En su última sesión antes de que lleguen los nuevos ministros, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se despide dejando una huella profunda en la propiedad intelectual (PI). Desde su conformación hace tres décadas, fue la sala que más asuntos resolvió en la materia y cuyas decisiones fortalecieron el sistema jurídico y la innovación en México.
En materia de patentes y marcas, sus resoluciones abarcaron desde la confirmación de la legitimidad del IMPI para impugnar sentencias que le afecten, hasta la compensación en el tiempo de vigencia de patentes —como en el caso Bayer— frente a retrasos injustificados en su concesión.
Puso orden en un debate que generaba incertidumbre a principios de siglo, al establecer que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sí aplicaba al IMPI. También resolvió que la ausencia de un mecanismo de oposición al registro de marcas, antes de su implementación en México, no violaba la Constitución.
La Sala dejó claro que cualquier persona puede ser titular de una marca registrada, no solo industriales, comerciantes o prestadores de servicios.
A mi juicio, una de sus resoluciones más trascendentes fue la relativa a las tarifas del IMPI. De haberse resuelto en sentido contrario, se habría trastocado el funcionamiento del sistema de PI en México. La Sala determinó que los ingresos por este concepto no son tributos, sino recursos propios destinados a fortalecer el patrimonio y la autonomía de gestión del Instituto. Este reconocimiento confirma lo que he sostenido no solo en esta columna, sino en mi actuar público y privado: al IMPI se le debe permitir usar los recursos que genera.
En derechos de autor, la Segunda Sala también dejó resoluciones de gran calado. Ponderó la libertad de expresión frente al derecho de autor para ordenar el bloqueo de sitios web infractores. Y en su reciente decisión sobre inteligencia artificial, alineó a México con las jurisdicciones que sostienen que solo una persona física puede ser autora, criterio que lo coloca en sintonía con países líderes en la materia.
Este legado se explica también por la calidad de sus integrantes. Entre ellos estuvieron ministros con formación judicial que forjaron la materia como magistrados —Genaro Góngora, Margarita Luna, Luis María Aguilar, Alberto Pérez, Norma Lucía Piña— y otros que mostraron especial interés y hasta cariño por la PI, como Javier Laynez. A todos ellos, gracias por su aportación a un campo estratégico.
Ahora, la barra está alta. La nueva Corte tiene la responsabilidad de mantener este nivel de especialización, más aún cuando tres de sus ministras provienen de la Segunda Sala. Esto representa una oportunidad para preservar y fortalecer el legado construido durante tres décadas.
Los pendientes no son menores. Está en análisis un asunto sobre el periodo de gracia para renovar registros marcarios que, de aprobarse como está, alteraría el sistema. También urge que se publique el engrose de la sentencia en materia de inteligencia artificial, con precisiones sobre el dominio público y la titularidad de las obras generadas por ella. Son temas que exigen atención pronta y técnicamente sólida para evitar retrocesos.
La PI no admite improvisaciones. Si queremos un sistema jurídico que impulse la innovación y proteja a quienes la hacen posible, la Corte debe seguir siendo un referente técnico y comprometido. La barra que deja la Segunda Sala es alta, y su ejemplo demuestra que la especialización y la visión estratégica pueden dejar huella en el desarrollo del país.
Especialista en propiedad intelectual y protección de innovación, socio de ECIJA México. X: @MA_Margain
