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El futuro de la justicia

Miguel Carbonell

 

Cuando a partir del mes de marzo pasado se comenzaron a sentir los devastadores efectos de la pandemia en México, los tribunales federales y locales tomaron la muy sensata decisión de cerrar sus puertas y dejar abiertos unos servicios mínimos indispensables que pudieran atender solamente los casos urgentes. Han pasado muchos meses desde entonces y terminamos el año con una situación que no parece haber mejorado demasiado: al menos en la Ciudad de México, los tribunales se fueron al receso decembrino de forma anticipada y no se sabe en qué condiciones regresarán a sus labores en enero. 

En todo este tiempo, hemos dejado pasar una gran oportunidad para modernizar de manera urgente el servicio público de administración de justicia. Desde marzo se advirtió que la justicia no se podía ni debía detener de manera prolongada, porque los conflictos sociales tenían que ser atendidos sin demora. Pero fue relativamente poco lo que se hizo y ese poco además no siempre dio buenos resultados.  

Sería óptimo que en el 2021 hubiera un liderazgo unificado en materia de justicia para delinear el rumbo de las reformas posibles y las deseables, de forma que podamos arrancar el año con mejores perspectivas. El mejoramiento de la justicia mexicana requiere al menos lo siguiente: 

1. Un uso intensivo de las nuevas tecnologías, a fin de poder llevar a cabo el desahogo de actuaciones judiciales respetando la “sana distancia social” y sin que se ponga en riesgo la vida y la salud de los miles de personas que trabajan en el ámbito de la justicia. Esa meta requiere de fuertes inversiones en capacidades tecnológicas y una capacitación más moderna para los operadores jurídicos, pero el principal requisito para su éxito consiste en un cambio de mentalidad: debemos dejar atrás el paradigma de que todo debe constar en papel impreso y de que la presencialidad de los interesados es indispensable para poder impartir justicia; ninguna de estas dos cosas es cierta. 

2. Nuevas vías de acceso a la justicia para los grupos sociales más desaventajados. Hay que decirlo con todas sus letras: en México llevar asuntos ante la justicia es caro y se encuentra fuera del alcance de millones de familias que no pueden pagar ese precio. Algunos colegas abogados, abusando de la ingenuidad, dirán que es falso que la justicia sea cara, ya que su servicio es gratuito por mandato constitucional. En realidad todos sabemos que en la práctica ese objetivo es desmentido día tras día. Necesitamos una justicia más accesible y eso pasa a su vez por la cercanía geográfica de los tribunales, la desformalización de los procedimientos y un mucho más amplio servicio de defensoría pública. 

3. Esa misma defensa pública gratuita, que hasta ahora en buena medida se ha concentrado en la atención de casos en materia penal, se debe extender a otras ramas del derecho. Los defensores públicos deben desahogar consultas en materia familiar, civil, mercantil e incluso en materias mucho más innovadoras como propiedad intelectual, protección de consumidores, competencia económica o comercio exterior. Lo ideal sería una defensoría pública que permitiera emprender litigios de interés público en todos esos temas, eligiendo de manera selectiva los casos que pudieran tener un mayor impacto positivo en las comunidades del país. 

4. La justicia depende de dos partes al menos: los jueces y los abogados. No será mucho lo que se pueda hacer desde los tribunales, si los abogados no les llevan casos que estén bien planteados, que se apoyen en el material probatorio pertinente y que estén fundamentados en una excelente argumentación jurídica. Para ello necesitamos abogados mejor preparados, que cuenten con conocimientos actualizados, que dominen los procesos comunicativos de forma escrita y oral, que conozcan los precedentes judiciales aplicables a los casos que atienden, etcétera. La tarea pendiente para las escuelas y facultades de derecho del país es enorme. Hay algunas que con frecuencia repiten que son las mejores (o que lo fueron en el pasado, lo cual viene a ser un poco más acertado), pero lo cierto es que hay que demostrarlo en los hechos. Los discursos sobran; lo que necesita con urgencia el país son profesionales del derecho que tengan un desempeño de excelencia. 

Algunos de los cambios anteriores requieren de una decidida acción legislativa. Otros pasan por el ajuste de los planes de estudio o por la actualización de los profesores. Todos requieren de presupuesto suficiente. Nadie dijo que sea una tarea fácil, pero nadie duda tampoco de que es un desafío impostergable. 
 

 

Investigador del IIJ-UNAM.
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