La justicia olvidada

Miguel Carbonell

Uno de los sectores más olvidados en el presente sexenio ha sido la justicia local, la que se imparte en las entidades federativas. Mientras que la justicia federal ha seguido un largo trayecto histórico de modernización, apuntalado recientemente por la reforma judicial de marzo y junio de 2021 que fue promovida por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en lo referente a la justicia del fuero común el tiempo parece haberse congelado.

Vaya, los legisladores del Congreso de la Unión ni siquiera han podido expedir la nueva regulación que está ordenada constitucionalmente para el proceso civil y familiar que les corresponde administrar precisamente a los juzgadores de cada entidad federativa. Es un síntoma más de la falta de talentos jurídicos y de liderazgos legislativos efectivos que ha caracterizado estos años. La mediocridad abunda, los resultados escasean.

Para millones de personas, sin embargo, del correcto funcionamiento de la justicia local dependen aspectos fundamentales de sus vidas. Es en ese primer contacto con el poder judicial en el que se decide si los hijos de un matrimonio que se acaba de disolver se van a quedar con uno o con otro de los cónyuges; es ahí donde se deben tramitar las cuestiones siempre urgentes del arrendamiento inmobiliario; son esos jueces y juezas las que resuelven los temas mercantiles que permiten que sobreviva un pequeño negocio o que terminan por hundir el barco de un emprendedor.

En términos generales, México lleva décadas de retraso en las inversiones que requiere la impartición de justicia. Aunque ciertamente la situación es muy variable dependiendo de la entidad federativa de que se trate, todas ellas presentan grandes áreas de oportunidad. Para empezar, los poderes judiciales locales cuentan con escasos apoyos presupuestales. En casi todos ellos los sueldos son bajos para los titulares juzgados y salas, pero incluso son todavía más bajos para su personal de apoyo.

Luego hay que remontar también la falta de actualización de sus equipos informáticos. En la justicia local se trabaja con computadoras obsoletas, en algunos de ellos se utilizan programas de software piratas porque no tienen dinero para comprar los originales (y en algunos casos los empleados compran de su propia bolsa los programas, con tal de tener adecuadas herramientas de trabajo). Cuando en plena pandemia se necesitó migrar a una impartición de justicia digital, implementando medidas de sobra conocidas en el derecho comparado como el expediente electrónico o la oficialía de partes digital, la mayor parte de los poderes judiciales enfrentaron graves dificultades para seguir el paso de los cambios requeridos. Hubo muchos juzgados cerrados durante meses y meses desde marzo de 2020.

Aparte del presupuesto y de la puesta al día de las herramientas tecnológicas, la justicia local requiere también un mejoramiento intensivo del personal que en ella trabaja. No es infrecuente leer sentencias y resoluciones con faltas de ortografía, con una fundamentación jurídica prácticamente nula y con escasos soportes argumentativos. Muchos funcionarios judiciales llevan a cabo una tramitación burocrática y superficial de los casos, sin entrar a su estudio profundo y detenido. Las personas afectadas solamente observan que pasan las semanas, los meses y hasta los años, sin que sus problemas reciban una respuesta integral y apegada a derecho. No son pocos los casos que se terminan abandonando por el cansancio de las partes y por la falta de atención de sus abogados.

Frente a esas carencias, y muchas otras que se podrían sumar, es obvio que la justicia local supone hoy en día un grave lastre para el país. México no podrá salir adelante y hacer frente a sus enormes problemas si no invierte más recursos financieros, de infraestructura y humanos en sus aparatos de justicia. Es obvio que el dinero escasea en todos los rubros y que la política de “austeridad republicana” ha supuesto un grave retroceso en áreas tan delicadas como la educación y la salud, pero también la justicia debe ocupar un lugar en la lista de pendientes del Estado mexicano.

Cuando se habla de invertir en justicia siempre pasan por delante otras prioridades, otras urgencias, otras cosas de mayor relieve. El resultado está a la vista: cientos de miles de expedientes atorados y sin resolución, pleitos que tardan años en ser resueltos, corrupción en algunos tribunales, personal rebasado por las cargas de trabajo y desmotivado por la falta hasta de espacios dignos para trabajar. Es momento de voltear a ver a la justicia local, la gran olvidada del debate que el país necesita con urgencia.

 

Abogado constitucionalista.

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