Ni paz, ni justicia

Miguel Carbonell

Este año que está a punto de terminar nos trajo muchas noticias sobre la pandemia, sobre las vacunas, sobre el trabajo para poner límites a los contagios, sobre el intento de regresar a la llamada “nueva normalidad”. Pero también vimos muchos mensajes sobre la terrible realidad de un país hundido en la violencia, frente a la cual las autoridades han sido cuando menos omisas, aunque en muchos casos también se les pueda considerar cómplices de diversas atrocidades.

Casi uno de cada tres hogares en México tiene al menos a una persona que ha sido víctima de la violencia en el último año. Las víctimas rebasan los 20 millones de personas. Los delitos de violencia de género han aumentado 27% entre 2019 y 2020, aunque algunas autoridades se empeñen en negarlo. El 93% de todos los delitos cometidos ni siquiera son denunciados. Hasta finales de septiembre de 2021 se reportaban más de 92,500 personas desaparecidas, de las cuales más de 20 mil habían desaparecido solamente en 2020. Se han descubierto a lo largo del territorio nacional más de 550 fosas clandestinas con restos humanos.

El 29% de las personas sentenciadas en México fueron acusadas de un delito tan grave como el homicidio. El 12% fueron encontradas responsables de la barbaridad del secuestro. El 11% de violación. Aunque solamente 1.3% fue responsable por hechos de violencia familiar (lo cual indica un sub-registro importante de denuncias o una inmensa falta de eficacia en las indagatorias correspondientes).

Ha habido recortes presupuestales escandalosos al sector de la justicia. En Jalisco le han quitado un 60% de presupuesto, en Guerrero un 52%, en Baja California Sur un 39%. Mientras que en Chihuahua cuentan con 32 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, en Nuevo León tienen apenas 3, en Sonora 3.8 y en Puebla 6. En promedio a nivel nacional cada agente del Ministerio Público debe atender 145 denuncias, aunque en Nuevo León cada agente debe atender en promedio 456 y en Sonora 326. Las comisiones de atención a víctimas reciben apenas el 1% del presupuesto destinado al sector justicia.

Solamente el 6.1% de los casos penales se resuelven a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias (cuya ley general en la materia sigue pendiente de ser dictada por nuestros negligentes legisladores federales). Un país como Costa Rica tiene 24 juzgadores por cada 100 mil habitantes; México solamente tiene 4.5. Tenemos una tasa de congestión judicial del 52% a nivel nacional.

Los datos podrían sumar cientos de referencias, pero seguramente los anteriores (que se pueden encontrar en el informe “Hallazgos” que presentó la organización México Evalúa y en la ENPOL21 del Inegi), ilustran con suficiencia que el país no solamente debe hacer frente a una monumental crisis de salud, sino que tenemos frente a nosotros un panorama pavoroso en materia de seguridad y justicia. Es obvio que las soluciones en este terreno no son fáciles y no será sencillo alcanzar en el corto plazo buenos resultados, pero también es cierto que debemos alzar la voz frente al tamaño del problema, para que los responsables se sientan llamados a tomar las medidas indispensables y a proveernos de un entorno que nos permita vivir en paz.

Se siguen presentando soluciones falsas, que no resuelven los problemas de fondo. Por ejemplo, de 2019 a 2020 hubo un incremento de 21% en el uso de la prisión preventiva. Seguimos encarcelando a personas que, según la Constitución, gozan de presunción de inocencia, pero que son privadas de su libertad para llenar la estadística de detenciones y encarcelamientos. Ese tipo de medidas no solamente no resuelven nada, sino que en muchos casos agravan la situación de delincuencia. Las cárceles son un fermento de actividades criminales y por ello debemos ser cuidadosos con aquellas personas que son enviadas a un reclusorio.

A los políticos mexicanos les encanta hablar y hablar y hablar sin tregua. Hay algunos que lo hacen a diario, pero sin aportar soluciones de fondo al problema de la inseguridad. Los datos nos alertan del deterioro evidente, más allá del rutinario y mentiroso bla, bla, bla de los políticos que no tienen ni ideas ni capacidad para enfrentar el reto de la pacificación del país. La solución por tanto no vendrá de ellos, sino de una renovada exigencia ciudadana que ponga a la crisis de seguridad en el centro del debate nacional. Basta ya de rollos interminables, queremos resultados.

Investigador del IIJ-UNAM. @MiguelCarbonell

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