Un ministro en el reclusorio

Miguel Carbonell

La visita que hizo en días pasados el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla tiene un significado profundo, por su dimensión simbólica y por lo que puede implicar para la vida de cientos de mujeres que están privadas de su libertad. 

Hasta donde tengo noticia, es la primera vez en la historia que un presidente de la Suprema Corte voltea a ver y acude personalmente a un establecimiento carcelario. No es frecuente que servidores públicos de ese nivel se preocupen por lo que sucede adentro de los centros de reclusión. Pero, además, Zaldívar no solamente acudió personalmente al reclusorio de Santa Martha, sino que lo hizo acompañado de su equipo de trabajo en la presidencia de la Corte y del director de la Defensoría Pública Federal, a quien se le encargó dar seguimiento a la situación de algunas internas cuyos procesos penales presentan claras irregularidades, tal como suele ser frecuente en el fracasado sistema penal mexicano. 

Sería bueno que a esa visita del ministro presidente siguieran otras del resto de integrantes del Pleno de la Suprema Corte, de los consejeros de la Judicatura Federal, de diputados y senadores, de Magistrados e incluso de los medios de comunicación, para darse cuenta de la cruel realidad que se vive en las cárceles mexicanas. Y estaría bien que esas visitas no solamente se hagan a reclusorios como el de Santa Martha, que se ha llegado a calificar como “la joya de la corona” del sistema penitenciario de la capital de la República, sino a otros en los que las condiciones de vida son absolutamente peores. 

Cualquiera que haya visitado alguna de las más de 400 cárceles que existen en el país sabe que los internos carecen de los elementos más básicos para su subsistencia. No tienen agua suficiente y potable para su consumo ni para su higiene personal. Las familias les tienen que llevar comida o dinero para comprarla en las tienditas del interior, debido a la pésima calidad del “rancho” que se les prepara  a diario. Los uniformes y los zapatos de los presos están en pésimas condiciones, a menos que ―de nuevo― cuenten con el apoyo de las familias. Las visitas íntimas se llevan a cabo en condiciones deplorables no solamente para intimidad, sino incluso para la dignidad de los internos y de sus parejas. Abunda el fenómeno del autogobierno y la venta de drogas de todo tipo al interior de los reclusorios. La corrupción proyecta su larga sombra entre sus altos muros. Y un largo etcétera de desgracias de todo tipo. 

Saliendo de su visita, en una rueda de prensa para los medios, el ministro Zaldívar hizo nuevamente un llamado para que se revise el modelo de la prisión preventiva en México, que es la medida privativa de la libertad que se decreta para quienes ―siendo todavía inocentes― se enfrentan a un proceso penal. Lo peor es que hay un número considerable de delitos en los que esa medida se impone de carácter “oficioso”, es decir de forma automática, constituyéndose como una clamorosa violación de derechos humanos que ha sido denunciada desde hace años. 
 
Según algunas estimaciones, el 42% de los presos en México no han recibido una sentencia que diga que son culpables de haber cometido un delito: están presos mientras se les sigue el proceso penal correspondiente, lo cual es inaceptable. En Tlaxcala ese porcentaje es del 71%, en Jalisco del 63%, en Michoacán del 61%, en Veracruz del 58% y así por el estilo. 

Las cárceles mexicanas han sido abandonadas por los gobiernos recientes. A los políticos no les interesa lo que ahí sucede. La sociedad cierra los ojos ante los muchos abusos que existen. Las familias de los presos pagan un precio altísimo para poder ayudarles y mantenerse en contacto. Los medios de comunicación se interesan solamente cuando hay motines o presos muertos y el resultado de todo ello es un lamentable fracaso del tamaño del Everest. 

Ojalá aprovechemos el gesto de Zaldívar para dirigir nuestra mirada hacia esos espacios salvajes, propicios a todo tipo de extorsiones y semilleros de delincuencia, que son nuestras cárceles. Por ellas pasan cada año miles de personas y familias. De su correcto funcionamiento depende la seguridad de todos.     
 

Abogado constitucionalista 

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