La regresión constitucional

Miguel Carbonell

Es un manotazo en la mesa para liquidar la participación privada en el sector y abrir un rumbo de estatización

La iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico que fue presentada hace unos días por el Presidente de la República es extraordinariamente peligrosa. De ser aprobada en sus términos, significaría una vuelta enorme al pasado e implicaría un “cuello de botella constitucional” para el futuro del país, ya que estaría enviando un mensaje extraordinariamente negativo para quienes quisieran invertir en territorio nacional.

La iniciativa tiene detalles tan extraños como señalar un específico porcentaje de generación eléctrica que debe estar a cargo del Estado (el 54%, para ser precisos) y el resto podrá estar a cargo de los particulares (un 46%). ¿Podría el autor de la iniciativa o sus asesores indicarnos una sola Constitución en el mundo que se refiera a aspectos tan puntuales, más propios si acaso de una ley o quizá incluso de un reglamento, pero nunca de un texto constitucional?

Ya en diversos espacios se han señalado los afanes regresivos de la iniciativa al pretender borrar del mapa a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la absorción por parte de la CFE del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Se trata de órganos del Estado mexicano que han tenido y siguen teniendo un importante papel regulador de los mercados energéticos. Ahora López Obrador propone entregarle una plenitud de facultades (monopólicos, de hecho) a la CFE de Manuel Bartlett. La iniciativa propone que el Estado (es decir, el gobierno federal) tenga el monopolio en la explotación del litio. La idea puede sonar atractiva, pero se requiere de un análisis profundo y una discusión de expertos sobre su viabilidad, sobre sus alcances y sobre si se trata de algo positivo para el país. Los monopolios públicos, salvo excepciones obvias como la emisión de moneda, la administración de las aduanas o la defensa nacional, no suelen dar buenos resultados. Esta parte de la iniciativa parece más una ocurrencia que otra cosa.

La iniciativa propone la desaparición de los contratos de autoabasto, que habían dado buen resultado en ciertos sectores de la economía, a los que CFE no siempre les daba el servicio de calidad y a buen precio que requerían para ser competitivos internacionalmente.

En el artículo transitorio, segundo inciso A, la iniciativa literalmente dice: “Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan….”. Así de drástico, así de peligroso. Y el transitorio cuarto pone en clara subordinación al sector privado al señalar que: “La participación en la generación eléctrica del sector privado, se sujetará a la planeación y control de la Comisión Federal de Electricidad”: o sea, todos al servicio de Bartlett, por increíble que parezca. Esos artículos transitorios pueden tener rasgos expropiatorios (y en ningún lado se habla de asumir las correspondientes indemnizaciones) y evidentemente cancelan por mandato constitucional relaciones contractuales que tienen una vigencia determinada, lo cual pueden considerarse como una aplicación retroactiva de la norma.

La iniciativa pinta de cuerpo entero al gobierno y, en caso de ser aprobada, nos regresaría varias décadas hacia el pasado. Se trata de un manotazo en la mesa para liquidar la participación privada en el sector eléctrico y abrir un rumbo de estatización total de la energía en el país, incluso generando un costo mayor para los consumidores. Quizá quien puso su firma en la iniciativa no la leyó con cuidado o tal vez no ha entendido a cabalidad su alcance dado que no es experto en el tema, pero desde luego que la permitió y la está avalando. Su autoría real sin duda alguna proviene del sector radical del gobierno de la 4T y seguramente no será bien vista por personas más moderadas como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Tatiana Clouthier o Claudia Sheinbaum. La primera definición de la viabilidad de la iniciativa se dará al interior del gobierno, de forma expresa o solapada, teniendo la mirada puesta en lo que el próximo presidente o presidenta heredará al tomar posesión en 2024.

En su trámite ante el Congreso la decisión dependerá de los votos del PRI en ambas Cámaras. No será una decisión fácil para los integrantes de sus respectivos grupos parlamentarios

La sociedad civil deberá estar atenta a las definiciones que cada legislador tome, para no dejar impune un voto en contra del país, de la economía nacional y del futuro de la nación.

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.
@MiguelCarbonell

 

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