Otra barbaridad jurídica

Miguel Carbonell

Se han escrito múltiples análisis sobre el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre. Se trata del llamado “decretazo” por medio del cual se clasifican como de “seguridad nacional” los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal, por lo que se instruye a todos los integrantes del gabinete a inobservar las normas legislativas en la materia y dar autorizaciones provisionales para que tales obras inicien sin demora, a reserva de que 12 meses después puedan acreditarse los requisitos legales y expedir entonces las autorizaciones definitivas. Se trataría de un mal chiste, si la cuestión no fuera tan delicada. Por eso es que todos los análisis sobre el decreto coinciden en su absoluta inconstitucionalidad e ilegalidad.

Supongo que a varios de los integrantes del gabinete les debe haber costado mucho estampar su firma refrendando el decreto. A unos porque son abogados y saben del despropósito que están avalando, como es el caso del secretario de Gobernación. A otros porque conocen las implicaciones negativas que el decretazo tiene para sus ámbitos competenciales, como es el caso de la secretaria del Medio Ambiente o de la secretaria de Economía, la cual por cierto tiene a su cargo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a la que acaban de darle el tiro de gracia con el decretazo (poco es lo que puede aportar de ahora en adelante dicha Comisión, que es precisamente la encargada de analizar el impacto regulatorio de las iniciativas gubernamentales, puesto que desde la oficina más importante del gobierno se ha expedido la orden de ignorar por completo la normatividad aplicable).

Además de resultar violatorio de principios tan elementales como la jerarquía normativa y la necesaria subordinación de los actos ejecutivos a las leyes, el decretazo supone también una invasión de esferas a la competencia de las entidades federativas, pues incide en ámbitos como el medio ambiente, el turismo y la salud, en los cuales existen mandatos constitucionales que señalan la concurrencia de facultades entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Por lo tanto, la autoridad federal no puede ordenar que se dejen de aplicar normas que pueden ser de origen local y que se deben aplicar puntualmente por las autoridades de ese nivel de gobierno.

En todo caso, más allá de los evidentes problemas de técnica normativa y de desconocimiento jurídico que pone de manifiesto el decretazo, lo peor de todo no es eso, sino el absoluto desdén hacia la legalidad con el que ahora se conducen los asuntos del país. Las repetidas y groseras violaciones legales comprometen la imagen de México en el exterior (y la salida masiva de capitales del país es una buena señal de ello: solamente en octubre de este año salieron más de 257 mil millones de pesos en bonos respaldados por el gobierno de México), afectan el proceso de recuperación de la crisis y anulan la posibilidad de combatir la corrupción.

El decretazo hará más difícil la transparencia y la rendición de cuentas de las obras y proyectos de infraestructura, ya que ante solicitudes de acceso a la información se podrá invocar el argumento de la “seguridad nacional” para cerrar los archivos. Nos iremos enterando del costo y de los contratos del Tren Maya por ahí del año 2033, si tenemos suerte. ¿Qué se trata de ocultar con ello? ¿Es una respuesta a los cuestionamientos periodísticos sobre contratos arreglados y firmados con empresas fantasmas? ¿Quiénes se van a beneficiar de la opacidad de ejercicios tan significativos del gasto público?

Da pena ver lo pronto que se abandona, llegando al poder, la histórica bandera del combate a la corrupción. El decretazo parece ignorar que lo que México necesita es más rendición de cuentas, más transparencia y menos secretos oficiales, más sujeción a estándares internacionales y menos arreglos en lo oscurito.

Ojalá el decreto presidencial llegue a conocimiento de los tribunales y sean los jueces los que pongan orden en este desafortunado sainete. En una democracia el ejercicio del poder debe ser conforme a la ley, no conforme a designios personales que ignoran que tenemos un orden jurídico que hay que observar. O a lo mejor no es que lo ignoren, sino que deliberadamente deciden violarlo. Habría que recordarles, sobre todo a los secretarios de Estado, que en tres años habrá cambio en el poder y se analizarán con lupa sus actuaciones. Para todos será mejor que hayan ejercido sus cargos siempre con apego a la legalidad. No lo olviden.
 

Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
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