Difícilmente, entre quienes no viven en Venezuela, es posible siquiera imaginar el estado de miedo que ocupa cada resquicio de la vida cotidiana del ciudadano venezolano. No es, como puede pensarse en un primer momento, un miedo específico, limitado al que producen las autoridades policiales y militares que actúan bajo el comando de la cúpula dictatorial. Hablo de una realidad que, de forma paulatina, ha ido penetrando todas las dimensiones de la existencia, a este extremo: una vez que ha copado la totalidad del espacio público se ha internado en las vidas de personas y familias, puertas adentro de sus hogares.
Suman millones los padres de familia que viven en estado de temor, porque saben que no están alimentando a sus hijos de acuerdo con los estándares mínimos necesarios, y porque tampoco tienen garantías de si podrán, mañana o pasado mañana, llevar a sus hogares algo de comer.
Es tal la precariedad de la estructura productiva, que no es posible saber si, de un día para otro, esta o aquella empresa se verá obligada a cerrar, o si el cliente al que se le presta un servicio seguirá en su oficina o si habrá huido del país. No hay día siguiente, no hay garantía alguna, no hay las más básicas certezas sobre si se obtendrán los mínimos ingresos para las más básicas demandas de la existencia.
Estos sentimientos son como topos que, a cada minuto, socavan el ánimo de cada persona. Desde que aparece el primer síntoma de cualquier enfermedad, la pesadumbre se aloja en los pensamientos del paciente y de sus familiares. En Venezuela hay dos realidades sanitarias: un sistema de salud público inexistente, degradado y corrupto, estructurado por una red hospitalaria en estado terminal; y hay un conjunto de clínicas y consultorios privados que con enormes dificultades logran mantenerse operativas, pero que resultan inaccesibles para más 90% de la población.
Cualquier familia venezolana no tiene nunca -desde hace más de diez años- la posibilidad de saber si habrá o no servicio de agua potable. Si dispondrá de electricidad hoy, mañana o la próxima semana. No saben en los barrios de la totalidad del territorio si las bombonas de gas para cocinar llegarán o no y, si llegan, cuál será su precio. Tampoco, por cuánto tiempo se prolongará la falla de Internet y la imposibilidad de comunicarse con los familiares que se establecieron en el extranjero.
Con el paso de los días ocurren una serie de fenómenos acumulativos: más basura en las calles; más vehículos amontonados en terrenos baldíos y garajes, que no pueden moverse porque no hay piezas de repuesto para adquirir; precios que se superan día a día; colas de extensión inaudita para conseguir un empleo o un lugar en un transporte atiborrado y en mal estado. He leído de trabajadores que caminan 80 kilómetros cada día, para ir y regresar de pequeñas tareas remuneradas, que apenas les alcanzan para mantenerse en estado de precaria sobrevivencia.
Escribo este artículo la madrugada del viernes 23 de enero. En la web de El Nacional está la denuncia que hace el Colegio Nacional de Periodistas del caso de Juan Francisco Alvarado, estudiante de periodismo apresado por denunciar en las redes sociales el desbordamiento de aguas negras (aguas cloacales) y el alarmante y peligroso deterioro de los transformadores eléctricos de la comunidad donde vive, en el estado Portuguesa, región occidental del país. El comunicado del CNP narra que Alvarado ha sido condenado a 15 años de prisión, acusado de rebelión e incitación al odio. 15 años por decir lo que está pasando. 15 años por advertir que los habitantes del lugar donde vive su familia, que los habitantes de la comunidad a la que pertenece, han sido condenados a la inmundicia y los malos olores de forma permanente.
Y es aquí donde me proponía llegar: ¿en qué lugar del funcionamiento de la sociedad confluyen todas estas realidades, estas problemáticas que afectan de modo directo y constante a cada habitante de la nación venezolana, y que convierten sus existencias en un inacabable calvario?
Confluyen en el deber de informar y en la necesidad de estar informado; en el derecho a expresar opiniones y percepciones de la realidad de los días; en el derecho a conversar e intercambiar criterios en el espacio público sobre las cosas que nos pasan, sobre nuestras expectativas y proyectos y, fundamental, sobre el contenido y los aspectos concretos de nuestros derechos. No es aceptable, bajo ninguna consideración, que a un simple ciudadano se le condene a una pena carcelaria tan brutal y desproporcionada, solo por hacer uso de un derecho consagrado en la Constitución (por cierto, ¿se está levantado una base de datos con los nombres de los jueces que dictan sentencias ilegales y atroces?).
El desmontaje de la dictadura en el poder no se producirá si no se libera de inmediato a Juan Francisco Alvarado; si no se restablecen las prácticas del periodismo independiente; si no ocurren, de forma sucesiva, una amnistía general y, a continuación, el cese irrestricto de la persecución a periodistas y usuarios de las redes sociales en todos sus formatos: amenazas, expedientes judiciales, secuestros, juicios, condenas, bloqueo de medios digitales, expulsión de corresponsales y medios de comunicación extranjeros, robo de equipos, expropiación de bienes y equipos de las empresas de comunicación y más. El Estado está en la obligación de garantizar el regreso de centenares de periodistas que han huido como exiliados o que han emigrado ante el peligro de ser detenidos y enjuiciados por ejercer su profesión.
El pensamiento que considera que un verdadero estatuto de la libertad de expresión en Venezuela se establecerá una vez que la dictadura haya sido superada, es un error conceptual y un determinismo que no advierte que la libre circulación de la información y la opinión son las herramientas cruciales del esfuerzo urgente por desmontar la narcodictadura que continúa aplastando a los venezolanos.
Presidente editor de El Nacional de Venezuela