tapachula, Chiapas, los detuvieron en el autobús que viajaban y los llevaron a una estación migratoria. Fueron detenidos pese a que cuentan con documentos de estancia regular en el país, y de acuerdo con la reforma a la Ley de Migración la niñez, la adolescencia y sus familias no pueden ser detenidas bajo ninguna circunstancia. En la estación migratoria de Saltillo les quitaron sus documentos, incluyendo sus identificaciones hondureñas. Hace una semana los obligaron a firmar su retorno voluntario y fueron deportados en un vuelo directo a Honduras.
Estas no son historias aisladas, sino las que se repiten por cientos ante el actuar discrecional de los agentes de migración que responden a una política migratoria reactiva y desorganizada que criminaliza a las personas migrantes, incluyendo a las mujeres, las niñas, los niños y las adolescentes. Mientras tanto, el clima de rechazo y xenofobia aumenta en las ciudades que reciben personas desplazadas, sin ningún tipo de estrategia para garantizar condiciones de seguridad y sanidad para estas poblaciones. Las personas quedan expuestas a una serie de riesgos prevenibles si el Estado fuera capaz de cumplir con sus obligaciones en materia migratoria y de protección internacional. Ante la incertidumbre, la indiferencia y la humillación llega el enojo. Han circulado imágenes de personas migrantes derribando puertas, manifestándose, exigiendo atención. Se replica un discurso acerca de las personas en movilidad como agresivas, pero pocos se han preguntado que hay detrás de esas acciones. ¿Porqué las personas responden así? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado y las acciones que realmente lleva a cabo? ¿Porqué dejar a las mujeres y sus familias expuestas a los riesgos de pernoctar en espacios públicos? Y peor aún ¿Por qué el Estado deporta a personas que ya tienen una estancia migratoria regular y que son sujetas de protección internacional? ¿Bajo qué criterios se toman estas decisiones? ¿Por qué el propio INM desconoce la validez de los mecanismos que ellos mismos otorgan?
Para nadie es un secreto la política migratoria de contención que ha fortalecido el Estado mexicano desde 2019 cuando desplegó a elementos de la Guardia Nacional, y ha ido sumando al Ejército y la Marina, en labores de verificación y control migratorio, sin importar las condiciones de estancia de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. “Nuestro objetivo es contener lo más que se pueda a las personas en el sursureste…”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias mañaneras cuando se le cuestionó el uso excesivo de la fuerza de los agentes del INM y de la Guardia Nacional contra las personas que intentaron salir de Tapachula.
Aunque el discurso del presidente es de protección de los derechos de las personas migrantes, la realidad está lejos de eso. En un recorrido por Tapachula, que coincidió con la visita de López Obrador a ese municipio, se documentó cómo no hay una acción concertada por parte del INM para dar respuesta a las personas migrantes que se encuentran en esa frontera, por el contrario, hay respuestas aisladas y coyunturales. “El presidente estuvo, dijo, hizo, se fue y nos dejó” dice un agente del INM ante los hechos acontecidos después de su visita. En los días posteriores a su paso por ese lugar, cientos de familias esperaron afuera de las oficinas de regulación migratoria en Tapachula y Ciudad Hidalgo con la esperanza de correr con la suerte de Fernanda y sus dos hijos quienes recibieron una tarjeta de visitante por razones humanitarias, pero se topan con el muro de la indiferencia. Los agentes del INM emplean estrategias para entretener a las personas mientras esperan antes de decirles la verdad -les piden que hagan listas, que se formen por nacionalidades, luego separan a mujeres y niñez de los hombres y después les dicen que tendrán que esperar hasta mañana.
Esta estrategia del gobierno mexicano le apuesta a cansar a las personas, desgastarlas hasta un punto en que su esperanza se quebrante, las mantienen encerradas en una ciudad que no cuenta con la infraestructura para garantizarles condiciones dignas, mientras que los relatos que nos muestran en las noticias refuerzan la discriminación, la xenofobia y el racismo hacia esta población. Los discursos están muy lejos de lo que se vive en Tapachula, una ciudad fronteriza con apenas 350 mil habitantes y de los municipios más pobres de Chiapas. Las personas migrantes no son ni de cerca las “oleadas” o “avalanchas” que nos hacen creer, son apenas cerca del 10% de la población tapachulteca.
Detrás de esas escenas de enfrentamiento, de romper puertas y entrar a las oficinas de migración, de manifestaciones y del cierre de calles están las promesas rotas y la simulación del gobierno a través del INM que les condena día a día a vivir en condiciones de vulnerabilidad y a esperar ayuda humanitaria, esa ayuda que no brinda el Estado mexicano, y que es procurada por los organismos internacionales y en gran medida por las organizaciones de la sociedad civil que, atraviesan además uno de los momentos más álgidos para encontrar financiamientos para subsistir. Hoy en Tapachula hay una emergencia humanitaria, y como sociedad debemos indignarnos y actuar colectivamente.