La hora de los abogados

Miguel Carbonell

Hay que recordarles a quienes gobiernan que la Constitución y las leyes no son de cumplimiento voluntario

En un país como México, caracterizado a lo largo de su historia por el persistente autoritarismo en todos los niveles de gobierno, por la permanente mutabilidad de las normas jurídicas y por una cultura popular ajena a las regulaciones propias del derecho, no ha sido fácil ser abogado. Pero quizá hoy todavía lo es menos.
 
La pandemia de coronavirus mantuvo con actividades marginales durante casi cinco meses a los poderes judiciales, pero los problemas que requieren la atención de los abogados no hicieron más que aumentar semana tras semana. Se multiplicaron las consultas sobre despidos injustificados, sobre salarios devengados y no pagados, sobre violencia doméstica, sobre divorcios, sobre la posible posposición del cumplimiento de obligaciones contractuales de carácter civil y mercantil y, de manera más reciente, sobre la regulación aplicable a las empresas que buscan la protección de las quiebras mercantiles. Y a eso hay que sumarle el trabajo cotidiano de los asuntos penales, civiles, mercantiles, familiares, sucesorios, corporativos, fiscales, etcétera, que tampoco se detuvieron del todo en estos meses.  

Frente a ese panorama tan complicado, los abogados deben dar lo mejor de sí, adaptándose a las necesidades de un entorno extraordinariamente volátil, en el que se requiere más que nunca de la certidumbre jurídica para tomar decisiones importantes en el ámbito de la vida privada de las personas, en el del trabajo e incluso en el público que corresponde a la todavía frágil democracia mexicana y al sistema constitucional que le da soporte. 

Las firmas de abogados no están exentas de quebrar (en Estados Unidos un estudio reciente afirma que antes de fin de año van a cerrar de manera temporal o definitiva un 20% de los despachos jurídicos) y a nivel anecdótico todos hemos escuchado historias sobre ajustes de plantilla, disminución de sueldos, eliminación de bonos, renegociación de igualas, etcétera, en el ámbito de los servicios profesionales en materia jurídica. 

La nueva realidad va a exigir mucho de los abogados. Para empezar, vamos a tener que adaptarnos al llamado teletrabajo, con todo lo que ello implica: ¿cómo conseguir clientes y promover nuestra firma de servicios jurídicos si trabajamos desde casa? ¿cómo hacer networking con colegas y posibles clientes? ¿cómo desahogar consultas a través de Zoom? ¿cómo tener éxito en las audiencias telemáticas que ya están funcionando a nivel federal y en algunas entidades federativas? Las reuniones de trabajo en el despacho se han sustituido por los diálogos digitales. La visita a las librerías se ha cambiado por los seminarios y conferencias a través de internet. Parece ser que la única oportunidad de convivir con los colegas es en la larga fila afuera de la sede de los tribunales que están retomando sus actividades. 

Lo anterior nos debe convocar a un enorme ejercicio de actualización. No se trata solamente de esforzarnos más, sino de hacer mejor nuestro trabajo. Digámoslo con todas sus letras: la abogacía en general le ha quedado a deber al país, tal como atinadamente lo dijo José Mario de la Garza Marroquín hace unos meses. Los abogados podemos y debemos hacer mucho más de lo que hemos hecho por México, a través de la profesionalización y la dignidad de nuestras tareas. 

Por ejemplo, debemos imaginar nuevas vías de defensa del patrimonio constitucional de México, que actualmente sigue estando bajo la amenaza de los poderes públicos, cuyos titulares no quieren obedecer las reglas jurídicas que protestaron respetar cuando tomaron posesión de sus cargos. Hay que recordarles a quienes nos gobiernan que la Constitución y las leyes no son de cumplimiento voluntario, sino de acatamiento obligatorio. En ello puede ayudar mucho la actuación decidida de los jueces, y en particular del Poder Judicial de la Federación, que tiene ante sí la responsabilidad histórica de decidir sobre miles y miles de juicios de amparo que a lo largo y ancho del país se han presentado para intentar frenar el autoritarismo del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales.  

Héctor Aguilar Camín en una colaboración periodística y la revista Nexos de este mes de agosto, nos han recordado la gran cantidad de leyes y actos pendientes de resolución por parte de la Suprema Corte. La tarea es inmensa. La posibilidad de hacer un trabajo de excelencia argumentativa es todavía mayor. Poco a poco, iremos viendo el desenlace. Pero de lo que no queda duda es que ser abogado en estos tiempos turbulentos es un privilegio y supone una grandiosa oportunidad de servir a los demás. No debemos olvidarlo nunca.    

Investigador del IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell 
www.centrocarbonell.online

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